¿Qué esperan las víctimas del informe final de la Comisión de la Verdad?

La vida de la familia Bautista cambió cuando la mayor de seis hermanos, Nydia Érika, fue desaparecida el 30 de agosto de 1987 en una operación entre las brigadas III y XX del Ejército Nacional en Bogotá, luego se conoció que fue trasladada a Guayabetal (Cundinamarca). “El último día que la vimos con vida fue en la primera comunión de nuestros niños, de su hijo y mi hija”, recordó su hermana Yaneth.

Su familia, también víctima indirecta de su desaparición forzada, conocerá este martes el informe final de la Comisión de la Verdad que busca el esclarecimiento de los patrones y causas del conflicto armado en Colombia para satisfacer el derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad.

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La historia de Nydia es una de las al menos 80.720 personas desaparecidas de las que el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) tiene registro, entre 1958 y 2021. La Unidad de Víctimas, de otro lado, tiene reportes de 189.205 personas víctimas de desaparición forzada en el país. 

Sin embargo, en los últimos años, desde que se creó la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) después del acuerdo de paz, se determinó que la cifra de víctimas de desaparición forzada ascendería a más de 99 mil.

Nydia era socióloga y economista de la Universidad Nacional y la Universidad Central de Bogotá, respectivamente, también fue militante del M-19. Fue madre de un niño que quedó huérfano a los 12 años, Erik Antonio, cuando ella acompañaba a una amiga que había asistido a la reunión familiar hacia el paradero de bus y fue abordada por varios hombres que la subieron a la fuerza a una camioneta. “Desde ese entonces iniciamos la lucha por encontrarla, ese día cambió mi vida para siempre”, dijo Yaneth al CNMH.

La familia de Nydia salió a las calles a preguntar por su paradero. En ese camino, conocieron a otros familiares de personas desaparecidas y a la Asociación de familiares de detenidos desaparecidos (Asfaddes), y se reunieron con la esperanza de poder tener respuestas. Después de tres años de búsqueda, un suboficial del Ejército dio información que podría dar con el lugar donde estaba el cuerpo de la hermana mayor de los Bautista.

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Ahora, el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición -mecanismo de carácter temporal y extrajudicial creado después de la firma de los acuerdos de paz-, pretende dar a conocer “la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas durante el mismo y ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad”, señaló la Comisión.

Será un acercamiento a la verdad para las víctimas y perpetradores de hechos victimizantes.

Tras 10 años de la desaparición y asesinato de Nydia, su familia tuvo que exiliarse por amenazas contra su vida. En el exilio nació la Fundación para los Derechos Humanos Nydia Erika Bautista, que desde 2007 se dedica a la protección de los derechos de las mujeres y familiares víctimas de la desaparición forzada, con un enfoque integral y participativo.

Yaneth Bautista, quien es la representante de la fundación, espera que el informe de la Comisión de la Verdad “refleje la realidad de las víctimas de desaparición forzada, especialmente de sus familiares”, y que también incluya los contenidos de los seis informes que presentaron a la Comisión donde se describe este fenómeno en el Meta y Buenaventura, por ejemplo.

Para Bautista, también es importante que mencionen “el rol del acompañamiento psicosocial en las desapariciones forzadas y, particularmente, unos lineamientos para búsqueda, así como la realidad de las mujeres buscadoras que han sufrido violencia sexual en la búsqueda de familiares desaparecidos”, indicó.

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Igualmente, señaló las recomendaciones que entregaron al presidente de la Comisión, Francisco de Roux, para que presentara al Presidente de la República y al orden legislativo una política de Estado sobre desapariciones forzadas, “una ley de protección de las mujeres buscadoras y que le pida a la Corte Constitucional declarar un estado de cosas inconstitucional sobre la búsqueda y las investigaciones de desaparición forzada, porque hay un 99 por ciento de impunidad en los casos y un 90 por ciento de no búsqueda de las víctimas del conflicto armado”, dijo.

A propósito de ello, la desaparición de Nidya sigue en la impunidad. En 2017, la Corte Suprema de Justicia itió para su estudio una demanda que pide reabrir la investigación por la desaparición, tortura y posterior asesinato de la exmilitante del M-19.

La Comisión ha tomado testimonios de muchas víctimas en todo el país. Una de ellas es Jacqueline Castillo, representante de la Fundación Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo), quien señaló que “la expectativa sigue girando en que ellos (los comisionados) se hagan unos exámenes a conciencia y se pregunten si de verdad estas personas que tomaron la decisión de aportar verdad, para adquirir los beneficios que sabemos que les pudo otorgar la JEP, hayan aportado una verdad plena”.

“Algo que sí debe tener el informe con mucha claridad es que esto sí se trató de una práctica sistemática, que lo consideramos crímenes de Estado, aunque lo han expresado ya en en muchos espacios”, dijo y añadió que: “De todas maneras aún nos falta camino por recorrer hasta llegar a encontrar a los verdaderos responsables”.

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A pesar de que la Comisión de la Verdad es una mecanismo extrajudicial, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través del caso 03, ha avanzado en el esclarecimiento y juzgamiento de los crímenes cometidos por los agentes de Estado que habrían presentado a más 6.400 colombianos como guerrilleros dados de baja en combate cuando no lo eran. 

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), en Colombia hay 9’294.225 víctimas registradas históricamente, de las cuales 7’383.436 son sujetos de atención o reparación.

El resto, 1’910.789, son víctimas fallecidas, directas de desaparición forzada, homicidio, y que, por distintas circunstancias, no pueden acceder efectivamente a las medidas de atención y reparación. El 89 por ciento del universo de víctimas ha sido afectado por el desplazamiento forzado.

Para Marco Romero Silva, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) el informe debe ser, ante todo, comprensivo para las personas.

“Conocemos el trabajo de la Comisión y esperamos que el informe sea comprensivo, en general, para profundizar el conocimiento histórico sobre las circunstancias que determinaron la existencia del universo de víctimas superior a nueve millones de personas”, señaló Romero Silva.

El profesor y activista también espera que la Comisión “pueda dar una explicación más profunda de las distintas causas que han configurado este universo de víctimas en el contexto del conflicto armado”.

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De las más de 9 millones de víctimas registradas en el RUV, se conoce que 35.231 fueron afectadas por delitos contra la libertad y la integridad sexual en el desarrollo del conflicto armado.

Ángela María Escobar, lideresa de la Red de mujeres víctimas y profesionales, indicó que el 5 de agosto del 2019 “le entregamos el informe de mujeres hetero a la Comisión de la Verdad, y el 24 de agosto entregamos el único informe que entró a la Comisión sobre hombres heterosexuales y comunidad diversa víctimas de violencia sexual en el conflicto armado”.

Para Escobar, el informe debe incluir la descripción del fenómeno de la violencia sexual durante este contexto histórico, así como las recomendaciones y propuestas de los informes que se entregaron anteriormente.

De otro lado, Marleny Orjuela, vocera de la asociación de familiares de los policías y soldados retenidos por la guerrilla (Asfamipaz), se refirió a las expectativas de estas víctimas sobre el informe de la Comisión.

“Lo que esperamos es el relato de los secuestrados, y en el caso nuestro, de policías y militares que estuvieron secuestrados, que duraron en la selva 14 años y de otros que no regresaron, porque el gobierno los ‘rescató’ en nombre de eso que llaman paz, y la guerrilla los asesinó en nombre de lo que llaman revolución. Entonces, nos gustaría que ojalá no vaya a quedar por fuera el tema de lo que se vivió con el secuestro de los policías y militares”, indicó Orjuela.

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La vocera señaló que no fue a dar versiones ante la Comisión porque todavía le duelen muchos aspectos de estos hechos victimizantes. “El pueblo de a pie nos apoyó en todas las partes que estuvimos abogando por la vida y la libertad por nuestros familiares secuestrados, pero en el caso de muchos gobiernos, nos duele la indiferencia”, dijo.

“Nosotros pasamos muchos gobiernos con policías y militares pudriéndose en la selva 14 años, para que después autorizaran un rescate irresponsable y nos los entregaran muertos, algunos porque otros siguen desaparecidos como el uniformado Luis Hernán Peña Bonilla”, lamentó Orjuela.

En este sentido, la abogada Gina Valoyes, directora de la corporación de militares víctimas del conflicto armado (Milvíctimas) también señaló la necesidad de incluir los relatos de este grupo en el informe. “Esperamos que se incluyan las realidades de las víctimas, no solo de todo el universo de víctimas, sino también las realidades de la víctima militar”, indicó.

Valoyes también dijo que “hay una gran expectativa por identificar en esas líneas del informe los diversos sufrimientos que estas enfrentaron por haber sido afectadas en el marco y dinámicas del conflicto interno, a través de diversos hechos victimizantes entre los que están el secuestro, el desplazamiento, el empleo indiscriminado de métodos y medios de guerra ilícitos, la tortura, los ataques terroristas, los homicidios selectivos, entre otros”.

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Para la directora de Milvíctimas es importante incluir “la estigmatización y la revictimización, pues se ha considerado por un amplio sector que estas personas, al estar vestidas con uniforme, se les quita el privilegio de ser sujetos de derechos”.

La abogada también manifestó que, con el informe, esperan que se abra una ventana para que las víctimas militares sean redignificadas, “y como lo señalan los principios universales de los derechos humanos, la dignidad de la persona debe ser prevalente en todos los contextos y en todos los escenarios”.

De acuerdo con la corporación, 403.352 integrantes de la Fuerza Pública fueron víctimas del conflicto armado en Colombia. De ellos, 352.976 han sido víctimas del desplazamiento forzado, 6.774 de minas antipersonal y 2.298 de secuestro.

El impacto y las consecuencias en las personas militares víctimas “deben estar reflejadas en el informe: ese desarraigo que se presenta, la pérdida de identidad, de la cultura y esa afectación generacional que se presenta en la familia del militar, deben aparecer en las líneas del informe”, enfatizó Valoyes.

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En cuanto a la relación con la Comisión de la Verdad, las representantes de las víctimas tienen un sentimiento en común: la necesidad de que se incluyan las particularidades y realidades de los hechos victimizantes durante el conflicto armado, pero que este relato no sea construido únicamente con las historias de las víctimas, sino también de los victimarios.

Al respecto, la lideresa Jacqueline Castillo se refirió al aporte de verdad de los militares involucrados con las ejecuciones extrajudiciales, conocidas también como ‘falsos positivos’. “Sabemos que la información que nos da la JEP es que ellos empezaron a hacer ese trabajo investigativo desde los bajos rangos, entonces todavía nos falta un poco de camino para llegar a otros altos mandos”, aclaró.

Sin embargo, Castillo mencionó que muchas de las madres y familias víctimas de estos hechos "nunca estuvimos de acuerdo con que Paulino Coronado Gámez sea el único militar de alto rango involucrado en este auto, porque el tipo dice que acepta sus cargos por omisión, pero él se dio cuenta de lo que el Ejército hacía y él no hizo nada", cuestionó.

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La representante de las víctimas considera que el exmilitar, y otros generales, sí dieron órdenes directas a sus comandantes, tenientes y soldados: "ellos eran los que presionaban por esos resultados, entonces sabemos que ahí no hay verdad plena todavía", dijo.

De otro lado, Ángela María Escobar, lideresa de la Red de mujeres víctimas y profesionales, mencionó que había quienes tenían una gran preocupación de que el informe de los hombres víctimas no fuera incluido.

"Yo creo que no es un tema solamente de las víctimas de violencia sexual, sino de todas las víctimas del conflicto. Eso es lo que esperamos: que quedara todo incluido en el informe final, que pudo haber sido muy complicado, pero esa era la misión y la responsabilidad de la Comisión de la Verdad", señaló Escobar.

La lideresa destacó que las víctimas pudieron entablar una buena relación con la corporación, pues fue "muy presta a los diálogos con nosotras, en especial tuvimos más acercamiento con la comisión de género y las mesas técnicas, donde pudimos ver una relación de la centralidad de las víctimas", señaló.

Escobar también dijo que "si no hubiera sido por las víctimas, tampoco hubiesen salido los informes". Y aclaró que también esperan que se incluyan los relatos de los perpetradores, "no solamente es la verdad de las víctimas, es la verdad de los comparecientes".

Para Marco Romero, director de la Codhes, este proceso ayudará a "tener una visión más integral y más profunda de lo que ha ocurrido en Colombia, y seguramente va a ser un informe que va a alimentar una perspectiva de trabajo con los derechos de las víctimas".

Uno de los objetivos del informe final de la Comisión de la Verdad es promover el reconocimiento de lo sucedido, al igual que la convivencia en los territorios y contribuir a sentar las bases para la no repetición, mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera.

Para el director de la Codhes, entre las responsabilidades de la Comisión están: proveer un conjunto de recomendaciones sobre reconciliación, garantías de no repetición, reparaciones colectivas y reconstrucción del tejido social.

“Es decir, el informe de la Comisión de la Verdad está enfocado en que se reconozcan los derechos de las víctimas y, ante todo, cómo se han generado los procesos de victimización en Colombia”, puntualizó Romero.

Para Angelika Rettberg, docente de la Universidad de los Andes y experta en resolución de conflictos armados, algunos de los temas más importantes que ha tratado la Comisión de la Verdad han sido la integralidad y la pluralidad de los relatos.

“Creo que el informe será un éxito en la medida en que las experiencias de sectores muy distintos se vean recogidas en este informe”, señaló la analista y advirtió que “una de las cosas que no debe pasar es que sectores que sienten que la Comisión de la Verdad es sesgada y parcializada encuentren en el informe razones para confirmar sus temores”.

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Para la analista, la Comisión ha tenido dos grandes problemas: el tiempo y la amplia 'competencia' por la verdad. “Finalmente, es poco tiempo; otras comisiones han durado mucho más. En segundo lugar, de alguna manera ha habido una competencia muy fuerte entre instituciones de justicia transicional en Colombia para mostrarse como los que finalmente van a darnos la verdad, todas las versiones posibles”, indicó.

La experta recordó que en Colombia, desde la Ley de Justicia y Paz, el Centro de Memoria Histórica produjo decenas de informes sobre lo que pasó en diferentes formas de victimización, en diversas regiones del país y en distintas épocas. Además, durante el proceso de paz entre las extintas Farc y el gobierno nacional, existió una Comisión de seguimiento histórico, también enmarcada en Justicia y Paz.

“Hay muchos antecedentes, muchas otras instituciones que han producido verdad en estos años, y eso creo que es un reto muy grande para la Comisión, para que la gente entienda cuál es el aporte adicional que ellos pueden lograr y cómo se distingue lo que ellos hicieron de lo que ya han hecho -y siguen haciendo- otras instituciones de la justicia en Colombia”, indicó Rettberg.

Según la experta, es clave que el informe final contenga metodologías y ténicas para que la información sea clara para las personas, "para que efectivamente logre afectar la manera en la cual pensamos en el conflicto que hubo en este país, creo que lo que no debe ocurrir es que esto sea solamente un texto", señaló.

Por último, Rettberg dijo que después de la publicación del informe "empieza una tarea gigantesca de pedagogía, para que enseñemos la historia nacional de manera distinta en los colegios, para que los medios de comunicación tengan visiones más complejas de lo que ocurrió acá, para que las personas entiendan que las experiencias en la guerra fueron muy visibles".

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De acuerdo con Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), la Comisión se caracteriza por su complejidad al buscar entender las causas de la violencia desde una perspectiva no judicial.

Además de referirse a las diferentes explicaciones del conflicto armado, para Restrepo, el informe "tiene que construir un enclave de no repetición y de alcanzar la reconciliación". Aunque "es algo muy difícil de alcanzar, porque supone que haya escucha a todos los grupos de víctimas, pero también a todos los grupos de perpetradores".

En ese sentido, el informe debe tener una narrativa de reconciliación y no repetición pues de lo contrario "se puede llegar a ahondar en la violencia, y reabrir heridas en vez de sanarlas", dijo el director del Cerac.

Respecto a las recomendaciones del documento final, debe encaminarse a la búsqueda de la no repetición de la violencia. "Debe entender las diferentes dimensiones del conflicto, contribuir a esclarecer qué fue lo que nos pasó, reconocer a todos los grupos de víctimas y ver la perspectiva de todos los grupos de perpetradores, ver quiénes obtuvieron  réditos de la violencia, haber logrado el reconocimiento de las responsabilidades -no solamente de las Farc, sino de otros grupos-, y tener una definición precisa del impacto humano del conflicto", concluyó Restrepo.

Finalmente, la vocera Marleny Orjuela dijo que: "La guerra no puede seguir siendo un proyecto de Estado, y el secuestro no puede ser un arma política de lo que llaman 'revolución'. Creo que la revolución verdadera es la vida, la paz, la libertad de los seres humanos y un país para que todos vivamos dignamente".

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Por último, la directora de Milvíctimas, Gina Valoyes, indicó que en el informe final es clave un llamado a la unidad nacional que "integre a los militares como víctimas de este prolongado conflicto que hemos padecido todos los colombianos".

"Esto no es sectorizado, es importante que se le dé una amplia relevancia al reconocimiento de la dignidad humana de estas personas, y a la reivindicación de sus derechos. Este podría ser un acto genuino de reconciliación en una sociedad abiertamente polarizada en donde, para algunos, los militares no tienen cabida", enfatizó.

VALENTINA HERRERA GONZÁLEZ

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

Redacción Justicia