Cinco años de cárcel a gobernador de Cesar por corrupción electoral

Corte Suprema le pidió al presidente Iván Duque suspender a Luis Alberto Monsalvo.

Luis Alberto Monsalvo Gnecco, gobernador. Foto: Luis Lizarazo / EL TIEMPO

Juan David López

27.07.2020 10:22 Actualizado: 27.07.2020 11:39

PERIODISTA27.07.2020 10:22 Actualizado: 27.07.2020 11:39

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Por corrupción al sufragante, la Corte Suprema de Justicia condenó a 61 meses y 16 días de prisión, así como una multa de 301,58 salarios mínimos mensuales, al gobernador de Cesar Luis Alberto Monsalvo Gnecco.

El mandatario pagará su pena en prisión domiciliaria.

Según la investigación, Monsalvo incurrió en este delito en la ciudad de Valledupar, en Cesar, entre agosto y octubre del 2011, durante la campaña electoral para elegir al gobernador del departamento entre 2012 y 2015.

Para lograr la elección como gobernador, dice el expediente, Monsalvo realizó actividades proselitistas en un barrio de invasión conocido como Tierra Prometida, donde vivían unas 800 familias que buscaban una solución para su vivienda. Cada familia tenía por lo menos dos adultos que podían votar.

(Lea también: Condenan a gobernador que prometió frenar desalojo a cambio de votos)

En la decisión, la Corte le solicita al presidente de la República, Iván Duque Márquez, suspender a Monsalvo Gnecco de su cargo para que pague la pena impuesta.

Según la sentencia, Monsalvo vio una oportunidad de conseguir votos. En un documento del 16 de octubre del 2011, firmado por él y un grupo de personas que eran representantes de la comunidad, quedó plasmado el compromiso al que llegaron.

El entonces candidato se comprometió, a cambio del voto de los adultos, a mentenerlos en los inmuebles que ocupaban y a incluir a la comunidad en un proyecto de construcción de vivienda. La investigación concluyó que Monsalvo sabía que lo que estaba prometiendo era una dádiva a cambio de que votaran por él para el cargo de gobernador del Cesar.

La Corte Suprema dijo que el mandatario ofreció soluciones "que no se iban a cumplir", pues el desalojo de la comunidad era inminente, lo que ocasionó que la comunidad saliera luego a protestar.

La Sala de Primera Instancia de la Corte concluyó que "hubo una oferta específica de una dádiva determinada a personas específicas a cambio de votos". Esto, además, con el agravante de que se trataba de población vulnerable y el predio donde estas personas vivían era de un particular.