Los caminos legales que tiene el presidente Gustavo Petro para tratar de frenar el proceso del CNE contra su campaña

En medio del revuelo que causó la decisión del Consejo Nacional Electoral de abrir una investigación formal en contra de la campaña del presidente Petro y sus principales cabezas, que el jefe de Estado ha calificado como el inicio del supuesto 'golpe blando' en su contra, son varios los caminos legales que tiene la defensa de la cúpula de la campaña Petro Presidente para tratar de revertir el curso de ese proceso. 

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Para el abogado Ramiro Bejarano el primer recurso es acudir con las defensas legales directamente al CNE. “Es insólito que estén pensando en ir a instancias internacionales y utilizar tutelas cuando se tienen todas las acciones legales para enmendar errores. La sola interposición de las defensas legales ante el Consejo Nacional Electoral le pueden ahorrar al país la vergüenza de una asamblea permanente y la movilización en las calles”, aseguró.

Una opinión que concuerda con Bejarano es la del jurista Alfredo Beltrán, quien asegura que, como hasta ahora está el pliego de cargos, "este deberá trasladarse a cada uno de los implicados y las defensas tendrán la oportunidad de contestar en un plazo de 15 días pidiendo pruebas y sobre estas hacer alegatos de conclusión, que es una persuasión que hacen los abogados, antes de que finalmente el CNE tome una decisión: sancionar o no al Presidente y a los cuatro alfiles de su campaña".

Otro camino es interponer una tutela, que es el recurso que ya está adelantando la defensa del Presidente, que alega la protección de su fuero y la caducidad del proceso, en primera instancia ante el Consejo de Estado. Pero si fuera negada, se impugnaría ante la Corte Constitucional, quien tendría la última palabra.

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“Frente al pliego de cargos que abrió el CNE, eventualmente, la defensa también podría poner una tutela, que se terminaría tramitando ante la Corte Constitucional, que muy probablemente la escogerá por la importancia que tiene. Es un proceso que tardaría más o menos 5 meses”, asegura el abogado Hollman Ibañez.

Sin embargo, si el CNE termina tomando una decisión adversa al Presidente y los de su campaña, se abriría otra posibilidad: ellos podrían acudir de nuevo al Consejo de Estado, impugnando esta decisión para que se revoque.

“Sería una demanda de nulidad y restablecimiento de derechos ante esta alta Corte y, en caso de fallarse a su favor, se revocaría el acto istrativo del CNE”, dijo el jurista Yefferson Dueñas. 

Y en ese escenario, el de una demanda contra el proceso del CNE, no se descarta un escenario que en el pasado benefició a Gustavo Petro, en su condición de alcalde de Bogotá sancionado por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez: la interposición de medidas cautelares para suspender los efectos de cualquier actuación del CNE mientras el Consejo decide de fondo. 

Ahora, algunos abogados se han planteado también un conflicto de jurisdicción. “Si la Comisión de Acusaciones de la Cámara y el CNE se disputan la acusación, por la competencia en razón del fuero integral del Presidente, ¿ese conflicto quién lo resuelve?”, se cuestiona el abogado Beltrán. Una situación en la que terminaría interviniendo la Corte Constitucional.

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Y un último camino sería llevar al caso ante las instancias internacionales, una vía que ya ha estado abonando el mandatario. “Tendremos que ir al mundo a ver si nos dan socorro, porque aquí no lo encontramos”, dijo el Presidente, a propósito de la formulación del pliego de cargos del CNE y la negación de nulidad que dio el Consejo de Estado sobre las competencias del órgano electoral para investigarlo.

Llevar el caso al Sistema Interamericano fue uno de los recursos que utilizó cuando siendo alcalde de Bogotá fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría de Alejandro Ordoñez. La CIDH terminó fallando a su favor, argumentando que la inhabilidad para ejercer cargos públicos solo puede surgir por una condena de un juez penal, más no por sanciones istrativas o fiscales.

Sin embargo, para el internacionalista Camilo González, es muy difícil que la demanda proceda, porque la eventual decisión del CNE de sancionarlo no estaría vulnerando sus derechos políticos.

“Si bien el CNE es una entidad istrativa, no está vulnerando los derechos del Presidente porque lo máximo que puede hacer es ponerle una multa. Ya si el caso escala a la Comisión de Acusaciones, esta decisión estaría amparada por una entidad de elección popular", dijo. 

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Otro asunto que está por verse es hasta donde el Sistema Interamericano, que ya en el pasado ha protegido los derechos de Petro, le compra la tesis que la sola investigación de un órgano istrativo -que no puede sancionarlo ni imponerle restricciones a sus derechos políticos- encaja en su definición de violación al famoso Artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Y en el trasfondo de todos estos posibles movimientos jurídicos ronda la figura de la prescripción, pues de acuerdo con los tiempos de las investigaciones del CNE el caso de la campaña Petro 2022 prescribiría el 29 de junio del 2025 si antes no se ha producido una decisión de fondo en primera instancia. 

Así, los tiempos incluso en el Consejo Nacional Electoral se ven apretados para que el proceso contra la campaña por la presunta violación de topes avance a instancias definitorias, mucho más si la defensa interpone los recursos, todos ordinarios y existentes en la legislación actual, a que tiene derecho. 

SARA VALENTINA QUEVEDO

Redacción Justicia