En diez años, más de 150 presos se han fugado de las cárceles del país

La fuga de Juan Lárinson Castro Estupiñán, más conocido como ‘Matamba’, el 18 de marzo de este año, de una de las cárceles más custodiadas de Colombia, La Picota, puso la mirada sobre una realidad del sistema carcelario: las fugas.

Datos del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), conocidos por EL TIEMPO, señalan que entre 2012 y 2021 se han fugado 156 personas y este año, hasta el 8 de octubre, iban 8. Aunque las cifras son bajas si se las compara con los más de 97.000 presos bajo control del Inpec, el estándar debería ser cero, explicaron expertos.

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Detrás de este fenómeno hay motivos tanto humanos, relacionados con temas de la vigilancia, como tecnológicos y hasta de infraestructura, pues en Colombia hay cárceles con 400 años de antigüedad.

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Según información del Inpec, las fugas de este año han ocurrido en dos cárceles de Bogotá (La Picota y El Buen Pastor), tres cárceles de Antioquia (Itagüí, El Pedregal y Santo Domingo), en la cárcel de Cúcuta y la de Tumaco; y en su mayoría, estas personas estaban recluidas por hurto, homicidio, secuestro y tráfico de estupefacientes.

Frente a los modos de operar de quienes se evaden, algunas fugas, como la de ‘Matamba’, incluyen un complejo plan criminal que involucra incluso a gente dentro y fuera de prisión, hasta los guardianes; en otras, los presos aprovechan temas de infraestructura, como en el caso de Deimer Sánchez Montejo, alias Meme, quien se fugó en julio de La Picota a través de un ducto de aire.

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También hay internos que utilizan las salidas médicas para burlar la justicia, como cuando en octubre de 2019, la excongresista Aida Merlano Rebolledo se fugó de un consultorio odontológico.

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Y en el historial también hay casos como el de la extraditada Nini Johana Úsuga, hermana de alias Otoniel, quien falsificó unos documentos y en diciembre de 2014 pudo salir caminando por la puerta de la cárcel El Pedregal, de Medellín, aunque fue recapturada menos de un mes después.

O el caso más reciente ocurrido en Bogotá, cuando en un traslado por razones médicas se fugó Carlos Alberto Torres. En la huida, sus compinches asesinaron al patrullero Einer Beltrán.

De acuerdo con el instituto penitenciario, el promedio en días, meses o años para recapturar a un prófugo depende de la red de apoyo con la que cuente al momento del escape, y aunque algunas recapturas pueden tomar años, también hay registros de unas que se logran en 36 horas.

De las 156 fugas entre 2012 y 2021, fueron recapturadas 89 personas, el 57 por ciento de los evadidos, y de los 8 evadidos este año, cinco ya están de vuelta en prisión.

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Más allá de las cifras, la fuga de personas que estaban en custodia del Estado es un reflejo más del problema carcelario estructural de Colombia. Por ejemplo, en el caso de ‘Matamba’, narcotraficante del ‘clan del Golfo’ próximo a su extradición, la Procuraduría ha dicho que al menos 6 guardias y el exdirector de la cárcel lo habrían ayudado, y que en La Picota había una serie de deficiencias en seguridad como que las cámaras no funcionan bien y no hay suficientes guardias en turno.

“El estándar debería ser cero, no debería haber ninguna fuga, pero teniendo en cuenta las condiciones de nuestro sistema colapsado, en el que se sobrepasa ampliamente la cantidad de presos que debe cuidar un guardia, no es difícil entender que las haya”, señaló Norberto Hernández, penalista y director del Semillero en Derecho Penitenciario de la Universidad Javeriana.

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Para el profesor, el factor que más influye en estas salidas ilegales es la cantidad de personas que, como consecuencia del hacinamiento, hay en cada cárcel, lo que no solo hace que un guardia esté a cargo de vigilar a un alto número de presos, sino que “también favorece ciertos actos de corrupción”.

Con él coincide el abogado Juan David Posada, director del Semillero Penitenciario y de DD. HH. de la Universidad de Antioquia, quien recalcó que estos casos no dejan de ser la excepción en un ecosistema carcelario que, sumando los privados de la libertad de los distintos sistemas (cárceles nacionales, municipales, URI, sitios de reclusión de menores, etc.), puede llegar a más de 200.000 personas.

Añadió que el problema de hacinamiento genera fallas de seguridad y hace que no siempre funcionen los mecanismos dispuestos para evitar estas situaciones.

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Así mismo, puso de presente que es posible que varias de las personas que aparecen en los registros como fugadas en realidad nunca hayan salido de las cárceles, “se ha sabido de casos que mencionan no solo exprivados de la libertad, sino que se encuentran restos humanos al momento de hacer trabajos en la estructura física en las prisiones”, recordó. Esto, por ejemplo, se vio en el pasado en la cárcel Modelo de Bogotá.

El director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, señaló otros factores que influyen en el precario sistema carcelario, como la “alta rotación de directivos del Inpec y de las cárceles y una guardia penitenciaria sindicalizada en exceso, que afectan la buena organización y continuidad istrativa para garantizar mejores resultados en su labor de evitar las fugas”.

Herrera citó, por ejemplo, que en los últimos 20 años el Inpec ha tenido más de 23 directores, casi uno por cada año.

Los directores de semilleros penitenciarios coincidieron en que la principal medida es menos presos en las cárceles, lo cual no solo permite que las prisiones cumplan mejor su papel resocializador, sino que “con menos presos las personas encargadas de su vigilancia los pueden cuidar mejor”, sostuvo Hernández, quien explicó que para ello es clave buscar alternativas como penas distintas a la privación de la libertad, despenalizar algunos comportamientos y facilitar la ejecución de subrogados penales.

Frente a la necesidad de reformas, para Posada, en materia penitenciaria, son suficientes las normas actuales, pero sí sería necesario abordar falencias en materia penal, “serían útiles cambios para que no sean tan severas las condenas porque está demostrado que las penas severas no solucionan problemas sociales”.

Por su parte, el director de la Corporación Excelencia en la Justicia consideró que el sistema penitenciario debe ser más severo y fortalecer tecnológicamente los centros de reclusión. “Es necesario que haya turnos debidos de la guardia para asegurar controles humanos, una debida organización istrativa, y la gran inversión tendría que pasar por la tecnología para tener mejores controles. Solo aumentar la guardia per se no es un elemento que pueda garantizar la imposibilidad de fuga; se requiere una alta inversión en tecnología”, concluyó.

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De otro lado, el Congreso ha tenido un papel en el hacinamiento de las prisiones, como lo ha señalado en distintas oportunidades el Consejo Superior de Política Criminal. El populismo punitivo manifestado en iniciativas legislativas para aumentar penas, crear nuevos delitos y eliminar subrogados penales ha generado más presión en el sistema carcelario.

Al respecto, el senador Guido Echeverri, quien prepara un debate de control político por la crisis carcelaria, reconoció que es necesario generar mayor conciencia entre los congresistas de que “las reformas de aumento de penas llevan gente a la cárcel para que sofistiquen su capacidad delictiva” y que “hay que legislar de manera responsable”. Así mismo, expuso que atacar de raíz el problema de seguridad y fugas en las cárceles no va solo en eventuales reformas del Inpec o aumentar las guardias, sino en cambiar la política criminal y “hacer lo posible para que no toda persona que cometa un delito deba ir a la cárcel”.

En ese sentido, los expertos coincidieron en que las propuestas que se han anunciado desde el Ministerio de Justicia para despenalizar algunas conductas o priorizar la justicia restaurativa antes que la cárcel tendrían, si se aplican bien, efectos positivos en esta problemática.

En todo caso, el diagnóstico está hecho y las soluciones, planteadas. Está en manos del Estado tomar cartas en el asunto para corregir el problema de las fugas, que es uno entre muchos, y que será vital, además, de cara a la ‘paz total’ que está buscando el actual gobierno con organizaciones criminales que, si se concreta, llevaría al acogimiento e ingreso a prisión, con algunos beneficios, de miles de personas más.

El director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, en entrevista con EL TIEMPO se refirió a las fugas registradas de las cárceles del país y a las mejoras para garantizar la seguridad en los centros de reclusión.

De las fugas registradas entre 2012 y 2021 fueron recapturados 89 personas lo que equivale 57 por ciento, es decir, en los 10 años referenciados, se fugaron de los 142 establecimientos carcelarios (número de establecimientos para la época) 67 internos, que equivale a un promedio de 6 a 7 por año.

Haciendo la comparación se evidencia que hemos disminuido la cantidad de fugas promedio al año. Sin embargo, el Inpec sigue trabajando en la mejora del proceso misional de seguridad, adelantando gestiones tales como: Incorporar nuevo personal del cuerpo de custodia y vigilancia, desarrollar cursos de ascenso, capacitar personal en temas de Derechos Humanos, uso de la fuerza, y en las especialidades (Policía Judicial, guías caninos y operaciones tácticas penitenciarias de alto nivel), todo en pro de lograr un mejor control en los establecimientos de reclusión.

En lo que compete al Inpec  se ha reforzado el personal del cuerpo de custodia en La Picota, con un aumento de 81 efectivos y adicionalmente se enviaron allí 31 auxiliares, para un total de 112 del cuerpo de custodia. A nivel nacional se nombraron desde el 1 de octubre un total de 1.279 nuevos funcionarios de la Guardia, y se incorporaron 600 auxiliares del cuerpo de custodia del segundo contingente del 2022, los cuales fueron distribuidos a nivel nacional, en este momento se encuentran realizando curso en la Escuela del Inpec 665 estudiantes que se graduarán en diciembre y apoyarán la planta de personal en materia de seguridad.

Adicionalmente, en el mes de enero ingresarán a curso 1055 nuevos estudiantes, Sin embargo, la necesidad institucional para reforzar el cuerpo de custodia y vigilancia es de aproximadamente 10 mil más, según el último estudio de cargas elaborado por el Inpec y el cual sería el ideal para reforzar todas las líneas de seguridad Institucionales.

Para el tema de infraestructura se han elaborado los informes correspondientes a la USPEC para que realice las acciones pertinentes que permitan mejorar la seguridad física del penal.

Es importante aclarar que el Decreto No. 4150 de 2011 establece que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, es la entidad encargada de gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico y istrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. 

Para el caso de La Picota, la USPEC adjudicó un contrato que tiene como objeto la instalación de 124 cámaras de video vigilancia (entre fijas, móviles 360°, fish eyes) en la estructura 1 y 2 de La Picota el cual se está ejecutando actualmente, así mismo adjudicó el contrato para la instalación de 260 cámaras en la estructura 3.

Por otro lado, el Inpec  viene solicitando de manera constante a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, la dotación de equipos tecnológicos que apoyen la seguridad de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del orden nacional y mantenimiento de los equipos existentes, toda vez que los recursos necesarios para este fin son asignados a la USPEC.

Así mismo, con la creación de la nueva guardia externa en La Picota, se instalaron en este sector 6 cámaras de video vigilancia y una maquina rayos X, como apoyo a la seguridad externa del penal.

Por otra parte, el Inpec cuenta con un centro estratégico de información penitenciaria, donde se apoya la vigilancia de los establecimientos de reclusión por medio de los circuitos cerrados de televisión instalados, el cual, ha venido aumentando su capacidad, con la finalidad de fortalecer el monitoreo de cámaras de vigilancia.

Como se dijo anteriormente, se aumentó y capacitó el personal del cuerpo de custodia y vigilancia, se mejoró la jornada laboral del personal generando mejores tiempos de descanso, lo cual permite que estén más alertas en el momento de la prestación del servicio.

Se crearon salas de audiencias virtuales para disminuir los desplazamientos fuera de las instalaciones de los establecimientos. Se firmó un convenio con la embajada de Estados Unidos para ayudar al Inpec en materia de seguridad.

El Inpec, una vez realizado estudio de las necesidades de todos los establecimientos de reclusión del orden nacional presento a la USPEC el ante proyecto de presupuesto 2023, el cual contiene la necesidad de dotar a todos los estableimientos de reclusión  de equipos tecnológicos como son circuitos cerrados de televisión, maquinas rayos X, sistemas de radio comunicación, arcos y sillas detectoras de metales, sistemas digitales de bloqueo de señales de comunicaciones móviles, entre otros, que apoyen la seguridad de estos establecimientos.

En Twitter: @MIOF_

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