Lo que implicaría la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional por la crisis en el sistema de salud

Si la Corte Constitucional acoge la petición que han realizado la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para declarar un Estado de Cosas Inconstitucional (Eci) por la crisis actual en el sistema de salud, esa sería la séptima ocasión en la que el alto tribunal activa dicho mecanismo extraordinario que ha utilizado en otras situaciones excepcionales ante la vulneración masiva y sistemática de derechos.

Desde el Colegio de Abogados en Derecho Médico respaldan la solicitud de un Eci que en su momento hicieron el entonces defensor del Pueblo, Carlos Camargo, y la procuradora General Margarita Cabello, para que se declare una gravísima crisis por la violación sistemática del derecho a la salud. 

Dicho colectivo jurídico advierte que "es claro que están dados los presupuestos que ha establecido el máximo tribunal para la declaratoria del Eci".

"Desde el mismo seguimiento a la sentencia T-760/08 se ha evidenciado cómo el Ministerio de Salud ha incumplido varias de las órdenes allí dadas, se han expedido actos istrativos para dar destinación diferente a la UPC (Unidad de Pago por Capitación) que han conllevado, inclusive, a que el mismo tribunal decrete medidas cautelares de suspensión de tales decisiones", expresó Jesús Albrey González, presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico.

"Ahora se presenta un grave riesgo cuando se decreta un aumento de la UPC a todas luces insuficiente para garantizar el derecho fundamental a la salud, lo que de por sí ya está generando una vulneración masiva del derecho, que se refleja en el creciente aumento de las peticiones y quejas reportadas ante la Superintendencia de Salud", agregó el jurista. 

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La exdirectora jurídica de la Superintendencia de Salud y consultora en derecho médico, María de los Ángeles Meza, coincide en que es "inminente" la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional pues "Colombia se encuentra en una situación inédita en materia de salud". 

"Nunca antes la crisis había llegado a tal extremo. Nunca antes los funcionarios públicos encargados de solventar las dificultades propias del sistema habían permitido que con sus omisiones se concretaran tanta violaciones al derecho a la salud y a la vida de los habitantes del territorio", agregó 

"Esto lo dicen las estadísticas de los pacientes y hospitales, las cifras de la asfixia por retenciones de giros de presupuestos máximos, la desfinanciación de la UPC, las escasez de medicamentos que antes existían, el aumento en el número de quejas", añadió la abogada Meza.

La abogada Ana María Vesga, presidenta de Acemi, el gremio de las EPS del régimen contributivo, coincide en que "la declaratoria es un llamado de urgencia para que el gobierno tome las medidas que conduzcan al restablecimiento del goce efectivo del derecho". 

"Esto tiene todo el sentido en las condiciones actuales del sistema : Incremento de quejas reclamos y tutelas, desabastecimiento de medicamentos, cierre de servicios, grave crisis hospitalaria y deterioro financiero de todos los actores", agregó Vesga.

En contraste, otros abogados como Alberto Bravo expresidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas de Colombia (Asinfar), advierten que no están dadas las condiciones para la declaratoria de dicho Estado.

"Carece esta solicitud de los requisitos que exige la Constitución y  la jurisprudencia constitucional. No está demostrado que haya una vulneración masiva y permanente y total de las obligaciones que tienen el Estado y el Gobierno para atender los innumerables problemas que se originan de la prestación del servicio de salud. Me parece que han sido efectivos, como los hechos lo demuestran, los pronunciamientos vía tutela que las diferentes autoridades judiciales han emitido para proteger la vida y la salud de las personas", dijo Bravo.

Otros juristas han advertido que no es necesaria la declaratoria de un Eci sobre la materia pues desde el año 2009 la Sala Plena de la Corte Constitucional creó una Sala de Seguimiento a la sentencia T-760 de 2008, en la que se determinó que la salud era un derecho fundamental y en la que se han impartido órdenes contundentes para el sistema. 

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“Esta una importante herramienta, con la Sala de Seguimiento es suficiente para que se cumpla con esta sentencia", añadió Kenneth Burbano, decano de la facultad de derecho de la Universidad Libre. “La Corte puede seguir como viene, es decir, realizándole seguimiento a la sentencia T-760 de 2008”, agregó el abogado Enan Arrieta.

La figura del Estado de Cosas Inconstitucional (Eci) no aparece en la Constitución Política de 1991 pero fue desarrollada desde el año 1997 por la jurisprudencia de la Corte. Cada vez que se declara un Eci, el alto tribunal reconoce la existencia de una gravísima crisis asociada a la denegación reiterada de derechos e imparte órdenes encaminadas a superarla.

Los Eci no necesariamente se consideran una derrota o un golpe para los gobiernos de turno, pues sus órdenes cobijan a numerosas instituciones del Estado y de diversas ramas. 

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El primer Eci que declaró la Corte ya completa 26 años y se produjo en abril de 1998, durante el gobierno de Ernesto Samper, con ocasión de la gravísima vulneración de los derechos de la población privada de la libertad asociados a la indignidad del hacinamiento. 

Dicho Eci se amplió en 2013, en la Presidencia de Juan Manuel Santos, para declarar fallas en la política criminal y penitenciaria del Estado ligadas a la alimentación, la salud, el suministro de agua y de otras precariedades con las que conviven los presos. Y en 2022, durante el mandato de Iván Duque, se volvió a extender dicha situación de crisis esta vez para los centros de detención transitoria y estaciones de Policía.

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En 2004, durante el gobierno de Álvaro Uribe, se declaró otro Eci por la vulneración de los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, una crisis que aún no ha podido superarse y que completará veintiún años en seguimiento pese a todas las órdenes estructurales que se han impartido para contrarrestarla.

En 2017 y en el gobierno de Santos, su sucesor, también se declaró otro Estado de Cosas Inconstitucional asociado a la alta tasa de mortalidad de los niños del pueblo indígena Wayúu en la Guajira.

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Al presidente de la República Gustavo Petro también le han correspondido este tipo de declaratorias. En diciembre del 2023,  la Corte ordenó un Eci por la violencia que persiste contra los líderes sociales del país. 

Dicha crisis se sumó a otro Eci que se declaró en enero de 2022, durante el gobierno de Iván Duque, por los asesinatos y la situación de seguridad de los excombatientes de las Farc que firmaron el Acuerdo de Paz de 2016.

El único Estado de Cosas Inconstitucional que se ha levantado formalmente es aquel que se declaró en el año 2013, durante la Presidencia de Santos, por la crisis en el régimen pensional de prima media y la transición del Instituto de Seguro Sociales (ISS) a la istración Colombiana de Pensiones - Colpensiones-.

Dicho Eci se superó dos años después con la agilización de los trámites pensionales. Cuando se declaró la crisis, habían más de 287 mil peticiones pensionales con términos vencidos y, cuando se levantó el Eci, quedaban poco más de 21 mil. 

Para declarar uno de esos Estados, como el que se superó en materia pensional, "debe ocurrir la vulneración masiva o generalizada de derechos fundamentales que genere un impacto significativo sobre un número amplio de personas, la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar derechos, la adopción de prácticas inconstitucionales con la instauración de las acciones de tutela para garantizar el derecho vulnerado", entre otros requisitos, puntualiza el decano Burbano. 

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia [email protected]