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Pese a millonaria inversión entre 2018 y 2022, inseguridad no dio tregua: Contraloría
Estudio sugiere revisión integral de la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana.
El fletero no se pudo llevar el dinero. Foto: Captura de video
Aunque en los últimos cuatro años, entre 2018 y 2022, se asignaron para combatir la inseguridad más de 220 billones de pesos, la inseguridad siguió teniendo altos niveles, de acuerdo con un estudio de la Contraloría General que analizó la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana definida en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
El estudio sostiene que persisten factores estructurales como la pobreza, la desigualdad y la falta de presencia estatal integral, y subraya que existe una relación entre pobreza y seguridad.
“Es evidente que el aumento del presupuesto destinado a Defensa y Policía, especialmente en el rubro de inversión, de casi el 40 por ciento entre 2018 y 2022, no parece haber generado una reducción significativa en las conductas delictivas, ni en el cumplimiento de los objetivos de la política durante el periodo analizado”, sostuvo la Contraloría en un comunicado de prensa.
Edificio de la Contraloría. Foto:Milton Diaz / El Tiempo
El análisis recalca que los indicadores de seguridad variaron significativamente durante la pandemia, cuando hubo una mejora sustancial en las condiciones de seguridad en la mayoría de los municipios.
Pero cuando se levantaron las restricciones que estuvieron vigentes durante la contingencia “se produjo un aumento en el indicador inseguridad, lo que constituyó un empeoramiento de la seguridad en varios lugares del país, como Quibdó (Chocó), Tame (Arauca), Valdivia (Antioquia) y Puerto Lleras (Meta), entre otros”, expuso el órgano de control.
Entre las conclusiones del estudio se advierte que hay una falta de correspondencia entre el aumento del presupuesto destinado a Defensa y Policía y la poca reducción de las conductas delictivas.
Además, se recomienda abordar la seguridad ciudadana desde una perspectiva de seguridad humana, “teniendo en cuenta los desafíos estructurales que enfrenta Colombia en materia de violencia e inseguridad, mediante la promoción de la justicia social y la reducción de la desigualdad como elementos esenciales para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”.
Finalmente, se recomendó una revisión integral de la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, para evaluar su efectividad e identificar posibles deficiencias de planeación y ejecución de las inversiones relacionadas con la seguridad ciudadana.