Dura crítica a política de drogas del gobierno de Gustavo Petro: le faltan estrategias

Este martes, desde El Tambo (Cauca) el gobierno de Gustavo Petro socializó públicamente su nueva política de drogas, titulada ‘Sembrando vida, desterramos el narcotráfico’, y que presenta un giro en el abordaje del tema pues parte de la premisa de dejar atrás la llamada guerra contra las drogas, que considera ineficaz.

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Esta política se conoció hace unas semanas y está dividida en ocho ejes que incluyen medidas dirigidas a eslabones que intervienen en la producción de drogas, pero también contiene lineamientos frente a salud y medioambiente.

Para la Fundación Ideas para la Paz (FIP) que elaboró un balance sobre la nueva estrategia, la política de drogas reconoce, como lo han hecho otros gobiernos, que la coca es un resultado de la ausencia de presencia del Estado y de una serie de vulnerabilidades, y propone una serie de actividades al respecto, pero por ahora, no deja muy claro cómo van a ejecutar esas medidas.

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“La política en términos de visión va andando, lo preocupante es cómo van a ejecutar esa política, uno ve que es más como una visión pero le falta claridad en las acciones”, consideró Ana María Rueda, coordinadora de la unidad de análisis e investigación de política de drogas de la FIP.

Más allá de que reconocen los esfuerzos que hizo el nuevo gobierno para tener lista su política, y la inclusión de nuevas ideas, la FIP parte de señalar que Colombia terminó el año pasado con el mayor número de hectáreas con coca en su historia, 230.000, y que en las zonas productoras de coca las expectativas de las comunidades y la demanda de respuestas urgentes por parte del Estado contrastan con un proceso de respuesta institucional que ha tomado más tiempo del esperado, así mismo, hay una diversificación de grupos armados que buscan expansión territorial y fortalecimiento económico.

De hecho, una de las preocupaciones de la Fundación es que hay un deterioro evidente de las condiciones de seguridad pero por ahora no se ve que la política de drogas y la de seguridad tengan una articulación real.

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“No vemos una articulación de las entidades en el proceso de formulación. El Minjusticia trabajó mucho para el documento, pero sobre seguridad solo hay una referencia a la política de seguridad y convivencia, sabemos que se deben articular pero no dicen cómo, eso tiene que ver con un tema de estrategias”, comentó Rueda.

En este tema el informe también habla de los enfoques de la nueva política en cuento a enfrentar el narcotráfico, pues reorienta la erradicación forzada a los cultivos de gran extensión y disminuye la represión contra los pequeños agricultores, sin embargo, frente a la erradicación ha habido un descenso, pues según datos del Ministerio de Defensa, que trae a colación la FIP, las hectáreas de coca erradicadas forzosamente pasaron de 103.257 en 2021 a 68.893 en 2022; y de enero a agosto de 2023, la reducción fue del 79 por ciento.

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Aunque estas son medidas que se señalan para enfrentar a los grupos criminales, sumadas a un esfuerzo mayor por subir las incautaciones de drogas, Rueda recalcó que “Priorizar la interdicción no es seguridad, eso es control al tráfico de drogas; seguridad es la de las personas en los territorios”.

De otra parte, la Fundación Ideas para la Paz hizo un llamado al Gobierno pues hoy en día tiene una ventana de oportunidad importante que no es posible prever hasta cuándo durará.

En ese sentido, Rueda puso sobre la mesa que desde hace meses se vive una crisis en varias regiones por el bajo precio de la coca así como una sobreoferta de la misma que ha hecho que para algunos campesinos cocaleros ya no sea un producto tan rentable.

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“Lo primero es entender que la relación del Gobierno con las familias cocaleras es muy difícil porque los incumplimientos que dejó el programa de sustitución dificultan que ese relacionamiento. No obstante, la crisis de la coca trae la oportunidad porque las familias que la sufren se quedaron sin este negocio y están más abiertos a otras opciones que les permitan su subsistencia”, comentó la investigadora.

Pero como en algún momento lo más posible es que los precios de la sustancia ilícita vuelvan a estabilizarse, es clave que el Gobierno actúe lo más pronto posible.

Sobre el trato diferencial a campesinos cultivadores la política de drogas plantea comenzar con unos pactos de contención con las familias, es decir, que se comprometan a no extender sus cultivos, mientras entra de lleno la sustitución, no obstante, Rueda subrayó que operativamente esto es difícil de hacer en todo el país, pues en los diferentes territorios hay distintas dinámicas.

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“No puedes hacer un pacto de contención si tienes a un actor armado encima. Nada es homogéneo. La política no dice dónde, cómo, o con qué dinero se hará esto”, recalcó.

Finalmente, la FIP puso sobre la mesa que si bien buscar la regulación de usos no psicoactivos de la coca puede ser una opción para transitar hacia la economía legal, para esto aún falta mucho tiempo pues se requiere mucha investigación y, en todo caso, se requiere que haya mercados para estos productos que hoy en día no existen en la magnitud que se requeriría.

“Los usos industriales o alternativos tienen los mismos desafíos que cualquier otro producto, con el desafío adicional del estigma. Tendrías que buscarle mercado a ese producto (...) El riesgo con los usos industriales es hacer viable económicamente un proyecto de estos, tiene los mismos desafíos que cualquier otro producto”, concluyó.

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