Proyecto para someter a bandas pasa al tablero antes de debate en el Congreso

Una semana antes de que empiece el debate formal sobre el proyecto de sometimiento de las bandas criminales en el Congreso, el Gobierno Nacional, los organismos de investigación, representantes del Legislativo y reconocidos analistas discutieron en un foro de EL TIEMPO los alcances, retos y puntos polémicos de la norma.

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En un primer , el fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, y la procuradora, Margarita Cabello Blanco, plantearon, en diálogo con el director de EL TIEMPO, Andrés Mompotes, los peros a la iniciativa, que tiene mensaje de urgencia en el Congreso.

Barbosa Delgado empezó por señalar que hay que hacer distinciones entre justicia transicional y justicia retributiva: “No podemos confundir una cosa con la otra, el texto que se presentó en el Congreso es una especie de copia de lo que es el sistema transicional en un proyecto de sometimiento”.

Y añadió que en las reuniones con el presidente Gustavo Petro, el jefe del Estado le ha manifestado que “él no quiere negociar con narcotraficantes porque él no es un narcotraficante, es una persona que tiene un interés legítimo de que baje la violencia en Colombia”. Pero, dijo, hay unos “intérpretes del Presidente que han terminado llevando al país a creer que se requiere hacer negociaciones políticas con mafiosos y esto es un proceso de sometimiento”.

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A su turno, la procuradora Margarita Cabello Blanco advirtió que de mantenerse la posibilidad de entregar beneficios a vinculados a graves delitos de lesa humanidad, mediante la figura de principio de oportunidad para el delito de concierto para delinquir agravado, se podría reabrir el examen a Colombia en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (I). Además, señaló que se debe garantizar que se diga la verdad de los delitos cometidos y la reparación de las víctimas.

“Ese riesgo está, podría ocurrir”, señaló la procuradora Cabello, quien agregó que les debe quedar claro a los grupos ilegales que si no se someten, “hay que demostrarles que el Estado tiene la capacidad y las condiciones para arremeter con la fuerza de ser necesario”.

Cabello indicó que, antes del proyecto, se debió hacer una caracterización de los grupos ilegales del país, para tener claridad en qué zonas están, qué tanto poder tienen y demás información clave para determinar si pueden tener beneficios.

Sobre este punto, el fiscal Barbosa dijo que en zonas como Magdalena se ha incrementado la violencia por cuenta del accionar de bandas criminales que buscan mostrar fortaleza con miras a lograr beneficios. “No tenemos una dimensión de con quién se va a negociar. El proyecto tiene un problema que hay que definir: ¿qué son organizaciones de alto impacto? (…)”, dijo Barbosa.

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A su turno, en el segundo del foro ‘Ley de sometimiento a la justicia-Hoja de ruta’, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, señaló que el Estado está haciendo un gran esfuerzo para otorgar beneficios a los integrantes de las bandas, pero que no hay amnistías ni indultos, y señaló que la norma va a permitir que el 94 por ciento de los millonarios bienes de los procesados pasen al Estado para reparar a las víctimas.

Igualmente, señaló que esta es la última oportunidad que se les da a los integrantes de las bandas y reprochó que para algunos de los integrantes de esas redes criminales no sean suficientes los beneficios ofrecidos por el Estado.

Osuna dijo que el proyecto es una iniciativa de sometimiento y no de justicia transicional y que los beneficios y procedimientos corresponden a la justicia ordinaria. El ministro añadió que no se hace ningún tipo de reconocimiento político a quienes se sometan esa normatividad.

El presidente del Congreso, Roy Barreras, señaló que está seguro de que la ley será aprobada y que se le dará el suficiente debate. Además, indicó que espera que la próxima semana empiecen las discusiones en primer debate, en comisiones conjuntas, y se tarde seis semanas el trámite de la iniciativa. Barreras coincidió en que se debe tener la caracterización de quiénes pueden recibir los beneficios al criticar que, por ejemplo, en Buenaventura (Valle del Cauca) hay una ‘falsa paz’ porque allí las bandas criminales ‘Chotas’ y ‘Espartanos’ hicieron acuerdos y se repartieron el territorio para cometer delitos.

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En el tercer módulo del foro, moderado por la editora de la Unidad Investigativa, Martha Soto, intervinieron el senador Iván Cepeda, los abogados Mónica Cifuentes y Mauricio Pava y el exfiscal Alfonso Gómez Méndez. El senador Cepeda defendió los cambios que se hicieron al proyecto inicial y señaló que, por ejemplo, se garantizaron los derechos de las víctimas.

Además, dijo que en el texto sí hay claridad sobre quiénes se pueden acoger, que se trata de un proyecto apegado a la justicia ordinaria y que hay elementos de la justicia restaurativa que se usaron en la justicia transicional, pero que no son exclusivos de esa última jurisdicción.

El senador Roy Barreras, presidente del Congreso, fue uno de los primeros en intervenir y expresó algunas de sus observaciones frente a la agenda del gobierno de Gustavo Petro.

“Debemos garantizar que la paz avance sin sacrificar la seguridad, que las reformas sociales salgan adelante sin sacrificar la economía y que el medioambiente sea privilegiado sin echar a perder el potencial minero-energético, del que dependen buena parte de las divisas del país”, dijo.

(Le dejamos: Retos de la ley de sometimiento, centro de la discusión en foro de EL TIEMPO)

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Redacción Justicia