Duro regaño a Fiscalía por negarse a crear unidad para investigar crímenes contra niños

Una ley de mayo de 2022 ordenó crear, dentro de la Fiscalía, en un plazo no mayor a 6 meses, una Unidad Especial de Investigación de delitos priorizados cometidos contra la infancia y la adolescencia, sin embargo, pasados casi 16 meses esto no se ha cumplido por lo cual la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal istrativo de Cundinamarca acaba de fallar una acción de cumplimiento contra el ente acusador.

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La acción la instauró la ONG Aldeas Infantiles SOS en Colombia, que argumentó que la Ley 2205 de 2022, promulgada el 10 de mayo de 2022, instruía a la Fiscalía a crear la unidad pero tras más de un año, eso aún no se hace.

En la decisión el tribunal cuestiona las respuestas que la Fiscalía dio en el proceso. En una primera el ente acusador señaló que mediante una resolución de agosto de 2023 se creó un equipo de investigación de delitos priorizados cometidos contra niños, niñas y adolescentes al interior del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género; y en una segunda oportunidad, el 29 de agosto, respondió que la Ley 2205 de 2022 era inoperante y no podía ser aplicada porque, supuestamente, hay una falta de claridad y de técnica legislativa.

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Al evaluar las pruebas del caso, el Tribunal consideró que la Fiscalía fue negacionista y que, además, el equipo que se creó dentro Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género tampoco está cumpliendo la ley porque este se creó como una medida temporal, además “es de insignificante jerarquía, sin ninguna capacidad de acción, ya que solo se le asignan funciones de apoyo y eso solo en las investigaciones que se determinen por otros funcionarios y en las que no afecte el trámite de otras”, y apenas está conformado por dos fiscales seccionales, un asistente de fiscal y dos policías del CTI.

En cambio, la Unidad especial que la ley le ordenó crear “debe ser de carácter permanente, capaz de intervenir de inmediato con la formulación de imputación o archivo en ocho meses, deberá contar con equipos técnicos y profesionales suficientes e idóneos del CTI, y con capacidad de iniciar -No apoyar ni depender de otros- las actuaciones procedentes para la protección, garantía y restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes”.

Es por esto que en la decisión se lee que “transcurridos casi 16 meses desde la fecha de expedición y promulgación de la Ley y con tiempo vencido, la Fiscalía no le ha dado cumplimiento a los expresos, concretos y taxativos mandatos que se le impusieron y ante los cuales ha sido renuente en acatar”.

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La providencia añade que es claro que el ente acusador “no puede realizar interpretaciones tendientes a eludir el cumplimiento que le corresponde”.

En el mismo sentido se indicó que, contrario a lo que dijo la Fiscalía, de que la ley en mención era inoperante por supuestas fallas, “la autoridad demandada no puede excusar su incumplimiento en inexistentes falencias de técnica legislativa que de manera equivocada aduce, máxime cuando la Ley, fuente que reclama, prescribe los elementos necesarios para que adopte y ponga a funcionar la Unidad Especial e incluso le estableció un lapso razonable para que procediera de conformidad”.

Por ese motivo, la decisión del Tribunal le otorga al ente acusador un plazo perentorio de 6 meses más para que defina, reglamente, integre y ponga en pleno funcionamiento la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra la Infancia y la Adolescencia.

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Frente a la determinación Esteban Reyes, director nacional de Aldeas Infantiles SOS en Colombia, destacó que la misma beneficia a los “miles de niños y niñas que en Colombia sufren todo tipo de delitos a diario y cuyos casos quedan, la mayoría, sin resolver por la falta de una unidad especializada que atienda solo este tipo de delitos”.

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