Corte declara Estado de Cosas Inconstitucional por violencia contra líderes sociales

La Corte Constitucional declaró en la tarde de este lunes 11 de diciembre el Estado de Cosas Inconstitucional ante la violencia que persiste contra los líderes sociales del país.

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El alto tribunal tomó la decisión ante la “falta de concordancia” entre la persistente, grave y generalizada violación de los derechos fundamentales de la población líder y defensora de derechos humanos, por un lado, y “la capacidad institucional y presupuestal para asegurar el respeto, garantía y protección de esos derechos”.

Con el fallo, con ponencia del José Fernando Reyes Cuartas, el alto tribunal considera que hay una vulneración masiva de derechos de estas personas que afecta gravemente su seguridad y que necesita medidas urgentes y estructurales para resolverse.

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Como parte de los antecedentes de la sentencia, la Corte expuso que 20 líderes y lideresas y defensoras y defensores de derechos humanos “presentaron acción de tutela reclamando la protección constitucional de su derecho a defender derechos. Del relato de los hechos de cada una de las acciones de tutela se desprenden vulneraciones individuales en los casos concretos y vulneraciones generales”.

En las tutelas estudiadas, se expuso que había fallas en la protección de la Unidad Nacional de Protección por demoras o esquemas ineficientes e ineficaces que, además, no tienen en su estructuración un enfoque diferencial de género, étnico racial, cultural, ni territorial.

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Además, expusieron que ello ha afectado la representación de las colectividades y que no existen políticas que eviten la estigmatización sistemática de la cual son víctimas.

"Adicional a lo expuesto afirmaron que las agresiones en contra de quienes actúan como representantes de organizaciones, de causas y/o movimientos, repercuten en los colectivos que quedan sin defensores, dirigentes, coordinadores y/o voceras; así como en sus familias", señaló la Corte. 

La Corte indicó que antes de pronunciarse sobre los casos concretos y de establecer si se cumplían los criterios para declarar el Estado de Cosas Inconstitucional, “la Sala Plena de la Corte Constitucional presentó sus consideraciones a partir de cinco secciones, de las cuales se desprenden las siguientes conclusiones”.

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“La Sala resaltó que la población líder y defensora de derechos humanos tiene un lugar principalísimo en el marco de la Constitución de 1991, pues su función permite identificar y denunciar violaciones de derechos humanos, prevenir a las autoridades sobre las consecuencias y el impacto de sus acciones y omisiones, y contribuir en la elaboración de las políticas públicas que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del Estado y la efectividad de los derechos”, señaló el alto tribunal.

Destacó que “la persecución y el asesinato de líderes y lideresas sociales no solo implica la violación de sus derechos fundamentales como individuos, sino que además representa la afectación de las colectividades que lideran y de sus familias”.

Sobre la cantidad de asesinatos a líderes y defensores de derechos humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia tiene documentadas, entre enero y el 30 de septiembre de este año, 173 denuncias.

Tras desplegar distintas actividades, el órgano internacional pudo verificar 54 casos, mientras que 42 más están en labores de verificación, y otros 77 aún no son concluyentes.

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Por su parte, la Fiscalía General de la Nación -encargada de ejercer la persecución penal ante este tipo de eventos- tiene contabilizados 148 homicidios entre enero y el 29 de noviembre de este año. Los lugares en los que más se han registrado estos hechos son Cauca, Antioquia, Nariño y Córdoba, con 28, 16, 15, 14 y 9 asesinatos respectivamente. Estos departamentos concentran el 55,41 por ciento de todas las víctimas.

El año 2022, de acuerdo al ente acusador, fue el más violento en la historia reciente en cuanto a ataques contra los defensores de derechos. Esa vez, los registros oficiales cerraron con 212 hechos ocurridos.

"Lo que sucedió en cuatro años –entre 2016 a 2020– se ha duplicado prácticamente en dos años y ocho meses. Esto denota la complejidad a la que estamos enfrentados, eso obliga a un esfuerzo de presencia en territorio, de actos urgentes para obtener los mejores resultados en el menor tiempo posible", le dijo a EL TIEMPO Hernando Toro, director de la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía.