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Las razones de la Procuraduría para solicitar tumbar cuatro decretos de conmoción interior en el Catatumbo

La petición fue elevada por el jefe del Ministerio Público, Gregorio Eljach.

Pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 0135 de 2025 por fallas en su firma.

Gregorio Eljach, procurador General. Foto: Cortesía

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Juan Diego Torres Lasso

05.05.2025 21:16 Actualizado: 05.05.2025 21:55

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La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar inconstitucionales cuatro decretos expedidos por el Gobierno en el marco de la conmoción interior decretada para la región del Catatumbo.

En concepto enviado a la Corte, el procurador general, Gregorio Eljach, señaló que los decretos —expedidos el 5 de febrero de 2025— presentan un vicio de forma que los invalida. Aunque los documentos fueron firmados el 4 de febrero, en la fecha oficial de su expedición quienes los suscribieron ya no ejercían funciones ministeriales.

El funcionario explicó que el entonces ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, se encontraba de permiso remunerado desde el 5 de febrero, y que Polivio Rosales, encargado temporalmente como jefe de la cartera de Agricultura, ya había dejado de ser ministro desde el día 4. Por lo tanto, quien debía firmar en nombre del Ministerio de Agricultura era la ministra titular, Martha Carvajalino.

Las razones de la Procuraduría para tumbar cuatro decretos de conmoción interior en el Catatumbo — La solicitud de la Procuraduría para tumbar cuatro decretos de conmoción interior en el Catatumbo. Foto:archivo particular

“El desconocimiento del requisito formal de suscripción conlleva la inconstitucionalidad de los decretos”, afirmó Eljach, y recalcó que estas irregularidades no pueden ser ignoradas por el alto tribunal.

Los decretos cuestionados abarcan temas claves para atender la crisis humanitaria en el Catatumbo. Entre ellos, el Decreto 131, que regula el uso de recursos de regalías; el 133, que habilita medidas TIC para operaciones de socorro; el 135, que permite reorientar presupuestos territoriales; y el 137, que establece acciones de protección a comunidades vulnerables.

La Procuraduría pidió que, en caso de que la Corte no encuentre fundamentos para declarar su inconstitucionalidad formal, el decreto sea avalado por su contenido de fondo, que considera ajustado a derecho y necesario frente a la situación de excepción.

Redacción Justicia

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