Aplazamientos de audiencias penales, uno de los males más graves de la justicia

En Colombia, casi la mitad de las audiencias penales –muchas de ellas programadas con meses de anticipación– terminan aplazadas, suspendidas o canceladas. De 1’130.488 audiencias del 2022, unas 530.000 resultaron fallidas, con el consiguiente desgaste para el aparato judicial.

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Las aplazadas fueron 364.686, y en una de cada cuatro (24,2 por ciento) la causa fue la inasistencia del defensor público. En una de cada cinco (20,9 por ciento) no apareció el fiscal, y en al menos una de cada diez (11,9 por ciento) el que no llegó fue el abogado contratado por el procesado.

Pasto, donde se hacen siete de cada diez audiencias, es la capital con mejores números. En contraste, en Barranquilla, casi siete de cada 10 diligencias no se hicieron. Bogotá y Medellín, las dos ciudades con mayores recursos y más fortaleza en el aparato judicial, logran realizar en promedio el 57 por ciento de las citaciones programadas.

Cifras como estas, reveladas en un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia construido con datos entregados por la Fiscalía, ponen en evidencia los frentes que están haciendo agua en el Sistema Penal Acusatorio vigente desde 2005. La altísima cifra de audiencias aplazadas impacta directamente otro indicador crítico: el de las libertades de procesados por vencimiento de términos.

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En promedio –dice Excelencia en la Justicia en relación con el 2022–, el 9 por ciento de las personas con detención privativa recuperaron su libertad mediante esta figura. Trece de cada 100 capturados por hurto, 12 de cada 100 por concierto para delinquir y, más grave, uno de cada diez capturados por homicidio volvieron a las calles porque la justicia no cumplió con los términos de ley para avanzar en sus procesos.

Los datos de Excelencia en la Justicia e informes del ente investigador conocidos por este diario reportan que, en promedio, en cuatro de cada diez asesinatos (43,53 por ciento) se producen avances de esclarecimiento que llevan a capturas y condenas. Frente a las cifras de hace cuatro años es una mejoría, pues entonces la tasa era del 27,72 por ciento.

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El panorama también es complejo frente a los delitos sexuales, pues la Fiscalía reporta que apenas el 37,25 por ciento de los casos denunciados avanzan hacia su esclarecimiento. De nuevo, las cifras son mejores con respecto a años anteriores: en 2020, esa tasa estaba en el 12,63 por ciento.

Los resultados, en cambio, son positivos en cuanto a feminicidios (esclarecimiento en el 96,41 por ciento de los casos, ocho puntos más que en 2020), y en casos por homicidio de líderes sociales, que tiene un esclarecimiento del 74,1 por ciento.

Tan solo en el 2022, la Fiscalía recibió 1’787.738 denuncias, de las cuales casi 800.000 estaban relacionadas con delitos contra el patrimonio económico. Casi 750.000 del total de noticias criminales (que se abren tras una denuncia) se archivan porque no se lograron establecer mayores datos acerca del presunto responsable o de la víctima. Otros 537.000 casos fueron archivados por conducta atípica o inexistencia del hecho.

En el 2022, los jueces profirieron 45.654 sentencias, correspondientes a 18.880 condenas por preacuerdo, 8.488 vencidos en juicio, 7.472 aceptaciones de cargos y 10.814 absoluciones. Un dato que llama la atención es que el 43,3 por ciento de los casos de ese año en Bogotá terminaron en absoluciones. Otro informe sobre cifras de la justicia, conocido por este diario, señala que en los últimos cuatro años la Fiscalía llevó a juicio a 437.000 acusados.

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Los datos de la Fiscalía muestran también que año a año el número de casos que se acumulan en los despachos de jueces y fiscales sigue en aumento: en 2021 había 1’425.905 procesos activos, en 2022 eran 1’787.738 y el año pasado, 2’863911.

Hermens Darío Lara, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, señaló que el sistema desde su creación “entró con serias deficiencias” desde lo que tiene que ver con personal, pasando por la Fiscalía hasta lo concerniente a la Policía Judicial. Añadió que buena parte de las tutelas contra la Fiscalía tienen relación “con esa mora en la actividad investigativa” de la entidad.

Para el penalista Camilo Burbano, en general la justicia penal tiene unos problemas de gestión importantes: “Esto es un problema que no se resuelve con leyes, sino que fundamentalmente es un problema de gestión de recursos” y no de “populismo punitivo”.

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Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, fue más allá y dijo que sin la pandemia el sistema “habría colapsado” y que el paso, al menos temporalmente a la virtualidad, bajó las cifras de aplazamientos y permitió el avance de los procesos ante los jueces. Bernate señaló que parte de los problemas que persisten en el Sistema están relacionados con el tratamiento que se le da a la defensa pública.

“Son colegas, que merecen respeto y que hoy son obligados a asumir audiencias sin un tiempo para prepararse, y peor, los tienen como repuesto por si un abogado no asiste. Es una falta absoluta de respeto”, dijo.

Finalmente, el penalista José Moreno manifestó que el problema es de fondo y que el derecho penal debe operar solo en casos excepcionales para tratar de solucionar los conflictos.

Por otro lado, sobre el tema, Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, habló con EL TIEMPO sobre el informe y las cifras presentadas.

Tras dos décadas de su entrada en funcionamiento, las cifras parecen indicar que el sistema como tal –y como viene operando– es susceptible de mejorar en varios aspectos. La mayor preocupación de la Corporación tiene que ver con la impunidad con la que cierra buena parte de los procesos judiciales que, por lo general, están relacionados con delitos de alto impacto.

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Por mencionar solo algunos de estos problemas, el número de fiscales es insuficiente para atender la demanda de justicia penal en el país, razón por la cual un mismo fiscal puede tener a cargo más de mil expedientes. Adicional a lo anterior, la Corporación estima que solo el 21 por ciento de los fiscales tienen nombramiento en propiedad, es decir, el 79 por ciento está vinculado provisionalmente.

Esta inestabilidad laboral puede contribuir, entre otras, a que un expediente cambie de fiscal encargado más de una vez. Más de la mitad de los procesos que llegan a juicio oral obtienen una sentencia absolutoria, lo cual demuestra la falta de acción articulada en el ejercicio de la acción penal. Este porcentaje ha venido en aumento durante los últimos diez años.

La virtualidad ha permitido acelerar el desarrollo de varias etapas procesales al facilitar la concurrencia de los distintos intervinientes del proceso. En ese sentido, la Corporación ha identificado que, a partir de 2020, el porcentaje de audiencias penales canceladas en el país se redujo en más de la mitad, lo cual indudablemente contribuye a reducir los tiempos procesales del sistema en el país.

Redacción Justicia

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