Las cruentas masacres en Ituango por las que el Estado pedirá perdón

En el Museo Casa de la Memoria, de Medellín, tendrá lugar el acto de reconocimiento de responsabilidad y perdón por las masacres perpetradas en el municipio de Ituango, Antioquia por grupos paramilitares (Auc y Accu) en connivencia con la Fuerza Pública.

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Esto se da luego de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  contra el Estado por su participación y omisión frente a las masacres de La Granja y El Aro, ocurridas entre 1996 y 1997.

La ceremonia de este miércoles tendrá presencia de víctimas, organizaciones de derechos humanos, la directora de la Agencia Jurídica del Estado y del presidente Gustavo Petro.

En 2006, la Corte IDH condenó a la nación por estas masacres y ordenó una serie de medidas como hacer un reconocimiento público de la responsabilidad estatal, reparar a las víctimas económica y psicosocialmente, conmemorar con una placa los actos cometidos y asegurar un retorno seguro de las víctimas desplazadas.

Patricia Areiza, hija de una de las personas que fue asesinada en El Aro, le contó a EL TIEMPO que tuvieron que pasar 16 años para que un presidente tuviera la voluntad de pedir perdón por estos crímenes.

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“Para nosotros esto tiene una gran importancia para dignificar la memoria de quienes asesinaron hace 25 años. El dolor no pasa nunca, se va atenuando con los años, pero está ahí. Más allá de ese acto de perdón, también se debe recordar que en el territorio no ha habido progreso y que debe haber una reparación integral”, señaló.

Por su parte, María Victoria Fallón, representante del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH), indicó que si bien el Estado ha tomado medidas por las víctimas y por la comunidad, aún hay cosas pendientes que se deben cumplir luego de 16 años de la sentencia.

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“Hay tres puntos que se espera que se cumplan luego de este acto de reconocimiento: el primero es la salud gratuita, el segundo es la justicia y el tercero es la estabilización socioeconómica de los desplazados. Acá ya no estamos hablando de condiciones del retorno porque hay personas que ya no quieren regresar a El Aro”, aseguró la representante.

Entre lo que la comunidad espera que suceda luego de este acto de reconocimiento es que el Estado cumpla a cabalidad con todas las recomendaciones que dictó la Corte IDH hace 16 años para realizar una reparación integral y que todas las víctimas sean reconocidas en sus derechos.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado, Movice, respaldó a todas las víctimas de El Aro y La Granja y sostuvo que este acto debería ser el inicio de un compromiso del Gobierno con la comunidad de Ituango para darle fin a 25 años de dolor. Sin embargo, esta ceremonia no estuvo exenta de polémicas, al decidirse que se iba a realizar en Medellín y no en el sitio de las masacres.

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Este diario tuvo conocimiento de cartas dirigidas al presidente Petro en las que manifestaban que la diligencia debía hacerse en el territorio y que “antes de pedir perdón como un acto simbólico, se repare de manera integral y efectiva el territorio y las victimas y después de esto, las palabras sean pronunciadas en la tierra, en el territorio en donde se paseó el dolor”, así lo afirmó Tulio Hernán Mejía, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Aro.

Otras víctimas aseguraron que no se les había consultado el lugar donde se iba a realizar la ceremonia y que no quieren que se hagan símbolos de reconocimiento en otra parte que no sea Ituango, “en el territorio donde se ha tenido que sobrevivir”, señala uno de los testimonios.

El 22 de octubre de 1997, paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) llegaron desde Puerto Valdivia hasta El Aro, en Ituango, Antioquia, en donde con lista en mano acusaron a varias personas la comunidad de ser colaboradores guerrilleros.  Un total de 17 personas fueron torturadas y asesinadas, otras 1.472 fueron desplazadas, quemaron 42 de las 60 casas del pueblo y hurtaron 1.200 reses que había en las veredas.

Un año antes, estos grupos armados también habían perpetrado una masacre de 5 personas en el corregimiento de La Granja, en donde cerraron todos los establecimientos de comercio, sacaron a la comunidad a las calles y a quienes señalaban de ser colaboradores de grupos guerrilleros, los asesinaban al frente de sus familiares y vecinos.

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Frente a la masacre de El Aro hubo señalamientos de la posible participación y omisión de la Gobernación de Antioquia, pues el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso afirmó que un helicóptero de la Gobernación había sobrevolado Ituango durante la masacre. Aseguró también que, presuntamente, Pedro Juan Moreno, entonces secretario de Gobierno de Álvaro Uribe, quien era el gobernador de la época, habría tenido conocimiento de boca de Carlos Castaño de que los paramilitares iban a ir a El Aro.

El Tribunal Superior de Medellín y la Corte Suprema de Justicia han señalado la posibilidad de que hubiera participación y omisión del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, frente a estas masacres, sin embargo, ninguna investigación prosperó.

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