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Contraloría alerta por 'hueco' que dejan los rangos diferenciales en tarifas del Soat
Este año se proyecta un déficit de $810.000 millones en el pago de los servicios de salud.
Desde Barranquilla (Atlántico) el vicecontralor en funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, lanzó una alerta sobre los efectos de las tarifas diferenciadas del Soat que se están aplicando el país, ya que un estudio sectorial sobre el impacto de la siniestralidad vial en el sistema de salud realizado por la Contraloría muestra riesgos frente a la sostenibilidad del Soat.
Según expuso Zuluaga, hay una falta de coordinación entre el Ministerio de Salud, el de Hacienda y la a de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) que podría afectar la capacidad del sistema para cubrir los gastos en salud y la atención integral a las víctimas.
De acuerdo con el estudio sectorial realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría, con la implementación del Decreto 2497 de 2022 fueron definidas categorías de rangos diferenciales según el riesgo y se disminuyó el 50 por ciento del valor de la póliza Soat a los propietarios de ciclomotores, motos de 100 c.c. y de entre 100 y 200 c.c.; motocarro, tricimoto y cuatriciclo; autos de negocio; buses y busetas urbanos; y servicio público intermunicipal.
Debido a ese ajuste, los pagos de la cobertura de los servicios de salud a víctimas de siniestros viales se hace con cargo a las aseguradoras hasta los 300 SMDLV; y si es entre 300 y 800 SMDLV, el cargo va a la Adres para las categorías de vehículos que hacen parte del rango diferencial por riesgo.
La alta siniestralidad de los motociclistas es otro de los factores que afectan la viabilidad del seguro obligatorio. Foto:Archivo EL TIEMPO
Según el órgano de control, esto genera varios impactos, como una afectación en la suficiencia de recursos para financiar los servicios de salud que superen los 300 SMDLV y hasta los 800 SMDLV, lo cual implica un esfuerzo fiscal con cargo al Presupuesto General de la Nación (PGN), “que para la vigencia 2023, se proyecta en un déficit de $810.000 millones; de acuerdo con la información disponible en la Superintendencia Financiera de Colombia”, se lee en un comunicado de la Contraloría al respecto.
Otro impacto es que al no lograr el aumento de asegurados con la póliza Soat se han disminuido las contribuciones y transferencias Agencia Nacional de Seguridad Vial, así como los recursos que istra la Adres destinados al pago de siniestros ocasionados por vehículos no identificados o no asegurados, entre otros recursos. El monto se estima supera los $300.000 millones, para 2023, dijo la Contraloría, con base en información de la Adres.
Finalmente, se señala que la falta de claridad en los procedimientos para implementar el Decreto 2497 de 2022 ha ocasionado represamiento en los trámites de reclamaciones y pagos que, con corte a octubre de 2023 “podrían sumar más de $650.000 millones, para alrededor de 58.000 reclamaciones, por concepto de los servicios prestados por las IPS, acrecentando las dificultades financieras de los prestadores”.
La póliza de seguro obligatorio es lo que en el argot popular se conoce como ‘cheque al portador’. Foto:iStock
El estudio realizado por la Diari también concluye que el análisis técnico que en 2022 presentó el Gobierno para analizar las tarifas diferenciales fue equivocado “puesto que la aplicación de rangos diferenciales en las tarifas sí tuvieron la potencialidad de impactar de manera negativa los recursos destinados para la atención de víctimas de siniestros viales y la medida no tuvo la capacidad para promover la adquisición del Soat y, por lo tanto, reducir la evasión”.
Así mismo, la entidad invitó a las entidades involucradas en las políticas públicas de salud y seguridad vial a que se articulen y tomen las medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Soat, y corregir sus problemas de fraude y evasión.
“Desde la Contraloría estaremos vigilantes y realizaremos las advertencias necesarias para promover la transparencia, la eficiencia y la calidad en la atención a las víctimas de eventos de tránsito. Instamos a las entidades competentes a tomar las medidas correspondientes para superar estos desafíos financieros e institucionales, así como garantizar una atención en salud integral y oportuna a todos los actores viales del país”, concluyó el vicecontralor Zuluaga.