Confirman condena a la nación por asesinato del periodista Edison Molina

Pese a que varias veces acudió a las autoridades para manifestar las amenazas y ataques por diferentes medios que venía recibiendo, incluyendo una incitación al odio que hizo en su contra el propio alcalde municipal, y un ataque con piedras que rompieron sus ventanas y traían escrito un mensaje que decía 'Te quedas quieto o te desapareces' y 'se calla o lo callamos' (sic), el Estado nunca protegió adecuadamente al periodista, abogado y opositor políitico Edison Alberto Molina Carmona.

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Molina fue asesinado el 11 de septiembre de 2013, cuando llegaba a su casa en Puerto Berrío, Antioquia, en compañía de su compañera permanente y  dos sujetos en una moto le dispararon.

Por su muerte, el Tribunal istrativo de Antioquia acaba de confirmar una condena a la nación por las fallas en la protección del periodista.

El fallo señala que Molina no tenía ningún tipo de escolta o sistema de protección pese a las graves amenazas y una orden de la Procuraduría para que se las dieran; además, aunque la Policía hacía de oficio algunas rondas por su casa, en la noche de su muerte alguien sacó de la estación de Policía el libro de población y aparecieron allí anotaciones de visitas que realmente no se hicieron.

 

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En 2018, en primera instancia, el juzgado 17 istrativo oral de Medellín había condenado a la Policía y la Fiscalía por vulnerar la posición de garante que tenían no  solo porque sabían del peligro latente sobre la vida de Molina, sino porque existía una solicitud de protección por parte de las autoridades en favor del denunciante y, en el caso de la Fiscalía, porque a pesar de solicitar medidas preventivas a la Policía, desconoció su deber legal y constitucional sobre ese tema.

Ambas instituciones apelaron y el caso llegó al Tribunal, que confirmó la decisión de primera instancia, incluyendo una indemnización que se ordenó para la familia de Molina.

"A pesar de ser ampliamente conocida la situación de riesgo y de haberse puesto directamente en conocimiento por parte de la víctima, las autoridades no adoptaron las medidas pertinentes y suficientes para evitar la materialización de las amenazas y del hecho en que aquel perdió la vida", señaló el Tribunal.

Citó por ejemplo que una vez recibida la denuncia de Molina sobre las amenazas que recibía, la Fiscalía "omitió la realización de cualquier estudio para verificar la procedencia, brindar por parte de la entidad medidas de protección, y se limitó a oficiar al Comandante de Policía para que dentro de su competencia otorgara las que considerara necesarias".

Y aunque la Policía hacía visitas esporádicas a la casa y trabajo de la víctima, estas no obedecían a un plan debidamente configurado para hacer frente a la situación especial de riesgo.

"Las únicas medidas de protección brindadas consistieron en unas recomendaciones de seguridad personal, el suministro de los os del cuadrante para que reportara cualquier novedad y unas visitas esporádicas, medidas que evidentemente no se compadecían con la situación de seguridad que había sido puesta en conocimiento de las autoridades y sobre todo, con las especiales calidades de aquel, quien se repite era un reconocido líder de oposición política en la zona", se lee en el fallo.

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El Tribunal también mantuvo la condena por el perjuicio inmaterial por vulneración o afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.

En este punto, la Policía había argumentado que reconocer este tipo de perjuicios "afectan la imagen de la institución", a lo que el Tribunal respondió que argumentar eso no es excusa para desechar la reparación integral de perjuicio y que la situación de riesgo de la víctima que terminó con su muerte "fue causada en virtud de la labor de periodismo desempeñada y su constante oposición en actividades políticas".

Por esa situación, "la falla en el servicio de protección predicada de las demandadas, derivó además en la vulneración de los derechos convencional y constitucionalmente amparados, a la libertad de expresión y libertad de conciencia, protegidos por el Derecho Internacional".

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) celebró la decisión del Tribunal de confirmar la responsabilidad del Estado en el homicidio del periodista Edison Molina, pero expuso que la investigación penal ha tenido falencias.

"El próximo 11 de septiembre se cumplen nueve años del asesinato de Molina. Durante este tiempo, se ha fallado en el desarrollo de una investigación eficaz, impidiendo que se pueda sancionar a los autores del homicidio", expresó la Flip en un comunicado.

La Fundación señaló así mismo que el caso de Molina refleja la "completa impunidad en la que viven la mayoría de asesinatos contra periodistas en Colombia", donde en casi en 8 de cada 10 casos no se ha judicializado a los autores materiales o determinadores.

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La Flip indicó también que a finales de marzo le solicitó a la Fiscalía implementar un Comité Técnico Jurídico para evaluar el avance de la investigación del caso de Molina e identificar las fallas que no han permitido encontrar justicia.

"Esperamos que esta nueva sentencia del Tribunal istrativo de Antioquia se traduzca en avances significativos por parte de la Fiscalía en la lucha contra la impunidad. Para la Flip este fallo se posiciona como un importante precedente que debe ser tenido en cuenta por el Estado para establecer lineamientos adecuados sobre la protección a la prensa. Este caso refleja la falta de articulación institucional para atender casos de periodistas que reciben amenazas por razón de su oficio", concluyó.

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