La Alcaldía de Cartagena le habría pagado 2.500 millones de pesos por concepto de comisiones de éxito a una firma de asesores externos, a pesar de que no necesitaba contratarla.
Esos pagos se hicieron, según una investigación de la Contraloría, pese a que las funciones que cumplió la firma que recibió el millonario negocio debían ser realizadas por funcionarios de la misma alcaldía.
La función que debían cumplir era intermediar ante el sector financiero para conseguir créditos bancarios para la Alcaldía por 250.000 millones de pesos.
Pero la Contraloría General determinó que no era necesario que el organismo contratara a un asesor externo porque el ente territorial contaba "con el personal y las herramientas técnicas y financieras para tramitar la solicitud sin la intervención de terceros". Especialmente, la Alcaldía tenía a su tesorero que dentro de sus funciones tenía la “estructuración de portafolios financieros especiales como el de las líneas de crédito” y la “istración de portafolios de inversión”.
Además, la investigación del organismo de control asegura que desde antes de contratar a los asesores la Alcaldía ya tenía los indicadores financieros necesarios para acceder a la banca privada y buscar los recursos que necesitaba. Además, tenía las calificaciones de riesgo exigidas para que se le aprobaran esos créditos.
"Así lo había certificado la misma Secretaría Distrital de Hacienda, desde el 8 de enero de 2014, con la documentación que aportó para que fuera presentada en los bancos", dice la investigación.
Por esto la Contraloría General advirtió que "se trató de una contratación injustificada, innecesaria, desventajosa, ineficiente y desfavorable para los intereses del Distrito de Cartagena de Indias", que habría generado la pérdida de esos recursos.
Estas irregularidades fueron detectadas en medio de una actuación especial sobre el manejo de los recursos públicos en el contrato 011 del 2014, que se firmó con asesores externos para "el apoyo financiero y estratégico al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias”.
La firma asesora contratada por la Alcaldía fue SPS ASOCIADOS S.A.S., quien debía realizar el acompañamiento para "analizar las mejores opciones de inversión de los recursos de la ciudad". Como contraprestación adicional a sus servicios, la firma recibió el una comisión de éxito del 1 por ciento de los créditos bancarios que le fueron otorgados al Distrito; los 2.500 millones de pesos.
Este valor fue adicional al que recibieron por conceptos de honorarios, pues el contrato se hizo por 379 millones de pesos, y luego tuvo una adición de 170 millones. En el negocio se fijaron pagos mensuales por 34 millones de pesos por concepto de honorarios. .
El contrato fue suscrito entre el Secretario de Hacienda del Distrito de Cartagena, Carlos José Granadillos Vásquez, el 24 de enero de 2014. La firma asesora SPS Asociadas tiene como representante legal a Carlos Andrés Mercado García.
Endeudamiento dependía del Concejo distrital
En su investigación la Contraloría también determinó que, por tratarse de una operación de endeudamiento de la alcaldía, su aprobación no dependía de la gestión o del acompañamiento de la firma asesora que fue contratada, sino de la autorización del Concejo Distrital de Cartagena.
Además, de forma anticipada, el alcalde de Cartagena Dionisio Vélez Trujillo ya le había solicitado al Concejo una autorización para endeudar a la ciudad por 250.000 millones de pesos. Esa solicitud se hizo el 8 de enero del 2014, por lo que la operación de crédito ya hacía parte de los planes del Distrito, sin que se necesitara la intermediación o la gestión de ninguna firma asesora.
Es decir, "ya se habían solicitado los recursos y el procedimiento para su obtención ya había sido iniciado por la Alcaldía, y sin embargo el Secretario de Hacienda Distrital pactó el supuesto componente de éxito, tratándose de una gestión que ya estaba siendo adelantada por el personal de la Alcaldía Distrital".
La Contraloría también asegura que la autorización que el Concejo Distrital hizo del préstamo, a través del acuerdo 002 del 21 de marzo del 2014, se hizo para que la Alcaldía sacara el crédito por los 250.000 millones de pesos que tenían como destino la pavimentación en la ciudad, infraestructura educativa, hospitalaria y canalización de drenajes pluviales.
Por eso la Contraloría asegura que el Concejo nunca autorizó que se pagaran honorarios por los recursos obtenidos en la operación de endeudamiento. Pese a ello, en el contrato con el asesor externo se pagó la comisión de éxito que se debía pagar con el primer desembolso del crédito, lo que a juicio de la Contraloría "contrariaba la destinación expresa que había autorizado el Concejo Distrital".
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