Mindefensa le responde a Claudia López: dice que Policía no cometió masacre

Sigue viva la discusión sobre los resultados de una investigación —solicitada por la alcaldía de Bogotá y apoyada por Naciones Unidas— que concluyó que la Policía Nacional de Colombia es responsable de la muerte de 11 personas en las protestas de septiembre de 2020.

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Luego de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, calificó el hecho como una masacre (lo cual es una de las conclusiones del informe), el ministro de Defensa, Diego Molano, se pronunció al respecto.

La investigación que despertó la polémica le puso la lupa a la ola de violencia que se desató en Bogotá luego del asesinato del abogado y taxista Javier Ordóñez el 9 de septiembre del año pasado, y que se extendió hasta el día siguiente.

En entrevista con Blu Radio, Molano aseguró que es inaceptable calificar los hechos como una masacre.

"Es importante identificar lo que pasó. Por supuesto, lamentamos la muerte de Javier Ordóñez y por eso somos los más interesados en que se haga justicia, como ya sucedió, que hay un policía en este momento condenado y el otro en proceso de investigación. El 9 de septiembre la ciudad estuvo bajo ataque. No se puede decir que hubo una masacre de la Policía. Eso es inaceptable", dijo el jefe de la cartera de Defensa.

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Aunque el informe asegura que la Policía reaccionó de forma "desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad en la atención de las manifestaciones ciudadanas ocurridas en Bogotá y Soacha", Molano hizo un llamado a respetar el debido proceso.

"Corresponde a las autoridades judiciales otro proceso para señalar los responsables. Es inaceptable que se califique como una masacre de la Policía . Los policías tienen derecho al debido proceso. No puede un informe independiente juzgar a los policías sin permitir que las autoridades que corresponden, que son la Fiscalía y la Procuraduría terminen esos procesos", le dijo Molano a Blu Radio.

Como contó EL TIEMPO, el informe es el resultado de una investigación académica y extrajudicial, que complementa la labor investigativa de autoridades judiciales y disciplinarias, y que fue liderada por el exdefensor del Pueblo Carlos Negret y siete investigadores, contratados a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

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El documento, de 177 páginas, señala varias prácticas violentas durante los dos días, entre las que se encuentran: detenciones arbitrarias, estigmatización de la protesta social, uso ilícito de la fuerza, impunidad y violencia contra la Fuerza Pública.

Otra de las conclusiones de la investigación es que la estrategia investigativa para la judicialización de los crímenes ocurridos en el marco de las manifestaciones es escasa.