Seguridad en Colombia: caen homicidio y hurto, pero suben extorsión y violencia intrafamiliar

En los primeros dos meses del año, y pese a la percepción de inseguridad, en comparación con 2023 han bajado casi todos los indicadores de violencia y delitos de alto impacto que afectan la tranquilidad de los colombianos, de acuerdo con las cifras oficiales del Ministerio de Defensa.

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Las cifras del Mindefensa, conocidas por EL TIEMPO, señalan que el homicidio en Colombia pasó de 2.083 hechos el año pasado a 2.069 este año, lo que representa 14 vidas menos que se perdieron en ese periodo. En los dos primeros meses de los últimos 11 años el país registró la cifra más baja de muertes violentas en 2015, cuando fueron 1.923, y el pico más alto fue en 2014, con 2.221. En el más reciente indicador sobre la criminalidad en Colombia también se reportó una reducción de las masacres, al pasar de 69 el año pasado a 32 en los dos primeros meses del año.

El informe añade que los delitos sexuales en Colombia, en el primer bimestre del año, mantienen la tendencia a la baja desde 2022. Ese año se reportaron 5.042 hechos, el año pasado fueron 3.487, y entre enero y febrero de este año se tuvo conocimiento de 3.451 hechos. El pico más alto de este delito en la última década, en los primeros dos meses del año, fue en 2020 con 6.167 casos.

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En el documento del Ministerio se encuentra un capítulo completo para el hurto que es uno de los delitos que más preocupa a los colombianos y que ha bajado en todas sus modalidades. Así, el hurto de vehículos pasó de 8.288 en los dos primeros meses del 2023 a 7.845 en el mismo periodo de este año. El hurto a residencias pasó de 6.001 a 4.897, el hurto a personas de 60.525 a 55.631; hurto a comercio registró 8.184 casos en los primeros 2 meses de 2023 y 4.465 en el mismo periodo de 2024; el hurto a residencias pasó de 18 a 8 hechos, y la piratería terrestre bajó de 32 a 24 casos.

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Sobre estas cifras el experto en temas de seguridad ciudadana Hugo Acero empezó por señalar que el Ministerio de Defensa desde el año pasado tiene cifras distintas a las de Medicina Legal en temas de homicidio, y que no incluye todos los casos. Pese a eso, dijo Acero, efectivamente hay una reducción que es leve pero no por eso menos importante.

“El año 2023 no fue bueno ni en cifras ni en percepción desde el comienzo y hubo un incremento muy alto en la mayoría de los delitos, por lo que cualquier reducción, por pequeña que sea, se notaría”, comentó Acero.

Añadió que el aumento del uso de celulares y de cámaras de seguridad ha llevado a que los delitos casi que se transmitan en tiempo real en las redes sociales, lo que estaría haciendo “que la percepción de inseguridad sea mucho más alta que en épocas anteriores”.

En la otra orilla están otros delitos que se mantienen en aumento, uno de ellos es la extorsión que es uno de los que más preocupa a los colombianos y que se ha empezado a sentir en todas las regiones del país. Según el informe, en los dos primeros meses de este año van 1.519 casos y en el mismo periodo de 2022 fueron 1.371. En los dos primeros meses de 2022 fueron 1.163 casos y en el 2021 la cifra llegó a 1.215.

El analista en temas de seguridad Jairo Libreros sostuvo que desde la pandemia la extorsión ha venido azotando a varios países de la región y que algunas de esas naciones han puesto en marcha estrategias que han empezado a dar resultado.

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“No hay fórmulas mágicas pero ya en otros países se han hecho avances que se pueden replicar en Colombia, lo primero es tener un diagnóstico cierto”, dijo Libreros tras señalar que el Gobierno se equivoca al pensar que la mayoría de casos de extorsión están asociadas a las cárceles, por lo que el bloqueo de las señales de celular no es suficiente para enfrentar el delito.

Añadió que la extorsión se ha extendido a redes criminales de todas las regiones y ha tenido variaciones dando paso a la “extorsión cara a cara en la que se instrumentaliza a menores de edad para llegar a las víctimas”.

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Sostuvo que se deben adoptar paquetes de medidas que pasan por fortalecer la inteligencia policial, la especialización de la Fuerza Pública en esos delitos, el aumento de beneficios a testigos y protección de víctimas para que puedan denunciar; también es necesario golpear las finanzas de las redes criminales que acuden a la extorsión para financiar su funcionamiento. Igualmente dijo que se necesita una mayor articulación del Gobierno nacional con alcaldes y gobernadores para enfrentar cada problemática regional.

Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, agregó que este es un problema nacional con sitios críticos como Barranquilla y que se ha ido transformando. Sostuvo que en los 90 la extorsión financiaba las actividades de grupos al margen de la ley contra el Estado y la presencia del delito especialmente estaba en las zonas rurales, pero ahora se trata de redes criminales presentes en las ciudades que buscan su lucro económico y que encuentran en ese delito una forma de tener control territorial.

Añadió que es clave que las autoridades den las garantías a los ciudadanos para poder denunciar, con lo que se activa la posibilidad real de perseguir a los responsables de las extorsiones.

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En las cifras del Ministerio de Defensa también se reportó un aumento de la violencia intrafamiliar, que pasó de 14.952 casos en 2023 a 22.044 en los dos primeros meses de este año. Ese delito tuvo un pico en 2022 con 22.065 casos luego de una cifra de 19.461 en el 2021.

La directora de Sisma Mujer Linda Cabrera Cifuentes afirmó que el país, por cuenta de las mismas mujeres, ha hecho avances en la protección de sus derechos y garantías pero que aún hay muchos vacíos y falencias.

“No hay suficiente institucionalidad para asegurar los derechos de las mujeres, en este gobierno se avanzó un poco con la creación del Ministerio de la Igualdad, pero aún hace falta mucha institucionalidad”, indicó Cabrera Cifuentes.

Añadió que en el país aún se normaliza la violencia contra la mujer y hay pasividad de las autoridades para judicializar a los responsables de los ataques.

“Aún hay una cultura que valida la violencia contra las mujeres y las niñas y que no permite que tengan una vida libre de esa violencia”, sostuvo.

Por su parte, Ángela Milena Cabra Sierra, abogada especialista en derecho penal, magister en derecho procesal, y litigante de la Estrategia de Género de la Secretaría Distrital de la Mujer, dijo que este delito "no es algo novedoso en nuestra sociedad con tinte machista, siempre ha existido violencia principalmente contra la mujer", y añadió que durante la pandemia de covid-19 se presentaron muchos casos que no fueron denunciados por miedo o desconocimiento de los mecanismos de protección.

Ente las explicaciones para un posible aumento de las cifras, la abogada consideró que la promoción de estrategias para denunciar estos casos y buscar protección podrían haber llevado a que se pongan en conocimiento un mayor número de casos de violencia intrafamiliar y se inice la ruta de atención y protección a las víctimas.

Cabra también indicó que despúes de la pandemia hubo más denuncias porque en la emergencia, especialmente en la primera parte, las mujeres, que son las principales víctimas del delito, encontraron limitaciones para acceder a las instituciones a recibir apoyo oportuno y efectivo. Finalmente recordó que hay distintos mecanismos de protección ante este delito, bien sea judiciales, como la Fiscalía o juzgados, o ante autoridades istrativas como las Comisarias de Familia y, para el caso de Bogotá, la Secretaría Distrital de la Mujer con su estrategia de línea púrpura y manzanas de cuidado.

El gobierno del presidente Gustavo Petro decidió centralizar la lucha contra el narcotráfico en la incautación de cargamentos de droga y no en la erradicación de los cultivos ilegales, lo que ya se refleja en las cifras del Ministerio de Defensa.

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En cuanto a la incautación de cargamentos de coca, en los dos primeros meses de 2022 fueron 125,6 toneladas, en el mismo periodo de 2023 se llegó a 80 y este año a 122 toneladas. Las incautaciones de marihuana pasaron de 57 toneladas en 2022 a 64,7 en 2023 y se llegó a 115,7 este año.

Frente a la destrucción de infraestructura asociada al narcotráfico, el país pasó de 853 construcciones afectadas en 2022, a 986 el año pasado y se han registrado 941 en 2024.

Finalmente, sobre los decomisos de avionetas y embarcaciones asociadas a redes de narcotraficantes, se pasó de 66 entre enero y febrero de 2022 a 109 en el mismo lapso del año pasado y este año van 87.

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