Corte alerta por amenazas a diez candidatos de Comunes y otros riesgos por elecciones

La Corte Constitucional le puso la lupa a la situación de seguridad de los candidatos del partido Comunes que aspiran a cargos de elección popular en los comicios de octubre, y ordenó atención inmediata a diez casos en particular en donde las amenazas afectan la normalidad de la contienda.

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Por eso, le pidió a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección  de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que, junto a la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, prioricen una revaluación de la situación de riesgo de las y los candidatos por el partido Comunes y las personas firmantes del acuerdo de paz que participen en la contienda.

Los diez casos en los que enfatizó la Corte deberán ser atendidos en un máximo de diez días, a fin de actualizar las medidas de protección de acuerdo a la presunción legal de riesgo extraordinario y al contexto de riesgo electoral del país.

¿De quiénes se trata?

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En primer lugar de Gladys Báez Prieto, candidata a al Concejo Municipal de Santander de Quilichao (Cauca), quien renunció a la contienda debido a las amenazas que recibió.

Igualmente, se reseñó el atentado en Jamundí (Valle del Cauca) contra Jesús Adolfo Cisneros, líder del partido Comunes y entonces precandidato a la Alcaldía, ocurrido el 28 de abril.

Se deben revisar, además, las amenazas que recibió en el municipio de San Jacinto (Bolívar) Osvaldo Enrique Díaz Alfaro, líder del partido Comunes y quien este año ha estado adelantando actividades relacionadas con el proceso electoral.

También se pidió priorizar el tema de la amenazas que recibió en el municipio de El Peñón (Santander) José de la Cruz Mora Tarazón, quien ha adelantando actividades relacionadas con la campaña.

Así como las "amenazas que recibió en el municipio de Rionegro (Santander) el señor Luis José Aguilar Correa, líder del partido Comunes", se lee en la decisión de la Corte.

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El alto tribunal incluyó en su listado a Lucía Fernanda Montaño, líder del partido que recibió amenazas de muerte en Puerto Salgar (Cundinamarca): así como a Marino Molina, firmante del acuerdo de paz e integrante de la Mesa Técnica de Seguridad de la UNP e integrante de la Dirección Nacional del Partido Comunes.

Molina fue víctima de un atentado en Bogotá el pasado 30 de agosto, por parte de desconocidos que dispararon de manera indiscriminada, dejando heridos a Flor Lozano y Uberlei Mendoza.

Marino Molina fue uno de los que participó en las negociaciones en La Habana, Cuba.

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Igualmente, en el listado que la Corte ordenó priorizar están las amenazas que recibió en Arauca la señora Lara Godoy, candidata al Concejo Municipal de Tame. Y el caso de Juan de Jesús Torres, integrante del Consejo Político Nacional del partido Comunes, quien fue víctima de un atentado.

Por último está el caso de las amenazas que recibió en Villavicencio (Meta) Yennifer Martínez Murillo, líder y precandidata a la alcaldía de Mesetas por el partido Comunes

La Corte tuvo en cuenta un informe del Observatorio Pazes que reporta en 2023 un total de 175 hechos victimizantes en contra de firmantes del acuerdo de paz, que incluyen desde amenazas y atentados, a desaparición y desplazamiento forzado, discriminación y homicidio.

Por esa razón, la Sala  de la Corte que le hace seguimiento a un fallo que en 2022 declaró una vulneración masiva de los derechos de los firmantes del acuerdo de paz ordenó medidas de protección para toda esta población.

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Las órdenes incluyen atender de manera urgente las solicitudes de protección o de reforzamiento de medidas, especialmente las que ya se presentaron, como son los casos de los siguientes candidatos en el Cauca:

Hernando Mesa Peña, candidato al Concejo Municipal de Santander de Quilichao; Luis Alfonso Piamba, candidato al Concejo Municipal de Caldono; Erika Yurlay Calderón Rincón, candidata a la Asamblea Departamental; Samuel Campo Garcés, candidato al Concejo Municipal de Caloto; Parménides Muñoz Díaz, candidato al Concejo Municipal de El Tambo; Nilson Bernardo Vargas Campo, candidato al Concejo Municipal de Caldono; y, María Nohemí Lombana, candidata al Concejo Municipal de Caldono.

También se identificó un potencial problema en relación con el derecho al voto que puede enfrentar la población firmante que se tuvo que desplazar por problemas de seguridad, específicamente, para quienes integraban los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) Georgina Ortiz y Mariana Páez y quienes actualmente están ubicados en otros municipios.

"Además de implicar la vulneración al derecho de participación política de la población firmante del Acuerdo, también puede representar una posible afectación para los candidatos firmantes y del partido Comunes que participan por un cargo de elección popular en estas zonas, pues su potencial electorado fue desplazado del área", dijo la Corte.

En ese sentido, la Sala dijo que es necesario dar una herramienta de seguridad y que el Estado asuma la obligación de materializar las condiciones para que esta población pueda superar sus múltiples situaciones de vulnerabilidad después de haber renunciado a las armas.

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Así, la Registraduría y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y con el apoyo de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, deberán diseñar e implementar en 20 días hábiles "una estrategia urgente para mitigar los riesgos mencionados".

"Las entidades deberán cruzar la información entre las listas de cédulas excluidas por diversas razones, entre estas, aquellas que tienen que ver con hechos considerados como posibles 'trashumancias' y atender de forma especial aquellos casos en los que realmente ocurrieron desplazamientos por el riesgo en los espacios territoriales mencionados o con problemas relacionados con duplicidad de cédulas, entre otros", dijo la Corte.

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