Nicolás Maduro, la recompensa de US$ 25 millones y las Farc / Análisis

Los 25 millones de dólares –108.000 millones de pesos, mal contados– que la justicia de los Estados Unidos ofrece por la cabeza de Nicolás Maduro, el dictador que pretende perpetuarse en el poder en Venezuela, están directamente relacionados con un capítulo del crimen y la guerra en Colombia sobre el que ni la JEP ni la justicia ordinaria siquiera han intentado avanzar.

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Mientras los máximos jefes de las antiguas Farc, agrupados ahora en Comunes, hacen público un polémico comunicado en el que expresan su “respaldo a la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro” y condenan el que llaman “nefasto papel injerencista” de los expresidentes latinoamericanos que exigen el regreso de la democracia en Venezuela, llevan años callando sobre los alcances de sus nexos y negocios de narcotráfico con el chavismo a lo largo de los últimos 25 años. Lo más grave, sin que ninguna autoridad en Colombia los haya apurado para cumplir cabalmente el compromiso de verdad plena a cambio de las leves sanciones acordadas en La Habana.

Lo que dice el expediente de la justicia federal –que cobija a todo el sanedrín del chavismo, empezando por el oscuro Diosdado Cabello, otro capo de US$ 25 millones– es que la camarilla que manda en Venezuela desde 1999 se unió con los principales jefes de las Farc para obtener decenas de millones de dólares de un cartel que movía (y sigue moviendo) negocios de corrupción, tráfico de cocaína, venta de armas y otras actividades criminales.

La protección del régimen a las actividades de narcoterrorismo –que hoy se mantiene con el Eln y la banda de alias Iván Márquez– está documentada en el voluminoso proceso del ‘cartel de los Soles’, que incluye pruebas de envíos de cocaína de las Farc, incluso desde el aeropuerto de Maiquetía, y la entrega de material de guerra venezolano que fue utilizado por esa guerrilla para atacar en Colombia.

¿Y qué han hecho las autoridades colombianas para investigar este capítulo internacional de la ‘Farolítica’? Muy poco. Esto, a pesar de que jefes de esa guerrilla como Rodrigo Granda y Andrés París hablaron ante la Comisión de la Verdad del apoyo, e incluso plata, de las Farc a Chávez desde antes de que llegara al Palacio de Miraflores, y de las pruebas claras que había en los computadores de ‘Raúl Reyes’, que en su momento, en una controvertida decisión, la Corte Suprema se negó a reconocer como prueba.

La JEP sostiene que su mandato no incluye esclarecer los apoyos internacionales de las Farc, a pesar de que precisamente esos apoyos explican en buena medida, como pasa aún con el Eln, por qué la guerra en el país ha pervivido en las últimas décadas. La fiscalía de Adriana Camargo tiene la oportunidad –y la obligación– de hacer aparecer la verdad en todos esos capítulos que no son del interés de la JEP. 

Establecer, sin anteojeras ideológicas, quiénes fueron todos los ‘terceros’, incluso internacionales, que atizaron el incendio de la guerra en Colombia es una deuda que tanto la justicia transicional como la ordinaria siguen sin honrar.

JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En X: @JhonTorresET