Dos muertes violentas en menos de tres días: ¿qué hay detrás de la ola de violencia en La Picota?

La cárcel más grande del país arrancó el año con malas noticias. En menos de tres días, el testigo estrella en el caso Pecci fue asesinado en el pabellón de máxima seguridad y un privado de la libertad se quitó la vida, hechos que reavivaron el debate sobre las condiciones de control y vigilancia en la penitenciaría.

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En la madrugada del 3 de enero, Francisco Luis Correa Galeano fue ultimado en su celda por otro interno, quien lo atacó con un arma cortopunzante. La Policía Judicial maneja dos hipótesis sobre el crimen; una apunta a que se trató de una riña entre reclusos, mientras que la otra, que ha ganado fuerza en la defensa del proceso, se sugiere que el asesinato fue una retaliación por su colaboración con la justicia.

Galeano era el único implicado en el cinematográfico sicariato contra el fiscal paraguayo antimafia Marcelo Pecci que había declarado. Como parte de un preacuerdo con la Fiscalía, señaló a los hermanos Andrés y Ramón Emilio Pérez, alias El Chino y alias Tío Rico, así como al expresidente Horacio Cartes como presuntos autores.

Varias normas fueron violadas para llevar a cabo su asesinato, entre ellas la tenencia ilegal de armas y falencias en la vigilancia, que resultan aún más evidentes tratándose de un pabellón especial de alta custodia. Debido a estas irregularidades, la Oficina de Control Disciplinario del Inpec abrió una investigación interna.

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No se había calmado la tormenta cuando, dos días después, en el mismo penal, fue reportada otra muerte violenta. Iván José de la Rosa, condenado por el feminicidio de Stefanny Barranco, se quitó la vida.

Para el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, aunque cada caso será investigado de manera individual, el trágico balance de las últimas 48 horas responde a una tendencia común en las épocas decembrinas y de inicio de año en las cárceles del país, donde suelen presentarse hechos violentos.

"La abstinencia y el encierro provocan que se den eventos desafortunados. Hemos adelantado un operativo inmediato para registrar todas las celdas y realizar exámenes psicológicos a las personas involucradas, con el fin de evaluar su estado de salud mental", afirmó el funcionario.

Sin embargo, otras fuentes del penal le informaron a EL TIEMPO que, en paralelo a la temporada, esta cárcel presenta deficiencias estructurales que facilitan el crimen intramural, casos de corrupción entre la guardia e incluso fugas, como la de 'Matamba' en 2022.

La magnitud de la cárcel, con capacidad para más de 7 mil internos, sumada a la obsolescencia tecnológica, son, según la fuente, dos de los factores que reducen el margen de maniobra del personal que no supera las 800 personas, entre dragoneantes y istrativos tanto para prevenir como para actuar ante emergencias.

"Entre más grandes, más difíciles son de controlar. En el edificio nuevo, por ejemplo, donde fue asesinado el testigo, queda ubicado el pabellón 32, que se supone es de máxima seguridad. Allí están alojados internos con un perfil alto. Pero, operativamente, funciona como la cárcel vieja. Tiene pocas unidades de guardia, no tiene máxima tecnología, su sistema de cámaras y de sensores no sirve... como se entregó, ya no hay nada", agregó.

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En cuanto a las muertes violentas, desde la guardia aseguraron que son situaciones que, debido a problemas estructurales de base, pueden ocurrir. Respecto al suicidio, aunque existen protocolos de salud mental, destacaron que "es imposible decomisar todos los elementos que podrían usarse para ese fin". El caso de los homicidios es más prevenible. Aún así reconocieron que existen dinámicas cotidianas en las cárceles que, manteniendo la hipótesis de una riña, se prestan para este tipo de agresiones.

"Algunas celdas son compartidas, y se ha reportado que el mismo compañero atacó al otro. Además, durante el día los internos interactúan con los demás del pabellón. No se puede obligar a una persona a permanecer 24 horas en su celda, a menos que existan amenazas o riesgos para su seguridad", precisaron.

En el caso de Correa Galeano, Francisco Bernate, apoderado de la familia Pecci, le dijo a este diario que había advertido sobre el peligro que corrían testigos, abogados y fiscales del caso, y que solo se enteró de que el interno había sido trasladado del búnker de la Fiscalía a La Picota el día de su muerte.

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No obstante, el director del Inpec afirmó que no se conocían amenazas en su contra. En esos casos, hay un procedimiento a seguir, en el que el privado de la libertad es trasladado a otra cárcel o internado en una Unidad Especial, como las guarniciones militares.

Posterior a la resonada fuga de 'Matamba', la Procuraduría realizó una inspección en La Picota, que concluyó en un informe en el que, entre varias deficiencias, subrayó las precarias condiciones de seguridad, el reducido número de personal de la guardia y la falta de tecnología y protocolos necesarios para una penitenciaría de estas características.

Durante el procedimiento, también se formularon cargos contra el director de esa época, Juan Javier Papa Gordillo, y seis guardianes. 

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Redacción Justicia