'Cerebro' del crimen de Pecci y otros 345 privados de la libertad asesinados en el contexto de su reclusión

Francisco Luis Correa murió apuñalado en la celda 25 del pabellón 32 de la cárcel La Picota de Bogotá el pasado 2 de enero. Era considerado el cerebro del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en mayo de 2022, en las playas de Barú en Cartagena, durante su luna de miel. Correa es uno de los 346 ciudadanos privados de la libertad que han sido asesinados en los últimos 10 años en el contexto de su reclusión.

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El Instituto Nacional de Medicina Legal practicó, entre el 2015 y el 31 de diciembre de 2024, 346 necropsias médico-legales vinculadas a igual número de presuntos casos de homicidios registrados en los centros de reclusión del país y en los domicilios en los que se purgan condenas. Los centenares de muertes violentas arrojan un promedio de 34 por cada año. El pico de necropsias se registró en 2020, con 47 casos, seguido de 45 en 2022, de 38 en 2016 y de 37 en 2021. El año pasado se practicaron 27 de estos exámenes.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reporta menos casos de muertes: 15 para el año pasado y dos en lo que va de 2025, entre ellas el asesinato del testigo clave del caso Pecci y el de José Luis Marchena Osorio, registrado el 11 de enero con arma de fuego en su prisión domiciliaria en Baranoa, Atlántico.

“Toda persona que ingrese a un establecimiento carcelario está bajo la responsabilidad del Estado, que debe garantizarle, antes que cualquier otra cosa, su vida e integridad personal. Es inisible y preocupante que las personas no puedan estar a salvo en una cárcel, donde están siendo custodiadas”, expresó Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas y abogado de la familia Pecci.

En los últimos años también se han presentado atentados contra sujetos que purgan una condena extramuros, como ocurrió con el exalcalde de Magangué Jorge Luis Alfonso, hijo de la fallecida empresaria del chance Enilce López, a quien un comando de sicarios intentó asesinar en una clínica de Barranquilla en mayo de 2024. Casos como el del ‘Gatico’ no aparecen diáfanos en las estadísticas oficiales al existir subregistro de ese tipo de denuncias.

Según los datos de Medicina Legal, los proyectiles con armas de fuego fueron la principal causa del deceso de 186 privados de la libertad en los últimos 10 años. Las balas aparecen en el 54 % del total de las muertes violentas que ha atendido el Instituto entre quienes purgan una condena. En 2020 se presentaron 32 muertes por balas, y en 2016 y 2019, 22 casos por cada año. El Inpec asegura que la gran mayoría de muertes por armas de fuego no ocurren en las cárceles a su servicio, sino en los esquemas de detención domiciliaria que están en control de los jueces de ejecución de penas y que son supervisados periódicamente por personal penitenciario.

Según la entidad, Juan Diego Rojas, alias Jerry, fue el único recluso intramural que el año pasado fue asesinado con arma de fuego en la cárcel de Jamundí. Era líder de la banda ‘los Rastrojos’ en Tuluá y fue ultimado por uno de sus compañeros de celda. En 2024 también murieron por balas otros siete detenidos en domiciliaria.

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La ONG Temblores, garante de derechos humanos, expresó su preocupación por el registro de cifras dispares entre las autoridades del Estado. “Del total de muertes registradas por Medicina Legal entre 2020 y 2024 se reporta que el 54 % de los casos corresponden a muertes violentas, mientras que el Inpec reporta que en los casos registrados el 20 % corresponden a dicha modalidad. Esto abre un interrogante sobre la manera en la que son categorizadas estas muertes por el Inpec, observando además que hechos como el incendio en la cárcel de Tuluá en 2022, en el que murieron 56 reclusos, que están siendo investigados por la presunta responsabilidad de funcionarios, sean categorizados como ‘accidente’. Es por esto que consideramos importante que estas categorizaciones estén en concordancia con los dictámenes de Medicina Legal”, declaró Lina Porras, investigadora del Observatorio de Violencia Institucional de la ONG.

Después de las balas, Medicina Legal ubica las armas cortopunzantes como navajas o cuchillos como la segunda causa de la muerte violenta de reclusos, con 83 casos (24 % del total) en 10 años. La tercera causa son los objetos contundentes, como palos, garrotes o piedras, con 19 casos (6 %); la cuarta obedece a quemaduras por fuego, con 15 casos (4,5 %), y la quinta, el estrangulamiento, con 12 (3,5 %).

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El Inpec reportó para 2024 cinco muertes por arma cortopunzante, ocho con armas de fuego y dos con objetos contundentes. “Se debe hacer un seguimiento del uso de la fuerza en el interior de las cárceles. Debe haber protocolos claros sobre el armamento con el que cuentan los funcionarios y transparencia sobre el uso que se les da a estas armas”, agregó la investigadora Porras.

En los informes de la entidad del Estado encargada de la investigación forense se advierte que de las 346 víctimas solo ocho son mujeres y el resto son hombres, mayoritariamente entre los 20 y los 40 años. La gran mayoría de presuntos homicidios en cárceles ocurrieron en Valle del Cauca (86), Bogotá (80), Antioquia (30), Santander (18), Tolima (17) y Risaralda (16).

Johan Pardo, líder sindical del Inpec, señaló que los dos casos registrados el año pasado “ponen en tela de juicio la labor de los funcionarios del instituto, los controles y medidas de seguridad en el interior de las cárceles y las medidas tomadas por la dirección general para prevenir esas novedades. Básicamente estos casos son un campanazo, una alerta para que no se repitan”.

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El sistema penitenciario se encuentra en un estado de cosas inconstitucional, declarado por la Corte Constitucional en abril de 1998, por la sistemática vulneración de los derechos de la población privada de la libertad asociada a la indignidad del hacinamiento. Dicho estado se extendió en 2013 por las fallas en la política criminal y penitenciaria del Estado ligadas a la alimentación, la salud, el suministro de agua y otras precariedades con las que conviven los presos. 

“Cuando estas necesidades básicas no se satisfacen, las personas privadas de la libertad tienden a buscar mecanismos alternativos para cubrirlas, lo que puede desencadenar actos de violencia o fortalecer dinámicas de control por parte de grupos ilegales. Por ello es crucial priorizar la mejora de las condiciones básicas y el efectivo a los derechos fundamentales”, remató Porras.

Ana María Cuesta y Jesús Blanquicet - [email protected]