‘Jugar de frente’, el reclamo del Fiscal que abre debate sobre revolcón penal

Sin tener aún ponentes nombrados y durante una audiencia pública realizada en el Congreso, quedaron en evidencia las dificultades que le esperan al proyecto ‘por medio del cual se humaniza la política criminal y penitenciaria para contribuir a la superación del estado de cosas inconstitucional y se dictan otras disposiciones’, presentado por el Gobierno a comienzos de enero y sobre el que incluso legisladores le pidieron al Ejecutivo que se le retire el mensaje de urgencia para analizarlo con más calma.

Al inicio de la audiencia fue escuchado el fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, quien planteó varios puntos de desacuerdo, incluyendo una advertencia sobre los beneficios que podrían recibir capos del narcotráfico.

El jefe del ente acusador afirmó que no se le pueden “abrir huecos al sistema jurídico colombiano” y dijo que, por ejemplo, no está de acuerdo con la despenalización de algunos delitos ni con la eliminación de la posibilidad de imputar cargos por concierto para delinquir a quienes incurran en delitos durante protestas.

En particular dijo que la protesta social es un derecho fundamental, pero que queda desprotegida cuando no se puede tipificar terrorismo o concierto a quienes se aprovechan de ella para cometer graves delitos: “El mejor mecanismo de impunidad para un delincuente es meterse en una marcha”. Tampoco acompañó la idea de despenalizar el delito de inasistencia alimentaria y dijo que eso implica una desprotección a las mujeres. Tampoco apoyó despenalizar la injuria y la calumnia y señaló que los procesos civiles tardan demasiado tiempo.

“No se le puede hacer trampa al país, hay que jugar de frente”, afirmó el fiscal Barbosa Delgado al cuestionar que se están incluyendo beneficios a narcotraficantes.

Dijo que en el parágrafo, tal como lo había anticipado EL TIEMPO, se permite que personas procesadas por delitos asociados al tráfico de drogas puedan recibir gabelas como la suspensión de la pena.

En concreto, se refiere al articulo octavo que modifica el artículo 63 del Código Penal y permite la suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera, segunda o única instancia, cuando la pena impuesta sea de prisión que no exceda de 6 años. La persona ademas tendrá que carecer de antecedentes penales.

Y luego se señala que los jueces podrán conceder el beneficio a personas condenadas por delitos contenidos en varios artículos, entre ellos el 382, que tipifica el tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos. Esto, siempre y cuando el condenado participe “en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (Pnis) o a cualquier otro programa de tránsito a la legalidad o servicio de utilidad pública diseñado para dicho fin”.

El fiscal Barbosa Delgado señaló: “Nos metieron un parágrafo en donde básicamente se está suspendiendo la ejecución de la pena de narcotraficantes en Colombia, juguemos limpio, hagamos el debate aquí, si lo que se quiere es la amnistía en Colombia que se diga, pero no se puede utilizar un mecanismo subrepticio para establecer un beneficio de esa consideración”.

Sostuvo que con esa disposición se está “abriendo un hueco adicional” y cuestionó que “cada semana aparece una perla”, tras insistir en que el beneficio para pequeños cultivadores debe ser concreto y no se puede abrir al gran narcotráfico. “La Fiscalía se opone a este parágrafo como está redactado (...). La ‘paz total’ hay que acompañarla, pero los huecos que le quieren abrir a la ‘paz total’ hay que combatirlos”, añadió.

En la audiencia se le dio la palabra al ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien señaló que no hay ningún espíritu manifiesto u oculto de beneficiar al narcotráfico, “por el contrario, señor Fiscal, usted y yo y el Presidente estamos todos comprometidos en combatir ese flagelo”.

Indicó que es claro y ha sido público que el presidente Gustavo Petro considera que hay que cambiar la estrategia contra el narcotráfico y concentrarla en los traficantes y no “en el eslabón más débil que son los cultivadores de coca”. Insistió en que en el proyecto se menciona que los beneficios son “para pequeños agricultores en situación de pobreza que derivan sus ingresos del cultivo de hoja de coca. Allí no entran los grandes narcotraficantes”.

Osuna señaló que si es necesario, se puede mejorar la redacción del articulado durante el trámite en el Congreso para garantizar que quede totalmente claro que no se beneficia a los narcos.

El ministro dijo que comparte la preocupación del Fiscal sobre beneficios a personas vinculadas a delitos graves y que está de acuerdo en cambiar la norma para evitar cualquier tipo de gabela a quienes estén vinculados a delitos de lesa humanidad.

Frente a la protesta social, sostuvo que el Gobierno lo que busca evitar es un “uso desproporcionado del derecho penal y que se garantiza el derecho a la protesta”.

Y sobre temas como la inasistencia alimentaria indicó que en el 2021 el Congreso aprobó una ley específicamente para este delito que es eficaz para la protección de las personas e incluye sanciones para quienes incumplan con sus obligaciones. Añadió que la penalización de ese delito deja a los menores con un padre irresponsable y además preso.

Igualmente consideró que hay otras formas de enfrentar las injurias y calumnias y que hay un enorme registro de denuncias y muy pocas condenas porque antes de los juicios se dan conciliaciones y desistimientos.

Finalmente, celebró que se dé el debate amplio sobre el tema y enfatizó que “no hay pactos oscuros ni mensajes oscuros y no hay nada oculto” en la iniciativa.

Inmediatamente se pronunciaron varios legisladores sobre las marcadas diferencias frente al texto. El representante Gabriel Becerra señaló por ejemplo que si bien la norma contiene fórmulas para liberar internos, no se va a dar una excarcelación masiva sin ningún control. “Es un proyecto humano que no le hace concesiones al delito”, indicó tras señalar que vale la pena ajustarlo y conciliarlo.

Otra cosa señaló el congresista José Jaime Uscátegui, quien advirtió que masivamente saldrán personas de las cárceles.

El representante Julio César Triana Quintero se sumó al debate pidiendo que el Gobierno le quite el mensaje de urgencia al proyecto para se tenga el tiempo suficiente para examinarlo. Idea que fue respaldada por el congresista Juan Carlos Wills, quien añadió que el Gobierno se apresuró al enviar ese mensaje. “Lo que vimos hoy es que hay que ir con calma, se le debe dar todo el debate con la tranquilidad que amerita”, finalizó.

 La Corte Constitucional ordenó realizar inspecciones judiciales a varias estaciones de policía que sirven de Centros de Detención Transitoria, en el marco del seguimiento que ese alto tribunal realiza a la grave situación de derechos humanos que se vive en estos lugares y en los cuales desde 2022 se declaró la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI).

Las inspecciones, programadas por el despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, se realizarán el 6 y el 14 de marzo en las estaciones de Usaquén, Bosa, San Cristóbal, Usme, Kennedy, en la del Terminal de Transporte, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, Engativá y la Candelaria.

Un auto conocido por EL TIEMPO señala que “en atención a la realidad que se registra en algunos Centros de Detención Transitoria evidenciadas por la Defensoría del Pueblo y diferentes medios de comunicación, la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional Penitenciario, Carcelario y en Centros de Detención Transitoria, identificó la necesidad imperiosa de realizar inspecciones judiciales a varios de tales centros con el objeto de verificar la situación de las personas recluidas en ellos y el cumplimiento o ejecución de las órdenes impartidas por la Corte en la Sentencia SU-12”.

Las inspecciones judiciales serán dirigidas por el Presidente de la Sala Especial con el acompañamiento del equipo de profesionales de esa instancia.

El 20 de febrero este diario público un informe sobre la grave situación de hacinamiento en las estaciones de la Policía que llega al 144 por ciento. Según el informe de la misma Policía, son 21.101 personas detenidas en las estaciones, de ellas 20.248 son hombres; 643, mujeres y 30, integrantes de la comunidad LGBTI+, cuando la capacidad real de las estaciones en todo el país es de 8.000 personas. Esto significa que hay una sobrepoblación de más de 13.000 personas.

A las visitas programadas por la Corte podrán concurrir delegados de la Defensoría, la Procuraduría, Fiscalía, Ministerio de Justicia, la Policía y la Alcaldía de Bogotá. Y las mismas serán filmadas por la Corte.

La Sala de Seguimiento al ECI Carcelario dispuso que la inspección judicial se haga para poder apreciar directamente la situación que allí se registra, para poder adoptar medidas concretas.

William Mendieta Montealegre, Secretario Jurídico de la Alcaldía de Bogotá, destacó las visitas que hará la Corte durante el foro en el que se expuso el proyecto de ‘humanización’ carcelaria que presentó el Gobierno. “La Corte busca evidenciar la grave situación de hacinamiento en centros transitorios ante la negativa de los centros carcelarios de recibir a personas privadas de la libertad”, dijo Mendieta.

El funcionario dijo que la istración de Bogotá comparte los motivos que llevan a la presentación del proyecto, pero advirtió que no se puede avanzar a una excarcelación masiva que ponga en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

Indicó que por cuenta del proyecto saldrían solo en Bogotá unas seis mil personas vinculadas a delitos contra el patrimonio. “Es decir atracadores, cosquilleros, personas que emburundangan a sus víctimas, de allí la preocupación que ha manifestado la istración de Bogotá”, finalizó.

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