Estos son los beneficios que otorgará la Fiscalía al 'cerebro' del escándalo de corrupción de Centros Poblados

EL TIEMPO accedió a la resolución de la fiscal general Luz Adriana Camargo que aprueba un principio de oportunidad a favor de Juan Carlos Cáceres, exrepresentante de una de las empresas que integró la Unión Temporal Centros Poblados, conglomerado que en el año 2021, durante el gobierno de Iván Duque, obtuvo de manera fraudulenta un contrato por un billón de pesos ($1.072.552.301.475) para la conectividad de las escuelas rurales, apropiándose de 70 mil millones de pesos que el Ministerio de las TIC pagó como anticipo.

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La Fiscalía informó en un breve comunicado que el señor Cáceres, dueño de la empresa Nuovo Security LLC y quien controlaba, junto a Emilio Tapia, a todas las empresas de la UT Centros Poblados -ICM Ingenieros, Intec de la Costa, Novotic y Omega Building SAS-, recibirá la suspensión parcial de la acción penal por el delito de peculado y deberá devolver 9.062 millones de pesos del dinero que se apropió del anticipo del contrato -aunque ya devolvió $3.302 millones-.

El documento en poder de El TIEMPO advierte que Cáceres, acusado en enero de 2023 por peculado por apropiación, recibirá inmunidad total de la Fiscalía por ese caso concreto por el término de un año, comprometiéndose a pagar el dinero que se apropió más $1.500.000.000 adicionales como medida de reparación al Ministerio de las TIC. También se comprometió a actuar como testigo en los procesos que cursan contra Emilio Tapia y dos de los investigados por el caso Centros Poblados. 

De acuerdo al documento, Cáceres deberá declarar contra el exrepresentante legal que él y Tapia pusieron en la UT Centros Poblados: Luis Fernando Duque. También contra Otomar Lascarro, de quien se dice en la resolución que era el dueño de las firmas Intec de la Costa y Omega Building "a través de terceros" y que "a cambio de dinero aceptó que sus empresas hicieran parte de la UT cuando en realidad no iban a tener ningún tipo de participación e la ejecución del contrato". Y deberá declarar contra Emilio Tapia, quien le pagó a Lascarro por poner a sus empresas en el negocio. Tapia conoce a Lascarro a través de Juan José Laverde, representante de Rave Seguros. 

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En el documento del principio de oportunidad también se advierte que a través de una empresa manejada por Lascarro, OLT Logistic, se hicieron giros a Juan José Laverde, quien fue el primer condenado por el caso de Centros Poblados y quien se encargó de conseguir una póliza falsa que respaldó la oferta económica que presentó  la Unión Temporal ante el Ministerio de las Tic, para ese entonces dirigido por Karen Abudinem.

Según se advierte en el documento, Cáceres controló a todas las empresas que hicieron parte de la Unión Temporal en coordinación con el condenado empresario Emilio Tapia. Ambos se apropiaron de $15.244.952.946 que les entregó Luis Fernando Duque del anticipo que el Ministerio de las Tic pagó por el contrato. Los 70 mil millones del anticipo fueron girados a las empresas Nuovo Security LLC e Inselsa.

Se acreditó que Cáceres compró, a través de Nuovo Security LLC, "un apartamento, un vehículo, realizó préstamos a terceros y efectuó gastos personales no relacionados con el anticipo". Todo por $7.155.518.737. También realizó pagos de préstamos personales y a terceros por $1.906.783.166, a través de la empresa Inselsa.

De Emilio Tapia se dice que compró "vehículos, obra de arte, horas de vuelo, pago a terceros y préstamos personales" por $4.550.303.578. Tapia también gastó 513 millones de pesos en pagos a abogados.

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Según la resolución de la fiscal Luz Adriana Camargo que aprueba el principio de oportunidad a favor de Cáceres, él se quedó con la mayor 'tajada' de los dineros que se repartieron del anticipo. Cáceres se quedó con $9.062.301.903, Emilio Tapia con $5.063,623.890, Otomar Lascarro con $927.127.041 y Juan José Laverde con $186.739.959.

El 24 de junio de 2024, Juan Carlos Cáceres Bayona entregó una matriz de colaboración a la Fiscalía en los siguientes términos. 

Sobre Tapia asegura: "El testigo y el señor Emilio Jose (sic) Tapia Aldana, dispusieron del dinero del anticipo, tanto para compras de equipos y elementos objeto del contrato, como para otras destinaciones que no correspondían al mismo, como préstamos para respaldar patrimonialmente las empresas que conformaban la Unión temporal, pago de honorarios a abogados, y gastos personales".

"El señor Luis Fernando Duque como representante legal de la UT Centros poblados Colombia 2020, autorizó el manejo del dinero del anticipo a través de Emilio Tapia y el testigo, no solo para el cumplimiento del contrato sino para otros gastos que no correspondían al objeto del anticipo" , agrega la matriz.

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"El señor Lascarro Torres como propietario a través de terceros de las empresas Omega Building e Intec de la Costa, aceptó vender la experiencia a Emilio Tapia, sin que estas empresas realizaran alguna actividad en el desarrollo del contrato (...) el testigo Cáceres Bayona declarara (sic) únicamente respecto del giro que realizo (sic) desde la cuenta de su empresa Nuovo Security LLC en Estados Unidos a la cuenta de la empresa de Ottomar Lascarro de nombre OLT por US300.000, por orden de Emilio Tapia", agrega la matriz de colaboración.

La fiscal Luz Adriana Camargo advierte que la colaboración de Cáceres Bayona resulta "relevante para poder llevar a buen término los respectivos juicios orales ya que tiene información detallada y precisa con la cual no contaba la Fiscalía General de la Nación cuando el aspirante decidió presentarse de manera voluntaria ante las autoridades, solicitó ser escuchado en interrogatorio y colaboró con la istración de justicia". 

"El ente investigador solo tenía conocimiento de lo relacionado con las irregularidades de las garantías de seriedad de la oferta y las respectivas pólizas que se habían emitido pero no del manejo inadecuado de los dineros del contrato 1043 del año 2020", agrega el documento.

La fiscal Camargo aclara que la posible inversión que sí realizó en equipos la UT Centros Poblados fue de 62 mil millones de pesos. También destacó que funcionarios del Ministerio de las TIC fueron inducidos a error por todas las maniobras fraudulentas desplegadas.

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia