EN VIVO: César Manrique se habría quedado con $3.000 millones en maletas por entramado corrupto en la UNGRD

En el Juzgado 66 de Garantías de Bogotá empezó este miércoles la audiencia de imputación contra César Manrique, exjefe de Función Pública, por su presunta participación en el escándalo de corrupción con el que se desfalcó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). 

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La Fiscalía decidió citarlo a imputación de cargos junto a un grupo de otras personas salpicadas, luego de que se conoció que hace dos años habría intervenido en la desviación de recursos para favorecerse ilícitamente.

Manrique viene de ser sentenciado en primera instancia hace tres meses, por la contratación ilegal en la que incurrió durante la alcaldía de Bogotá del hoy presidente Gustavo Petro. Ahora, responderá por delitos que le tiene investigados la fiscal María Cristina Patiño.

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Ella es quien llamó a imputación a otras personas como Édgar Riveros, Sonia Rocío Romero Hernández, Ana María Riveros, Édgar Echeverri, Francisco Estupiñán y Óscar Enrique Cárdenas. Ellos tienen que ver con supuestos beneficios en la adjudicación de contratos y el capítulo de la Fundación Yapurutú.

La fiscal Patiño dijo que aprovechando la posibilidad de decretar calamidades en la UNGRD, varias personas se interesaron en la contratación irregular, y para ello se aba desde entidades a contratistas para decirles las condiciones de los proyectos que iban a salir, para que tuvieran todo listo y se ganaran las convocatorias. A cambio, daban una coima. 

La Fiscalía dijo que imputará concierto para delinquir a César Manrique, Édgar Riveros, Sonia Romero y Óscar Cárdenas, quienes desde mayo de 2023 a mayo de este año, habrían armado con Olmedo López y Sneyder Pinilla una empresa criminal para delinquir con recursos públicos.

Según Patiño, ellos "se concertaron para conformar una empresa criminal a fin de cometer delitos contra la istración pública, interesándose indebidamente en las diferentes modalidades de contratación privada y expedita de la UNGRD, entre las cuales destaca la modalidad adquisición de bienes para asistencia humanitaria de emergencias". 

Esa organización ilegal se interesó, específicamente, en un convenio entre la Unidad y la ANT para atender el desabastecimiento de agua en La Guajira, mediante la compra de carrotanques y desalinizadoras por 98.392 millones de pesos. Además, desde octubre de 2023 a febrero de 2024, se habrían alcanzado a direccionar seis proyectos a cambio de coimas.

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Frente a Manrique, la fiscal dijo que "desde mayo de 2023 acordó con Olmedo López vincular en un cargo directivo de la UNGRD a Luis Carlos Barreto, a fin de una cuota política de participación en la entidad, y en desarrollo de dicho acuerdo, Barreto fue posesionado en junio del mismo año como subdirector de conocimiento. En septiembre de 2023, usted aceptó con López y Barreto a una reunión con funcionarios de la ANT y UNGRD con el propósito de dar celeridad al trámite de reducción y liberación de recursos, del convenio 9677CV0200212023 suscrito entre estas entidades, a cambio de controlar la contratación que se realizaría por el valor de los recursos reducidos del convenio".

Al parecer, el exdirector de Función Pública definió con López el porcentaje de la coima a recibir, y le dio el aval a Barreto designar a Edgar Riveros "como la persona encargada de entregar los nombres de las empresas a quienes se direccionarían los contratos y órdenes de proveeduría". Asimismo, "desde enero a marzo de 2024, usted obtuvo un provecho ilícito de 3.000 millones de pesos producto de la coima solicitada y derivada del contrato celebrado por la UNGRD con la corporación Yapurutú, cuyo objeto consistió en adquirir 40 carrotanques pequeños", dijo la fiscal.

Esos 3.000 millones, según la Fiscalía, los recibió en maletas a través de un antiguo integrante de Función Público llamado Jorge Aristizábal: "Este dinero fue entregado en maletas en efectivo, entre enero y marzo de 2024 en varias oportunidades por Ana María Riveros y Édgar Riveros a Barreto, y este a su vez a Jorge Aristizábal, funcionario de Función Pública designado por usted para recibirlo".

Por su lado, Édgar Riveros sería el enlace que entregó los nombres de los contratistas interesados en los negocios irregulares. Y en octubre de 2023, según la tesis del ente acusador, a través de Luis Carlos Barreto vinculó al entramado a su hija Ana María Riveros y su cuñada Sonia Romero, "con el propósito de que esta última en compañía de Óscar Cárdenas y otros contratistas de la Unidad adscritos a la subdirección de Manejos de Desastres tramitaran el proceso contractual que se realizarían con los recursos reducidos del convenio entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la ANT, y asegurar su direccionamiento".

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Para torcer contratos, Édgar Riveros utilizó a Office Abogados SAS, cuya representante legal es su hija Ana María, para recibir de Yapurutú la plata ilícita de la coima que iba para Barreto y López, a quien finalmente no le giraron.

Frente a Óscar Cárdenas, indicaron que se organizó con Sonia Romero para estructurar contratos con el fin de favorecer los intereses de las personas ya elegidas. "Usted favoreció en la evaluación del componente técnico a las empresas que hacían parte del grupo delincuencial y que estaban dispuestos a pagar una coima por cada adjudicación", le subrayó la fiscal.

Con César Manrique ya son cuatro las altas fichas del gobierno Petro imputadas por este escándalo. Se suma a Olmedo López, exjefe de la UNGRD; Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones; y Carlos Ramón González, exjefe del Dapre y de la DNI. De hecho, son cinco si se tiene en cuenta que el martes la fiscal María Cristina Patiño anunció que va a imputarle cargos al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla.

Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - [email protected]