En 2022 van 97 amenazas contra la prensa, cifra más alta en última década

Durante el 1.° de enero y el 20 de mayo del 2022, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) registró que 97 medios y periodistas fueron amenazados. Eso quiere decir que un o una reportero/a ha sido amenazado/a cada día y medio.

Estas cifras convierten al 2022 en el periodo electoral más violento para la prensa en la última década, dijo la fundación, que en este mismo periodo en 2018, en las últimas elecciones presidenciales, registró 61 víctimas de amenazas, es decir, hubo un aumento del 59 por ciento en comparación con este año.

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Los periodistas que han sido amenazados trabajan en 37 medios digitales, 30 emisoras (17 de estas emisoras comunitarias), 10 medios televisivos y 5 medios impresos.

Uno de los hechos más recientes ocurrió el 5 de mayo pasado, cuando 15 medios de comunicación anunciaron su salida del aire por amenazas de muerte del 'clan del Golfo' durante el paro armado que decretó ese grupo ilegal ese mismo día.

Pero además, cuatro meses atrás, un carro bomba fue detonado en Saravena, Arauca, y como consecuencia las sedes de dos medios de comunicación sufrieron daños estructurales. Durante los días siguientes, 16 periodistas del departamento recibieron amenazas. Estos hechos, resaltó la Flip, impactan de manera directa en la ciudadanía que deja de recibir información sobre lo que sucede.

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Según el balance de la Flip, quienes amenazan a las y los periodistas suelen exigirles que eliminen algún contenido o que dejen de cubrir e investigar algún tema.

En otros casos les han demandado que publiquen información de los grupos armados ilegales como panfletos, o les ordenan que salgan del municipio en donde residen y realizan su trabajo; de hecho, en lo que va de 2022, seis amenazas han derivado en desplazamientos forzados y exilios.

De acuerdo con la Flip, las ciudades donde los periodistas han sido amenazados son Medellín, Arauca ciudad, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Tunja, Florencia, Quibdó, San José del Guaviare, Neiva, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Pereira, Barrancabermeja, Cali, Buenaventura.

Por regiones, las que concentran más registros son Arauca y Bajo Cauca. Tan solo en el departamento de Arauca ha habido 16 amenazas que ocurrieron en los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena; en Antioquia se presentaron 9 casos, principalmente en Medellín y la región del Bajo Cauca antioqueño. Además, en Bogotá hubo 15 amenazas.

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Así mismo, la fundación destacó que algunos de los municipios afectados tienen una baja oferta de medios locales, por lo que "basta con que tan solo un medio sea intimidado para que se produzca una reacción en cadena y otros medios también se atemoricen y se vean obligados a autocensurarse. Esto trae como resultado el silencio informativo, que en zonas de conflicto o con problemas de orden público puede ser devastador tanto para la prensa como para la ciudadanía".

El organismo refiere que la mayoría de las amenazas son realizadas por desconocidos (49 casos), grupos armados (25 casos) y particulares (7 casos).

Cuando no se conoce la identidad de quien amenaza, no es posible identificar si hace parte de algún grupo armado, una banda o si es un particular. "Por eso, en estos casos es más difícil desactivar el riesgo de la víctima, pues al no poder identificar al autor, también se desconoce cuál puede ser su capacidad de daño", señaló la Flip.

Casos en los que se conoce la identidad de los agresores ocurrieron, por ejemplo, durante el paro armado del 'clan del Golfo', que amenazó a dos emisoras comunitarias del Bajo Cauca antioqueño para que publicaran un panfleto de este grupo ilegal. Esto llevó a que seis radios comunitarias decidieran salir del aire por los cuatro días que duró el paro.

Además, en Córdoba ese grupo armado exigió que se apagara la planta transmisora que servía a seis emisoras, y en el Urabá, dos periodistas fueron hostigados por hombres armados que dispararon al aire para intimidarlos y obligarlos a dejar de grabar.

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Otro caso de censura por parte de grupos armados ocurrió el 9 de mayo cuando la periodista Salud Hernández fue hostigada, retenida, intimidada y obligada a abandonar Betulia y La Toma, en Cauca, donde realizaba reportería sobre la situación de seguridad.

Hernández le contó a la Flip que primero fue detenida por personas que se identificaron como integrantes de las disidencias de las Farc y luego fue seguida y hostigada por personas que se identificaron como integrantes del Consejo Comunitario. 

Frente a lo que reporteaban los periodistas que han sido amenazados este año, en 37 casos las amenazas estarían relacionadas con el cubrimiento del conflicto armado. "En territorios en los que hay enfrentamientos con grupos armados es más riesgoso hablar de temas que afectan los intereses de personas que tienen un poder económico, social, político e, incluso, militar", señaló la organización.

Temas de corrupción son los segundos que investigan quienes han sido amenazados, en total la Flip registró 11 casos. Luego le siguen seguridad (9 casos), elecciones (9 casos) y manifestaciones sociales (5 casos).

De acuerdo con la Flip, la violencia contra la prensa se agrava por la falta de respuesta estatal, rechazo público y procuración de justicia. "El Estado, a nivel nacional, departamental y local, no se ha enfocado en atender las necesidades y riesgos de la prensa. Por ejemplo, no se ha evidenciado una atención priorizada para activar rutas de protección a periodistas que son víctimas de amenazas", destacó la entidad.

Señalaron que en lo corrido del 2022 han remitido a Fiscalía 12 casos de amenazas, y hasta ahora no se conocen avances significativos en la investigación, lo que a su vez genera una pérdida de confianza de las  víctimas, quienes prefieren no denunciar.

“La respuesta del Estado ante mi situación de seguridad ha sido supremamente lenta. Las denuncias se hicieron finalizando el mes de enero y hasta el momento ni la solicitud que hizo la Fiscalía, la Defensoría, personerías, organizaciones de derechos humanos, todos solicitaron las activación de medidas urgentes para mi caso y hasta la fecha (la UNP) no ha tramitado el caso con la urgencia que merece. No hay ningún interés por parte del gobierno para protegernos a los periodistas, es una cuestión de abandono, de olvido y de desidia”, le contó un periodista amenazado en Arauca a la Flip.

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Otro periodista, que fue amenazado durante el paro del 'clan del Golfo', relató: "Ha quedado demostrado que en las zonas rurales los grupos ilegales tienen más poder que las fuerzas del Estado. Y a los medios nos toca arriesgarnos para poder informar, porque si no lo hago, no tengo trabajo”.

Por todo esto y ante el aumento de la violencia contra periodistas, la Flip pidió a las autoridades intensificar las medidas de protección para garantizar el trabajo de la prensa, e hizo un llamado para que el próximo gobierno incluya esta situación como una de sus acciones prioritarias.

En Twitter: @JusticiaET