La Corte Suprema de Justicia finalizó los trámites de extradición que se adelantaban en ese alto tribunal contra dos opositores del régimen de Nicolás Maduro.
Aunque Maduro le había pedido a Colombia que le enviara a los dos ciudadanos venezolanos para procesarlos en su país por diferentes delitos, la Corte dio por terminado el trámite de extradición luego de que el embajador de Venezuela que nombró Juan Guaidó, Humberto Calderón Berti, retiró esa solicitud de extradición.
La Corte acató ese retiro teniendo en cuenta que el pasado 23 de enero el presidente Iván Duque reconoció a Juan Guaidó -quien era la cabeza de la Asamblea Nacional de ese país- como el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela.
El embajador Calderón Berti aseguró que la solicitud que originó la petición de extradición "no debe surtir efectos jurídicos válidos y en consecuencia se entiende como retirada por las legítimas autoridades venezolanas".
Uno de los ciudadanos requeridos por Maduro era Óscar Arape García, capturado en octubre del año pasado por forjamiento de documento, agavillamiento y obtención de lucro. Arape recuperó su libertad el pasado 6 de marzo cuando la Fiscalía canceló su orden de captura.
La otra ciudadana venezolana a la que Maduro había pedido extraditar era Suyin Rosaly Navarrete Balza por los delitos de fraude electrónico, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Por esos hechos fue detenida el 29 de agosto del 2018, pero el 21 de enero de este año la Cancillería le informó a la Corte que a Navarrete se le concedió la condición de refugiada, por lo que luego la Fiscalía canceló la orden de captura en su contra y la dejó en libertad.
En el caso de Navarrete, el embajador Calderón Berti dijo que la decisión judicial por la que se solicitaba su detención "fue realizada por conducto de quien actualmente usurpa funciones de Fiscal General de Venezuela y tramitada por quienes hacen las veces de del Tribunal Supremo de Justicia, todos designados por la Asamblea Constituyente que funciona al margen de todo ordenamiento legal". Así, retiró la petición de extradición considerando que es una perseguida política.
En los dos casos la Corte aseguró que "no existiendo por ende duda de que el Gobierno del país reclamante ha desistido de la solicitud promovida en su contra, a ello deberá,
correspondientemente, atenerse la Sala".
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