La Fiscalía General de la Nación, a traves de la Dirección Especializada contra la Corrupción, llamó a juicio a dos personas que ocuparon altos cargos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), quienes habrían ayudado a un tercero a quedarse con un software de la entidad.
Las personas acusadas son el exvicepresidente técnico Juan Fernando Martínez Jaramillo; el exsupervisor de contratos de la ANH, Víctor Manuel Sepúlveda Castañeda; y el particular Orlando Alberto Nieto Guzmán.
Los delitos que se señalan a estas tres personas son falsedad ideológica de documento público, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
La acusación nace de una investigación que empezó hace años con el Contrato 193 de 2013, el cual fue suscrito entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y una unión temporal de la que formó parte Orlando Nieto. En un principio, la idea era diseñar e implementar un software para actualizar y modernizar el banco de información petrolero del país.
La suma del contrato era de un valor cercano a los 18.732 millones de pesos, y para este se fijó un plazo de ejecución de siete meses. Así mismo, se dispuso que las licencias y demás especificaciones fueran de propiedad y uso exclusivo de la Agencia, la cual podría compartirlo en algunas excepciones con entidades afines a sus objetivos misionales.
Así quedó en el papel, pero en agosto de 2014, el contrato fue liquidado sin que se suscribiera la certificación de entrega del programa. Esto habría generado que el contratista llamado a juicio se apropiara del software y obtuviera un título de derechos de autor por encargo. En 2015, el acusado buscó a la Agencia para ofrecer, presuntamente, la devolución de la propiedad de la plataforma si le daban otro contrato por 7.818 millones de pesos, por el concepto de mantenimiento.
Tras años de investigación, se estableció que esta persona no ha entregado los derechos del software a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, lo que causó un peculado de 18.732 millones de pesos. Por tal motivo, un fiscal de la delegada contra la Corrupción decidió, luego de las evidencias, llamar a juicio a los dos exfuncionarios, ya que habrían permitido que el tercero se quedara con la propiedad.
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