Buriticá, el pueblo que paga diezmo a las Agc por extraer oro

Buriticá, municipio del occidente antioqueño, acaba de celebrar sus fiestas patronales dedicadas a San Antonio, y recientemente se ha mencionado no solo por la tradicional celebración, sino por varias autoridades que se encuentran preocupadas por la difícil situación de orden público que se vive en la región por cuenta de amenazas a la actividad minera.

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De los hostigamientos e intimidaciones en uno de los lugares más ricos en oro en Colombia (como lo es Buriticá), según conoció este diario, no están exentos ni quienes se dedican a la extracción del metal por la vía legal ni quienes lo hacen informalmente.

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El hecho más reciente se registró el 30 de mayo, cuando fue quemado un camión mixer de la multinacional Zijin-Continental Gold, una de las más grandes del continente.

Eso se sumó al ataque en el que murieron, el 17 de mayo, dos colaboradores de dicha empresa, y 14 personas más resultaron heridas por cuenta de un cilindro bomba que fue activado a la entrada del túnel Higabra; el atentado generó el repudio del gremio y el compromiso de las autoridades para investigar lo sucedido.

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El encuentro más reciente para analizar la situación fue el 16 de junio, cuando funcionarios del Ministerio del Interior viajaron hasta la zona para verificar el estado de los socavones afectados que están a cargo de la empresa, tarea a la que se sumaron de la Gobernación de Antioquia, el Ejército Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Agencia Nacional Minera.

“Desde el Ministerio del Interior participamos en la citación de la Procuraduría para atender de manera prioritaria la situación sociominera que vive el municipio de Buriticá, Antioquia, en la mina Zijin-Continental Gold” fue el mensaje en Twitter de la dependencia del Gobierno Nacional.

En Buriticá, la labor de extracción funciona tanto con títulos mineros que tienen empresas como la Zijin-Continental Gold como con miles de personas que trabajan en la informalidad y que se disputan la exploración de un terreno del que nadie duda que, literalmente, es una gigantesca veta de oro que en los últimos años desató un problema de orden público y social.

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En esta zona, de acuerdo con relatos de quienes la conocen, delinque con fuerte presencia un grupo al margen de la ley que sería las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Agc), conocido como ‘clan del Golfo’.

Esta organización, bajo el mando de alias Javier o ‘Chiquito Malo’, es la que estaría detrás de afectaciones y del famoso ‘diezmo’, la cuota que pagan algunos mineros informales para poder trabajar la explotación aurífera en varias montañas del pueblo.

El diezmo equivale al 10 por ciento de lo que consigan en sus jornadas, las cuales varían dependiendo del día.

Lo cierto es que los miles de personas informales que están dedicadas a esta actividad han abogado desde hace al menos siete años por obtener una formalización que les permita operar de manera legal, tal como lo hace la Zijin-Continental Gold, empresa que posee los permisos para extraer oro, pero que vive varias problemáticas porque a la par de las disputas con informales que se han metido a los túneles que maneja la empresa están también los ataques de grupos ilegales.

De hecho, esta empresa fue inaugurada en octubre de 2020 como el proyecto subterráneo más grande en el país para buscar oro (37,5 kilómetros de túneles), y se estima que produce hasta 240.000 onzas de oro por año.

Por eso, parte la disputa de los ilegales por la extracción del metal ya que el Banco de la República paga 245.000 pesos por gramo.

La situación ha sido expuesta por autoridades de índole regional y nacional. Dos de quienes han lanzado las alertas al Ejecutivo y la Fuerza Pública son el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien condenó el ataque con cilindro bomba y ofreció 50 millones de pesos por información que lleve a los responsables.

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Así también lo ha explicado la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, quien antes del recorrido del Ministerio del Interior por los socavones indicó que “en Buriticá, desde hace muchos meses, hay una fuerte presencia del ‘clan del Golfo’, quienes están liderando la explotación minera, dejando de lado la explotación legal”.

A la par de ello, la semana pasada, la preocupación fue transmitida por voceros de la multinacional al gobierno del presidente Gustavo Petro. En una reunión con el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Coy, el 13 de junio se tocó el tema y se concluyó que se acudirá a las instancias necesarias para buscarle una salida definitiva a la problemática.

EL TIEMPO dialogó con una persona de la zona, quien afirmó que el grupo ilegal que tiene amplia presencia en Buriticá “sí deja trabajar, y el Estado no. El Estado no hace un acompañamiento al minero para capacitarlo y hacer una minería limpia”.

Con sus palabras quiso dejar claro que no está a favor de la delincuencia, pero sí de que las autoridades fortalezcan su trabajo con quienes laboran de manera informal.

En la zona, cuentan, no todos los integrantes de la red ilegal de ‘Javier’ o ‘Chiquito Malo’ andan armados.

Vestidos de civil se dedican a coordinar las rentas que les deja el llamado diezmo del 10 por ciento, que se convierte en 15 por ciento para quienes se logran meter bajo tierra en los predios manejados por la Zijin-Continental.

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Los informales luchan por extraer al día un tomín, que son dos reales de oro (12 gramos), sobre esa ganancia es que se paga el “impuesto o diezmo” a los ilegales.

Allá abajo (en los socavones y túneles), la guerra se libra a otro precio, pues se habla de constantes enfrentamientos con tiros y artefactos explosivos desde la red ilegal contra trabajadores formalizados y la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo de la Policía Nacional.

A esta situación se le suman los paros de mineros en los últimos años, en especial en Antioquia, para conseguir titulaciones y un trabajo formal que les permita a miles de personas no estar presionadas por el ‘clan del Golfo’, el cual pone las reglas en la zona y dice cómo se trabaja y las consecuencias de no hacerlo. Eso sí, una persona advirtió que no deben confundirse a mineros con quienes integran grupos ilegales, pues lo que hacen estos últimos es sacar provecho de su fuerza para lucrarse del negocio.

Las Agc buscan el control de la extracción de oro en Antioquia a través de la subestructura ‘Uldar Cardona’, al mando de José Miguel Demoya, alias Chirimoya, a quien las autoridades señalan de haber estado tras los actos terroristas del denominado paro minero que se desarrollo entre febrero y marzo en el Bajo Cauca antioqueño.

De hecho, por esa situación, el presidente Gustavo Petro suspendió el cese del fuego con las Agc, catalogadas como grupo armado organizado.

En Chocó buscan expandirse en Istmina, Novita y Murindó, donde a la vez libran una guerra territorial (en otras zonas del departamento) con el Eln por el control de las rutas para sacar la cocaína.

Yucelly Rincón, defensora del Pueblo en Antioquia, le contó a este medio que la entidad desplegó un seguimiento continuo a esta situación de orden público, y que las personas no suelen denunciar ante las autoridades judiciales —como la Fiscalía— por miedo a represalias. De hecho, la Defensoría no tiene formalmente reportes por presencia de grupos ilegales, aunque Rincón hizo hincapié en que puede ser por temor de la comunidad.

Por su parte, el procurador delegado para asuntos ambientales, Gustavo Guerrero, comentó que la entidad trabaja en que “se puedan brindar canales eventualmente para que esta población pudiera salir y eventualmente encontrar respuestas a través de procesos de formalización”, pues ya se sumaron otros factores como la llegada a Buriticá de migrantes que quieren trabajar en minería.

Además, Guerrero anotó, así como la defensora, que hay que hacer “una caracterización para conocer realmente quiénes son mineros ancestrales o tradicionales, quiénes definitivamente son ilegales y quiénes están instrumentalizados por grupos al margen de la ley”.

En caso de que no se llegue a una salida, el órgano de control está pendiente para tomar medidas en contra de todos los funcionarios públicos implicados en la eventual omisión de medidas, a nivel local, departamental y nacional.

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El riesgo, además de que se acreciente la violencia en el municipio antioqueño, es que la Zijin-Continental Gold ha reiterado en un par de ocasiones que si no se toman las medidas correspondientes, está en riesgo la continuidad de sus operaciones en el país, el cual aún recibe dinero de este sector.

La Fuerza Pública incrementó su presencia y controles en la zona para tratar de neutralizar nuevas acciones terroristas.

El ejemplo más reciente de multinacionales que piden cesar sus funciones se vio en Los Pozos, San Vicente del Caguán, donde la petrolera Emerald Energy pidió la cancelación del contrato tras actos en contra de sus trabajadores y la infraestructura.

CARLOS LÓPEZ

Redacción Justicia

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