Falsos positivos: condenan a la Nación por crimen de joven en Segovia

El 15 de marzo de 2007 Diego Ferney Jiménez Montoya se fue de Belalcázar, Caldas, para Segovia, Antioquia, con unos amigos buscando un mejor empleo y desde entonces no se supo nada de él hasta que el Ejército Nacional lo reportó como supuesto integrante de una banda delincuencia común muerto en un combate que, en realidad, no existió.

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Se trató de un ‘falso positivo’ o ejecución extrajudicial por el cual el Consejo de Estado acaba de condenar a la Nación. ¿Qué pasó?

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Al día siguiente del viaje de Jiménez, el jefe de la Sijín de Segovia recibió una llamada en la que le informaron que había tres cadáveres en la vía a Fraguas, en el sector llamado Juan Tereso, que habían sido “dadas de baja” por integrantes del Batallón Especial Energético y Vial Número 8.

Diego fue asesinado junto a Inri de Jesús Alzate y Jorge Humberto Lotero y la familia del primero presentó una demanda en contra de la Nación. El 11 de septiembre de 2012 el Tribunal istrativo de Antioquia la concedió parcialmente y, ahora, el Consejo de Estado decidió ratificar la decisión, en fallo de 23 páginas conocido por EL TIEMPO.

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El Consejo de Estado señaló que las declaraciones de militares involucrados fueron inconsistentes porque mientras el comandante de la supuesta operación dijo que estaban haciendo labores de patrullaje en la zona porque había reportes de presencia de “gente rara”, pero luego dijo que era para evitar robos; mientras que un solado dijo que habían recibido información de un grupo que “atracaba” carros, pero la misión táctica oficial de Ejército dice que era una operación planeada contra el Eln y las bandas criminales.

La decisión también apuntó que la versión de los uniformados es diferentes pues mientras el comandante de la operación Erick Alexander Figueroa dijo que “suponía” que eran delincuentes de una banda emergente, “el soldado Elkin Motato afirmó que ‘según los comentarios’ eran delincuentes del sector y el soldado Jhon Fredy Pimienta no sabía a qué grupo al margen de la ley pertenecían”.

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“El relato de estos testigos sospechosos, entonces, no es consistente ni verosímil. En contraste, conforme al informe balístico del estado de las armas incautadas y al acta de inspección al lugar y a los cadáveres, dice que Diego Ferney Jiménez Montoya fue encontrado con una pistola 9 mm que no era apta para disparar”, dice la decisión.

El alto tribunal tuvo en cuenta el testimonio de una amiga de Diego Ferney Jiménez que relató que este vivía en Belalcázar, Caldas, con su madre, que era agricultor y una persona conocida en la comunidad y determinó que no hubo combate y que el hombre fue encontrado con arma que no podía realmente disparar.

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“Aunque los documentos que consignaron que la muerte de Jiménez Montoya ocurrió durante combate no fueron tachados de falsedad, las pruebas en conjunto desvirtuaron la existencia de un enfrentamiento entre el Ejército y la víctima. Los hechos indicadores probados llevan a la inferencia lógica que la muerte de Diego Ferney Jiménez Montoya no ocurrió en un combate militar y que del Ejército Nacional dispararon en su contra, sin existir ataque previo de Jiménez Montoya, ni enfrentamiento armado”, dice la decisión.

“Las autoridades no cumplieron los protocolos y no se acreditó por qué no se practicaron los estudios ordenados por la policía judicial. Esta conducta no fue un ejercicio legítimo de la fuerza, para mantener el orden público y la guarda de la seguridad, sino una actuación irregular de la fuerza pública, que constituyó una falla del servicio”, agregó el fallo que ordenó una indemnización a los familiares.

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El abogado Javier Villegas Posada que representó a la familia de Diego Ferney cuestionó el fallo del Consejo de Estado por no haber ordenado una reparación integral ni simbólica. “No hay búsqueda de verdad ni de justicia ni de reparación”, dijo el jurista. Este caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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