¿Deben anularse los casos que llevó a cabo fiscal que no tenía título de abogada y engañó al sistema?

Una inusual situación se presentó en la justicia colombiana con Claudia Elena Lozano Doria, una fiscal que sin tener el título de abogada -requisito indispensable para el cargo- durante varios años estuvo en la Fiscalía General de la Nación conociendo de investigaciones penales. 

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La historia ha ocupado las páginas de varios medios de comunicación locales durante varios años, y arrancó a inicios de los 2000, cuando esta mujer ocupó diversos puestos en el ente acusador en seccionales de la costa Caribe, en donde procesó a ciudadanos por distintos delitos valiéndose de la tarjeta profesional de abogada que había sacado una amiga suya, María Consuelo Mestre, graduada de la Universidad del Sinú.

De acuerdo a las fechas de su hoja de vida, en el ente acusador fue promovida como fiscal durante la istración del exfiscal general Luis Camilo Osorio, y después bajo la era del exfiscal Mario Iguarán.

La documentación falsa la llevó a trabajar en La Guajira -donde fue directora-, Atlántico y Bolívar, hasta que las autoridades se dieron cuenta de la suplantación y fue procesada por los delitos de uso de documento falso y fraude procesal, sobre los cuales el Tribunal Superior de Bogotá se pronunció este año fallando con una sentencia de 12 años en su contra, la cual está en casación ante la Corte Suprema de Justicia.

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La historia de Claudia Lozano Doria -esposa del político Pedro Norberto Castro- se destapó hace años y estuvo a punto de prescribir. En los estrados judiciales tuvo un antecedente con un preacuerdo de 2016 presentado ante la Corte Suprema, en aras de buscar beneficios judiciales. Sin embargo, al renunciar a la Fiscalía, la procesada perdió el fuero teniendo en cuenta que los delitos cometidos presuntamente no sucedieron cuando era directora de la Seccional en La Guajira. 

El investigador del caso optó por acusar a la fiscal, quien enfrentó el juicio en el Juzgado 42 de Conocimiento de Bogotá, el cual el 17 de enero pasado la sentenció en primera instancia a 12 años, fallo confirmado en febrero por el Tribunal, y que actualmente está en casación en la Sala Penal de la Corte.

En los últimos días la historia fue recogida por la periodista Juanita Tovar, quien en una columna de opinión para Diario del Huila narró algunos detalles de este inusual caso. Tras las publicaciones, expertos plantearon un debate en redes y en diálogo con este diario frente a si las medidas que adelantó la fiscal contra procesados durante su paso por la Fiscalía deben desestimarse.

El abogado Santiago Trespalacios es de la tesis de que sí deben anularse todas las actuaciones en las que ella estuvo al frente. "¿Cuántas injusticias no habrá llevado a cabo y cuántos procesos hoy carecen de legitimidad que hayan sido promovidos por ella? Si nos tomamos en serio nuestras garantías, nuestro estado de derecho, toda limitación de derechos que se haya realizado por petición de esta fiscal, toda condena, debe ser anulado y dado por no existente", se preguntó el penalista.

Para él, este tipo de situaciones no le hubieran pasado a un defensor, ya que siempre deben mostrar su tarjeta profesional en las audiencias a las que asisten, "pero brilla por su ausencia la misma verificación hacia donde nuestra contraparte, en donde por ir en nombre de la Fiscalía no le solicitan ningún documento que acredite su idoneidad", comentó.

Por su parte, para el penalista Camilo Burbano si bien este es un hecho desafortunado, no es el único, y frente a situaciones como estas "las altas cortes han entendido que no se da lugar a la nulidad en los procesos por el solo hecho de la suplantación, sino que se tiene que entrar a examinar proceso por proceso para determinar si por el hecho de la suplantación se afectaron las garantías fundamentales de las personas vinculadas". Es decir, no se caería el expediente por el hecho de que ella no sea abogada.

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Ambos penalistas, así como la periodista en su columna, mencionaron la falta de controles en el ente acusador que se pusieron al descubierto con este caso. "Sí sorprende que a la Fiscalía pese a que realiza unos actos muy específicos para la vinculación de sus fiscales y de las personas de la parte istrativa, se le pasen estas cosas. Lo que debería suceder es que haya unos mayores controles por parte de la verificación de las personas que van a ingresar a la Fiscalía".

Trespalacios cerró su intervención recalcando en que "no hemos decidido asumir el costo del error judicial promovido por el delito, la falsedad, la ilegitimidad, y por eso aunque sea costoso considero que debe anularse todo caso promovido por esta ciudadana".

Carlos López - Redacción Justicia - @CarlosL49 - [email protected]