Pasando de 99 en todo 2020 a 221 en el primer semestre de 2021, los decretos de calamidad pública en el país aumentaron 123 por ciento tan solo en los seis primeros meses de este año.
Al primer semestre de este año se contabilizaban 48.748 familias, equivalentes a 123.013 personas, afectadas por emergencias y desastres.
Así se desprende de un informe de seguimiento de las calamidades públicas de la Contraloría General, que registra los decretos, sus motivos, la respuesta e inversión para la atención de calamidades públicas.
Para el 2020, según la información suministrada por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), hubo decretos de calamidad (distintos a los motivados por el covid-19) en 19 departamentos, de los cuales cuatro fueron de orden departamental y 95 municipales, para un total de 99.
Ese año, las alertas se prendieron por sequías, con 44 decretos; lluvias, con 24; temporada de lluvias, con 11; inundaciones, con 3 y avenida torrencial, desabastecimiento de agua y erosión, con 2. Adicionalmente, por erosión costera, arroyos, crecientes, heladas, incendios forestales, precipitaciones, temporada invernal, sanitaria, temporada de menos lluvias, vendaval y movimientos en masa hubo un decreto en cada uno.
En los primeros seis meses de 2021, recoge el informe, este tipo de decretos se expidieron para 30 departamentos, de los cuales 13 fueron de orden departamental y 208 en los municipios, para un total de 221 decretos.
Los motivos fueron: temporada de lluvias, 179; temporada de sequía, 10; temporada seca, 8; colapso estructural, 4; avenida torrencial, 3; deslizamiento, 3; socavación, 3; erosión costera, 2; remoción en masa, 2, y por erosión, incendio de la cobertura vegetal, incendio estructural, movimiento en masa y asentamiento hubo un decreto por cada una de estas causales.
Los departamentos donde se presentó mayor número de decretos de declaratorias de calamidad en los primeros seis meses de este año fueron: Córdoba, con 1 a nivel departamental y 28 municipal; Antioquia, 1 departamental y 22 municipales; Cauca, 1 departamental y 15 de sus municipios; Putumayo, con 14 municipales, y Caquetá y Meta, con 13 decretos municipales.
El órgano de control señala entonces un incremento del 225 por ciento en los decretos de calamidad departamentales, y del 118 por ciento en los municipales entre 2020 y el primer semestre de 2021.
En cuanto a los recursos que se han destinado para atender estas emergencias, para 2021 la UNGRD ha invertido 15.596 millones de pesos en atención de calamidades.
Entre las observaciones que hizo el órgano de control, llamó la atención sobre el hecho de que, según el modelo de predicción climática del Ideam sobre precipitaciones, en el trimestre de agosto a octubre habrá incrementos de lluvias de entre 20 y 40 por ciento en La Guajira y el centro del litoral Caribe, así como aumentos de entre 10 y 20 por ciento en Magdalena, Atlántico, Cesar, el centro de Bolívar, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Tolima.
Además, se prevén reducciones de lluvia de entre 10 y 20 por ciento en el litoral de Cauca y oeste de Caquetá, por lo cual será necesario prepararse para estas situaciones que podrían significar calamidades medioambientales.
Es necesario fortalecer el sistema de seguimiento de emergencias y desastres que permita en tiempo real tener una caracterización específica de los eventos, población afectada, recursos destinados...
En ese sentido, la Contraloría dijo que es necesario fortalecer el sistema de seguimiento y reporte de información de emergencias y desastres para “que permita en tiempo real tener una caracterización específica de los eventos reportados y su recurrencia, población afectada, recursos destinados, población atendida”.
Así mismo, hay eventos que suceden constantemente y en intervalos de tiempo prolongados en algunos municipios, como las inundaciones en La Mojana sucreña, lo cual sugiere, dijo la Contraloría, “la necesidad de revisar no solo de forma ni en características de reacción asistencial, sino en el concepto aplicable de prevención de la gestión del riesgo”.
Esto para que se puedan identificar “no solo acciones reactivas frente a los eventos de riesgo, sino que también identifique políticas, planes, programas, proyectos que permitan progresivamente hacer frente a dichos sucesos”, concluyó la Contraloría.
En la actualidad, de acuerdo con el reporte, el 90 por ciento de los recursos destinados para emergencias y desastres a nivel nacional se invierten en atención ante la ocurrencia de los mismos.
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