Los otros proyectos del Gobierno a los que no les paramos bolas / Análisis

Concentrado como ha estado el país en el avance –y las polémicas– de la reforma tributaria y la paz total, los dos proyectos bandera del gobierno Petro en su arranque, ha habido hasta ahora poca discusión sobre un paquete de reformas que ha venido planteando Néstor Osuna, el ministro de Justicia.

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Y no son temas de trámite. Tres meses después de asumir el timón, el Gobierno no ha hecho el primer anuncio encaminado a tratar de combatir, vía legal, la inseguridad que asuela a los colombianos en pueblos y ciudades. Y aunque ya le estalló el primer escándalo del Inpec, tampoco se ha asomado ningún plan serio para resolver de fondo el problema endémico de corrupción y desgobierno en el cuerpo de guardia que custodia las cárceles.

Pero Osuna ha sido prolífico en propuestas, especialmente las tendientes a cambiar lo que el Gobierno considera ‘exceso de punitividad’ en el país. Una de las últimas es eliminar la tipificación de terrorismo en los casos enmarcados en la protesta social, que estaba cantada desde la campaña, pero a la que unió otra tendiente a eliminar también el concierto para delinquir del arsenal de los fiscales que procesan a los que usan la violencia en medio de las protestas legítimas.

En aras de la discusión, es posible –no excusable– que alguien cometa actos graves en el calor de los enfrentamientos, lo que no necesariamente implica que tenga fines terroristas. Pero sí termina forzando la inteligencia jurídica el pretender que si dos o más personas se reúnen para juntar intenciones y recursos con el fin de violar la ley, eso no se llama concierto para delinquir. Una cosa es una protesta salida de manos –de nuevo, no excusable–, pero otra, muy diferente, que los desmanes y la destrucción de bienes públicos y privados sean producto de un plan bien orquestado previamente. El Gobierno debería analizar profundamente y atender las voces de todos los sectores antes de tratar de borrar del mapa una herramienta útil para sacar de las calles –porque agrava su situación jurídica– a los vándalos profesionales que tanto daño le han hecho y le hacen a la protesta legítima y democrática.

Osuna también plantea devolverle a la jurisdicción disciplinaria la facultad de fallar tutelas, que la reforma de equilibrio de poderes eliminó en 2015 precisamente porque la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, afortunadamente ya desaparecida, se convirtió en una fuente de tutelas impresentables que la Corte Constitucional tuvo que atajar muchas veces.

Ojalá frente a estos y otros proyectos que deben llegar al Congreso en los próximos meses y semanas –una nueva reforma de la Procuraduría, entre ellos– lo que prime sea el debate técnico, responsable y democrático y no la aplanadora.

JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET