Procuraduría indaga caso de menor que se suicidó tras detención

Este viernes, el país amaneció con la noticia de la muerte, en circunstancias que verifica Medicina Legal, de una menor de edad de 17 años de edad que, un día antes, había denunciado que fue agredida sexualmente por cuatro policías cuando fue detenida en las manifestaciones del paro nacional en Popayán, Cauca. 

Según las primeras versiones, la muerte de la menor de edad habría sido un suicidio.

Aunque la Policía, desde la noche del jueves, salió a calificar la denuncia como falsa, las autoridades competentes ya adelantan las investigaciones del caso. 

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Este viernes la Procuraduría abrió una indagación preliminar contra policías por establecer "por la presunta retención y agresión sexual a una menor de 17 años, dentro de las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI)".

Además, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, designó como funcionario especial para llevar este proceso disciplinario a la Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial.

"A través de las delegadas para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, Ministerio Público para Asuntos Penales, la Procuraduría velará por la defensa, protección y garantía del debido proceso, la celeridad de las actuaciones, y los derechos de las víctimas, todo en el marco de la búsqueda de la verdad material", manifestó el Ministerio Público.

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De otro lado, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales del órgano de control ordenó la práctica de pruebas para establecer la identidad de los presuntos autores de la conducta, determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, obtener pruebas y valorar la procedencia de la investigación.

Por su parte, la Fiscalía informó que un fiscal especializado en niñez y género lidera un equipo de fiscales que viajaron desde Bogotá a Popayán para esclarecer "los hechos ocurridos con una menor de edad por presunta agresión sexual y su posterior muerte".

El ente acusado detalló que el grupo de fiscales cuenta con funcionarios especializados en derechos humanos y DIH, así como un fiscal de la Unidad de Vida, investigadores del CTI y médicos legistas de Medicina Legal que adelantan los actos urgentes.

"Entretanto, se desarrollan las actividades técnico–científicas y forenses, dentro de lo establecido en el Protocolo de Minnesota, pertinentes; así como la recolección de evidencia física, elementos materiales probatorios y muestras biológicas, con el propósito de determinar la existencia o no del ilícito de agresión sexual, así como la causa de muerte", señaló la institución. 

Martha Mancera, vicefiscal general de la Nación, añadió que se ordenó realizar una "autopsia psicológica, que será importante para poder rodear el contexto en el que ocurrieron estos hechos. La Fiscalía se dispuso del mejor personal experto en derechos humanos y en los próximos días lograremos establecer por lo menos las circunstancias en las que murió la joven", explicó. 

La alcaldía de Popayán informó que, según los reportes que tienen, la menor fue puesta a disposición de la URI de la Fiscalía en la noche del jueves y estuvo acompañada por policías de Infancia y Adolescencia antes de ser "entregada a su abuela, de acuerdo con la minuta de ingreso y salida de la URI".

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La Policía, por su lado, se sostiene en su versión de que esto es un "vil y ruin" ataque a la institución y que no hubo ninguna agresión sexual. 

El brigadier general Ricardo Augusto Alarcón, comandante de la Región de Policía 4, señaló en un video que la joven nunca fue llevada a instalaciones de la Policía y negó tajantemente que hubiera abuso sexual. Según él, la menor fue entregada "en óptimas condiciones" a su familia. 

No obstante, en redes sociales se ha conocido un video, en el que la joven es detenida por cuatro hombres y en un punto advierte que le están bajando el pantalón, y un mensaje atribuido a ella, en el que se habla de que los policías le quitaron parte de la ropa y la tocaron.

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Aunque este caso ha tomado gran relevancia, la Campaña Defender la Libertad ha registrado que durante los días del paro nacional, al menos 21 personas han sido víctimas de violencias basadas en género por la policía. 

De hecho, entre las 18 indagaciones disciplinarias contra policías que la Procuraduría ha asumido por poder preferente —los casos empezaron en la Inspección General de la Policía, pero fueron reclamados por el Ministerio Público—, dos están relacionadas con presuntos abusos sexuales llevados a cabo por uniformados contra manifestantes en Cali y Manizales.

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