Los procesos de las fichas cercanas al presidente Petro que se han ido moviendo en la Corte Suprema de Justicia

Dos casos que se remontan a la Alcaldía de Gustavo Petro se han movido este año en la Corte Suprema de Justicia. Ambos casos tienen como protagonistas a dos personas cercanas al actual jefe de Estado.

(Lea:  ¿Por qué la Fiscalía pide condena contra César Manrique Soacha, actual director de la Función Pública, por hechos ocurrridos en la alcaldía de Gustavo Petro?)

La movida más reciente se registró el miércoles 12 de junio, cuando la Fiscalía solicitó condena para César Manrique Soacha, actual director del Departamento istrativo de la Función Pública, por la compra de 100 motos eléctricas durante la alcaldía de Petro en el año 2012.

La solicitud del ente acusador se da por los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y el de peculado por apropiación.

Para el momento en que se remonta el caso, Manrique Soacha era gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS) (actual Departamento istrativo del Servicio Civil Distrital) y, se relaciona con presuntas irregularidades en el contrato para la compra de las motos.

En la diligencia del miércoles, Manrique Soacha, expuso sus alegatos y explicó: “Yo no recibí las motos, se recibieron 8 meses después de yo dejar el cargo”, dijo.

Según la investigación, se hizo la contratación directa de las motocicletas eléctricas tipo cross para el fondo, al servicio de la Policía Metropolitana de la capital, a un costo individual de $43.570.000, para un total de $ 4.357 millones y según las autoridades, se eludió el deber de realizar una licitación pública y se contrató de manera directa, “vulnerando las normas de contratación, advirtiendo, además, un inusitado afán del entonces gerente por suscribir el contrato”.

Lo que sigue dentro de este caso se conocerá el próximo 18 de julio, debido a que la Sala Especial de Primera Instancia (que lleva el caso) aplazó la diligencia para continuar escuchando a las partes para tomar una decisión de fondo en el caso.

El otro caso se relaciona con María Gilma Gómez Sánchez, exdirectora de la Unidad istrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá, a quien la Sala de Casación Penal de la Corte la condenó a 6 años y 8 meses de prisión como autora del delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.

La decisión la tomó la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que estudió un recurso de casación que la exfuncionaria de Petro interpuso contra una condena por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por su rol en el caso de la máquina 'tapahuecos’ con la cual la istración del entonces alcalde Petro prometió reparar 220.000 huecos de las vías de la capital.

Según la Sentencia, como se trataba de una obra pública, el contratista debió haber sido escogido por medio de un proceso de licitación. Sin embargo, el proceso demostró que la ingeniera Gómez Sánchez, de forma artificiosa e injustificada, lo tramitó con un contrato de ciencia y tecnología, en la modalidad de transferencia tecnológica, camuflando la verdadera naturaleza de este que, como ya se dijo, era de obra pública.

La historia de la máquina 'tapahuecos', que en realidad fueron cuatro máquinas, se remonta a la firma, por más de 11.000 millones de pesos, del contrato N.° 638 del 27 de diciembre del 2013, que tuvo un otrosí el 14 de febrero de 2014. Según expuso en su momento la Fiscalía, ese contrato se “camufló” como si fuera de ciencia y tecnología, “cuando su objeto real era de obra para el mantenimiento de la malla vial”.

JESÚS BLANQUICET

Redacción Justicia

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