Comunidad de Paz de Apartadó pide a la Corte anular fallo en su contra

El 28 de diciembre de 2020 la Corte Constitucional señaló en un fallo de tutela que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó vulneró el derecho al buen nombre de de la Brigada 17 del Ejército y de sus integrantes en ocho comunicados publicados en su página web, entre febrero y de agosto de 2018 en los que, entre otros, se hacía alusión a la presunta complicidad existente entre grupos paramilitares y dicha unidad.

La Corte falló en contra de la Comunidad de Paz  señalando que allí había información que ignoraba la presunción de inocencia y se hacían señalamientos sin que hubiera fallo e instó a sus integrantes para no volver a hacerlo. El caso está de nuevo en estudio en la Corte pues la Comunidad de Paz pidió la nulidad de la sentencia. 

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La nulidad es apoyada por más de 20 organizaciones de Derechos Humanos colombianas, más de 10 ayuntamientos europeos como el de Valencia y Barcelona, múltiples universidades locales y extranjeras como la Escuela de Derecho de la Universidad Queen Mary y reconocidos defensores de Derechos Humanos que presentaron escritos a la Corte, en calidad de amicus curiae. 

Entre ellos está David Kaye, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y la Clínica Jurídica por la Justicia Social de la Universidad de Valencia.

La petición de nulidad, en estudio ya en la Sala Plena de la Corte, asegura en pocas palabras que el fallo de tutela silencia a la Comunidad de Paz surgida hace 23 años, en el corregimiento de San José de Apartadó con el fin de proteger los derechos humanos de los campesinos y pobladores que quedaron en medio de la violencia protagonizada por paramilitares y guerrillas.

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En la nulidad, la Comunidad de Paz hizo un recuento de las afectaciones sufridas desde 1997, así como de la masacre de siete de sus integrantes (entre ellos tres niños) del 21 de febrero de 2005 que perpetraron de manera conjunta militares y paramilitares. En su escrito, expusieron cómo las denuncias que la Comunidad de Paz hizo desde el comienzo, se probaron 14 años después.

En la postura de la Comunidad de Paz, la reciente decisión de la Corte anularía toda posibilidad de denuncia y censuraría a la Comunidad y, con ello, se afectaría la verdad y memoria que se impone a las víctimas de un crimen calificado ya como de lesa humanidad. 

"Puede afirmarse categóricamente que la Sala de Revisión ha generado un cambio en el principio de presunción de primacía de la libertad de expresión (....) en donde como consecuencia de ello, se abandonó la protección reforzada de discursos, como es el de los defensores de derechos humanos que hace parte de ese catálogo", dice la petición conocida por EL TIEMPO.

Para la Comunidad de Paz, que realizó una defensa institucional a pesar de haber hecho una ruptura general con el Estado hace años, la decisión atacada no analizó en detalle "las limitaciones a divulgación de información sobre la violencia armada y cuando se trata de actos tendientes a limitar la libertad, por parte de servidores públicos o instituciones del Estado". 

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Incluso, la Comunidad de Paz expuso a la Corte que la única reputación de la Brigada 17 que debería tenerse en cuenta "es la de unidad militar vinculada a la violación de

derechos humanos y las alianzas con estructuras criminales".

"No es gratuito que la asistencia militar de Estados Unidos de América haya sido suspendida a esta unidad, situación que a la fecha se mantiene, sumado a ello en la historia de Colombia solo han sido condenado penalmente en firme tres oficiales en grado de general del Ejército, dos de ellos por sus alianzas criminales ejerciendo como comandantes de la Brigada 17, ellos son los generales Rito Alejo del Río y Pauselino Latorre", indicaron. 

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En su criterio, la tutela cuestionada (T-342 de 2020) debe ser anulada porque, de lo contrario, tendría "consecuencias directas a la posibilidad de materializar los derechos a la verdad y la justicia de quienes son víctimas de la Brigada 17 y de cualquier autoridad militar en el país".

Esto, aseguran, pues para denunciar habría "que tener la estructura probatoria de actividades criminales por lo demás clandestinas, pues se le pide a la Comunidad de Paz que haga el trabajo de la Fiscalía y las demás autoridades judiciales. A la vez que obliga a que de la memoria histórica pública se borre cualquier referencia que las víctimas de la criminalidad estatal puedan hacer, pues dependerá de que el Estado supere la propia impunidad, lo que es un absurdo, pues se priva a quienes tienen conocimiento de los hechos denunciarlos públicamente".

La Comunidad de Paz cuenta con medidas cautelares y medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con órdenes de protección de la Corte Constitucional. 

El 27 de septiembre de 2018, el coronel Carlos Alberto Padilla Cepeda, comandante de la Brigada 17, presentó la tutela al considerar vulnerados los derechos fundamentales de dicha unidad militar y del personal que la compone, con ocasión de las publicaciones realizadas en la página web de la Comunidad, en las cuales 

se afirmaba que esta unidad actuaba en complicidad con organizaciones paramilitares.

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Uno de esos mensajes decía, por ejemplo: "Los paramilitares están realizando reuniones en las veredas y están forzando a los campesinos a participar en ellas, y si alguno no asiste, es sometido a pagar unas grandes multas por encima de los 200.000 pesos. Nuestra Comunidad ha dejado constancias de ello con horas y fechas concretas, pero es tan grande la complicidad de la Brigada XVII del Ejército con el paramilitarismo en San José, que lo que hace en esos casos es ir al lugar de los hechos muchas horas o días después, cuando ya los paramilitares han terminado las reuniones".

Otra publicación decía: "La Brigada XVII del Ejército, con sede en el municipio de Carepa, nunca ha tenido el interés de contrarrestar el paramilitarismo en Urabá; por el contrario, es evidente su fuerte complicidad con estos paramilitares en la zona de San José, pues allí conviven militares y paramilitares apoyándose mutuamente, coordinando todas sus acciones y guardándose mutuamente las espaldas".

El caso lo debe resolver la Sala Plena de la Corte.

ALEJANDRA BONILLA MORA

JUSTICIA

En Twitter: JusticiaET