Las tres investigaciones por corrupción que enredan al congresista Arias

El pasado 4 de abril de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación formal y llamó a indagatoria al representante a la Cámara Erwin Arias Betancur por presuntas irregularidades en la aprobación, celebración y liquidación de un convenio para la implementación del Plan de Alimentación Escolar que se suscribió cuando fue alcalde La Dorada, Caldas, entre 2012 y 2015.

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Ese proceso, en el cual todavía no se ha fijado fecha para la indagatoria, es solo uno de tres que enfrenta en la Corte Suprema el dirigente político de Cambio Radical que llegó al Congreso en 2018, hace parte de la Comisión Primera de la Cámara y de la Comisión de Investigación y Acusaciones.

EL TIEMPO tiene en su poder el detalle de los expedientes que se siguen contra Arias Betancur quien, aunque inicialmente buscó reelegirse, el 18 de diciembre del año pasado dio un paso al costado en la campaña y le entregó las banderas del partido en Caldas a su mentor Héctor Giraldo, luego que exámenes médicos revelaran que debía someterse a un tratamiento de urgencia.

Aunque en sus redes sociales se ha visto que ya regresó al Congreso, Arias nada ha dicho sobre sus líos judiciales. El proceso por el que fue llamado a indagatoria, que cursa en el despacho del magistrado Cesar Reyes, cuestiona el proceso de suscripción de un convenio que se hizo para la istración del PAE con una fundación que tenía su domicilio en Sincelejo, Sucre.

Ese convenio lo firmó una delegada de Arias como alcalde, al parecer transgrediendo el principios de selección objetiva que rige la contratación pública, pues no se realizaron los estudios previos que determinaran la necesidad real de los servicios contratados con esa fundación, su viabilidad presupuestal, la idoneidad del contratista, y que el negocio jurídico se hubiera suscrito en época de vacaciones escolares.

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Ese no el único proceso en el que se investigan presuntos vicios en contratación en relación con el PAE en su alcaldía. Otro expediente marcha en la Sala de Instrucción por la suscripción de un convenio de asociación en el 2015 para la realización del plan,

con la Asociación Juvenil Visión Futura.

En este caso, de hecho, la Sala de Instrucción después de escucharlo en la respectiva indagatoria le definió su situación jurídica y consideró que no era necesario emitir una medida de aseguramiento permitiendo que se siguiera defendiendo en libertad.

Fuentes explicaron a este diario que se consideró que ordenar una captura y restringir la libertad de Arias no era necesario para garantizar que este siguiera compareciendo ante la justicia y señalaron que su libertad tampoco implica un riesgo para la integridad de las pruebas, ni un peligro para la comunidad.

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Ahora bien, Arias Betancur tiene otro proceso más adelantado por el que acaba de ser llamado a juicio por la presunta comisión del delito de prevaricato por cuenta de una revisión y ajuste de los códigos de los empleados de carrera de la alcaldía que se hizo en 2012 cuando fue elegido.

La alcaldía, antes de posesionarse Arias, tenía un monto fijado para gastos de servicios de personal por 3.110 millones de pesos, detallando el total por sueldos, primas, indemnizaciones, bonos, entre otros.

El 2 de enero de 2012 dos las funcionarias María Zulay Tatiana León Alzate, secretaria general y istrativa, y Olga Lucía Montoya Coronado, directora istrativa de la división de personal, hicieron un estudio que alegó que las labores que desempeñaban varios servidores de la alcaldía no correspondían a sus funciones formales.

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Y estimaron que la planta debía reajustarse de manera inmediata. Ese mismo día, Arias emitió el primer decreto de 2012 haciendo la modificación y en julio se expidieron 25 resoluciones para hacerlo cumplir. Por estos hechos, Arias rindió indagatoria el 6 de julio de 2021, en septiembre la Corte se abstuvo de dictarle medida de aseguramiento y ahora lo acusó formalmente.

Al valorar múltiples pruebas documentales y testimoniales, la Sala de Instrucción, con ponencia del magistrado Misael Rodríguez, determinó que la modificación de la planta de personal implicó un aumento de las obligaciones de la alcaldía por encima del presupuesto inicialmente pactado para gastos de personal.

Esto significó que, por año, por salarios, la alcaldía tuvo que pagar por lo menos $ 106.398.012 más de lo pensado, sumado a los incrementos correspondientes en prestaciones sociales y cesantías. El cálculo total, acreditó la Sala, fue que aumentó la carga obligacional en $ 114.944.344.

Ahora, si bien hacer una modificación de esta naturaleza es legal y se hizo el estudio previo que exige la ley (sobre el cual no se presentó reparo alguno), el problema reside en que precisamente, la reforma de Arias creó obligaciones y comprometió a La Dorada en un monto no pactado, “en contravía manifiesta de la Constitución y la ley”.

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Su decisión, dijo la Corte, obligó a Arias a acudir al Concejo en febrero de 2012 para que le autorizaran hacer traslados e incorporaciones presupuestales que llevaron a la emisión de dos decretos que modificaron el presupuesto de rentas, gastos e inversiones de ese año en dos decretos. En el primero, se fijó el presupuesto de los servicios personales de la alcaldía en $ 356.674.358. Y, en el otro, se adicionó al rubro de cesantías una suma de $ 40.000.000, que había sido inicialmente apropiado en $ 1.760.027.554.

Para la Sala de Instrucción, que tiene labores exclusivas de investigación, estos hechos se encuadran en delito prevaricato por acción, que tiene una pena entre 3 y 8 años de prisión, y que solo se comete cuando las resoluciones, dictámenes o conceptos de los servidores públicos de que se trata adolecen de una ilegalidad protuberante.

La acusación en poder de EL TIEMPO señala que Arias habría actuado de forma dolosa, voluntaria y consciente, lo cual se ratifica en las 25 resoluciones citadas y otras 24 emitidas en marzo. “Cada uno de los actos istrativos individuales aumentó la carga obligacional del municipio frente a los servidores públicos beneficiados”, dice el texto.

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Arias Betancur, quien asegura que es inocente, irá a juicio ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema en donde podrá defenderse. En la etapa de investigación, su defensa alegó que los ajustes tuvieron siempre fondos suficientes y que no se actuó con dolo porque Arias suscribió el cambio tan sólo unos días después de su posesión, asesorado por los técnicos en la materia, quienes le habrían asegurado que no estaba infringiendo ninguna norma.

Su defensa también dijo que no habría delito porque el alcalde siempre creyó que contaba con fondos para aumentar las obligaciones del municipio, entre otros.

Arias, quien es abogado de profesión y fue asesor jurídico del Inpec, la Contraloría y el Ministerio de Vivienda, dijo a la Corte que el ajuste se hizo porque “existían funcionarios realizando o desempeñando funciones de un grado más alto de responsabilidad y riesgo para el cual fueron nombrados”, según estudio presentado y bajo la competencia que le da la ley para ello.

Alejandra Bonilla

Redacción Justicia

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