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'La Corte Constitucional creó una estratificación en la justicia': Francisco Bernate
El presidente del Colegio de Abogados Penalistas presentó varios reparos al fallo del alto tribunal.
Audiencia de aval de preacuerdo a Benjamín Núñez. Foto: Archivo particular
Un día después de que se conoció por parte de la Corte Constitucional que las audiencias de juicio oral en la especialidad penal serán presenciales -por ende, no virtuales-, distintos abogados reiteraron su inconformismo con el fallo.
Ya lo habían hecho a comienzos de semana, cuando se empezó a regar el rumor de que la justicia se mantendría en la virtualidad en áreas como la civil o de familia, pero no en la penal. Finalmente, este miércoles el alto tribunal dio a conocer que, en efecto, será cada juez de esas especialidades el que defina si hace audiencias virtuales o presenciales, pero que en el ámbito penal, la etapa de juicio deberá llevarse a cabo de manera presencial, es decir, en las diferentes salas de complejos judiciales.
Ante ello, Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, mostró la molestia en su sector. En entrevista con EL TIEMPO señaló que con su fallo, "la Corte Constitucional crea una estratificación en la justicia".
Francisco Bernte, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Foto:Tomada de Cesjul
¿Cómo recibe el fallo de la Corte Constitucional?
La Corte Constitucional aquí crea una estratificación en la justicia, hay una justicia estrato seis, clase ejecutiva, business, que es la laboral, civil, la comercial, y hay una justicia tipo clase económica, una justicia de segundo nivel, que es la justicia penal, que no podemos utilizar la virtualidad en el juicio. Que a mí no me digan que "no, pero en las demás audiencias sí", pero es que la más larga, la más difícil es el juicio.
Pero adicional el argumento es que en asuntos penales, el juez vea el testigo para valorar, lo cual no tiene ningún argumento científico, pero bueno, digamos que eso es así. Yo pregunto: ¿qué es más importante para un ciudadano, un proceso de familia en el que está a punto de perder la custodia de sus hijos, una acusación de comisaría de familia de violación a unos hijos, quien está peleando por sus derechos laborales; eso acaso no tiene la misma garantía?
Un proceso penal puede ser un asunto de convivencia, las peleas de copropietarios que terminan en injuria o calumnia, accidentes de tránsito, es decir, no todo lo penal es una violación a los derechos humanos o corrupción. Aquí nos generaron aparte de una estigmatización y desigualdad, dos justicias: una clase ejecutiva y nosotros discriminados, maltratados.
Hay que aclarar que no es en todo el proceso, sino en la etapa de juicio...
La idea original del proceso penal es que las personas fueran la excepción, que las personas arreglaran su situación y solo el 10 por ciento de los casos llegaran a juicio. Gracias a una cantidad de reglas que se han establecido, hoy la situación es la peor, más del 95 por ciento de los casos terminan en un juicio, que es donde se debate la totalidad de las pruebas, que es donde se da verdaderamente el debate. En el juicio es en el que está todo.
Se preguntan cuánto dura un juicio, y les digo que dura en virtualidad cinco años, en un caso de violación de derechos humanos, de corrupción, en los casos sensibles dura eso. En presencialidad dura entre 10 y 15 años. En virtualidad los peritos y los testigos se conectaban y daban su versión, claramente hubo dificultades, pero los jueces y las personas se las arreglaron y tuvieron que terminar haciéndolo presencial en la minoría de los casos. En la mayoría fluyó muy bien.
Si hay un interno, en presencialidad el Inpec lo tiene que trasladar, hoy simplemente lo conecta y llega a esa audiencia. Lo que viene ahora, y es que la Corte Constitucional no dice que el Inpec tendrá que disponer recursos para trasladar de los presos de un lado a otro, ¿por qué no piensan en la seguridad de los jueces, en el riesgo de fuga?
Me parece absurdo que se someta a las víctimas a ir a un juicio, o privarlas de conectarse desde la comodidad de su hogar.
En algunos casos todo el mundo se desplaza a la audiencia y se cancelaban. Cuando se trata de entidades del Estado, el funcionario tiene que pedir viáticos, tiquetes, y eso puede tomar meses. Me parece absurdo que se someta a las víctimas a ir a un juicio, o privarlas de conectarse desde la comodidad de su hogar. Me parece absurdo que a ustedes como medio de comunicación los hayan privado de poder cubrir los juicios.
Le extraña entonces la decisión que tomaron los magistrados, que en últimas son abogados...
Me decepciona la forma. Esta es la hora en que no hay comunicado, no se sabe nada y hay un caos en la istración de justicia. Hay jueces diciendo que están diciendo que no van a hacer audiencias porque esto no está claro, jueces citando a presencialidad.
La realidad es que es importante que a la Corte Constitucional lleguen académicos, pero qué importante que haya un litigante, personas que hayan vivido esto, porque lo que arroja esta decisión es que se toma de unos principios, pero nunca se consideró la voz de los ciudadanos de a pie. Los argumentos fueron presentados y fueron descartados. Entonces creo que la forma está muy mal, y de fondo que ni se diga.
Hablando de eso, la Corte dice que en el juicio es importante la presencialidad por la inmediación de la prueba...
La inmediación de la prueba es un principio según el cual el juez, para poder decidir, debe haber apreciado directamente la prueba. Hasta el año 1600, en tiempos de la inquisición los jueces fallaban con base en que la persona sudó, miró; un abogado serio, estudioso, como son los jueces de Colombia, se capacitan entre uno y dos años en cómo se valora una prueba, y eso tiene una técnica. Nunca los jueces dicen "sudó, miró, vio para allá", eso no es la forma de valorar una prueba.
Entonces la Corte dice que es importante que el juez mire a la cara al testigo, pero eso no tiene ningún carácter científico. Con esto vamos a ver vencimientos de términos, ¿hace cuánto no vemos una noticia de vencimientos? Va a ser el pan de cada día.
El presidente Gustavo Petro podrá objetar este artículo... ¿Qué ha dicho el Gobierno de la virtualidad en la Rama?
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, en una intervención que hizo en la Corte Constitucional dijo que la virtualidad llegó para cambiarse, y respaldó la Ley 2213 que es que la virtualidad es la regla general, y que si el juez decide que ha presencialidad, se va allá.
A través de cartas y redes sociales le diremos al presidente que tenemos un empréstito de 500 millones de dólares para la istración de justicia, los costos que implica el regreso a la presencialidad ascienden a 20.000 millones de pesos mensuales por el solo alquiler de las sedes judiciales, no voy a contar el gasto de papel.
Esa es una posibilidad, sino tendremos que acudir al Congreso para que se derogue esto, no se trata de ir a hacer un plantón y sentarnos a llorar, tenemos múltiples canales de acción, estamos organizados.
Tendremos que acudir al Congreso para que se derogue esto.
Uno de los escenarios a los que se volverá es a Paloquemao, en Bogotá...
Esto se trata de conectividad. Los juzgados de Paloquemao no tienen enchufes en el sector del público, no vas a poder meter una cámara. La sala que mayor tiene capacidad alcanza para 40 personas, si en un caso hay 10 procesados, más el juez, el procurador, el fiscal llenan la sala. Nadie puede existir.
En Paloquemao no hay internet, los periodistas no van a poder transmitir.