‘El desafío de ahora es lograr la despenalización social del aborto’

Este martes se cumple el primer año de la sentencia C-055 de 2022 que despenalizó hasta la semana 24 la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y mantuvo las tres causales que se habían reconocido en 2006, también a través de la Corte Constitucional. Un esfuerzo de más de un año de litigio estratégico y movilización social en las calles y las redes sociales. El 21 de febrero de 2022 cientos de mujeres se volcaron a las afueras del alto tribunal, en Bogotá, para celebrar con pañuelos verdes.

Detrás de este logro está el movimiento Causa Justa, que agrupa a varias organizaciones feministas que entendieron que para avanzar en derechos era necesario unirse. Entre sus integrantes se encuentra Ana Cristina González, médica y cofundadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, a quien la prestigiosa revista Time reconoció junto con las otras líderes de Causa Justa como uno de los personajes del año.

EL TIEMPO habló con ella el martes, un día después de radicada la reforma a la salud, para hacer un balance de este primer año, los referendos antiaborto y conocer qué tanto podría afectar la reforma la prestación del servicio de IVE.

Si bien fue una decisión difícil para una parte de nuestra sociedad, que se opone a los derechos de las mujeres, a un año de la sentencia hemos logrado consolidar una transformación, un cambio en el paradigma en el que las mujeres tienen ahora la posibilidad de elegir su propio proyecto de vida.

En este tiempo, ya se expidió el marco regulatorio por parte del Ministerio de Salud como una contribución a la política pública, hemos mantenido la presencia en las redes sociales, las calles y los medios de comunicación, informando sobre cómo acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, visibilizando las barreras que existen y dando nuestras perspectivas desde grupos especializados de la salud y el derecho.

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Lo más importante de la sentencia, creo yo, fue el hecho de haber salido del modelo de causales a un modelo donde la decisión realmente reposa en las mujeres, quienes ahora se pueden acercar más tranquilas a solicitar el servicio de salud. La contracara de esto es que eso no significa que van a encontrar las mejores condiciones de en todos los niveles. Las barreras solo conducen a que los procedimientos se tengan que hacer más tardíamente, no a que las mujeres cambien su decisión y, sobre todo, llevan a que estas no puedan acudir al servicio, lo que termina condenándolas a maternidades forzadas.

No tenemos datos oficiales, porque la información oficial sobre estos temas siempre está rezagada. Estamos esperando que nos entreguen unas cifras al respecto, pero, de acuerdo con las experiencias en otras partes del mundo y en nuestro propio país con el modelo de causales, el momento de la despenalización marca una posibilidad más clara para las mujeres, quienes pueden buscar y acceder al servicio de forma legal y segura. Sí aumenta de alguna manera la demanda, porque hay más confianza y certeza de que se recibirá atención, pero no es que aumenten los abortos. También lo que sucede tras estas decisiones es que viene una meseta, que se estabiliza, e incluso tiende a bajar, no porque se terminen los embarazos no deseados, sino porque de la mano del fallo, en este caso, se promueven políticas públicas integrales, educación sexual, a métodos anticonceptivos, prevención y atención de las violencias contra las mujeres.

Cualquier cosa que diga en sentido positivo o negativo sería muy irresponsable de mi parte, apenas estoy leyendo el texto, que no es fácil de comprender. De lo que he leído y escuchado que quiere hacer este Gobierno es fortalecer el modelo de atención primaria en salud. Si eso realmente sucede, es una gran oportunidad para que se consolide la prestación oportuna y de calidad de servicios de salud sexual y reproductiva. Lo que recomienda la literatura y los marcos de política pública es que se presten en el nivel primario de atención, en el que se puede trabajar mucho más la prevención de embarazos no deseados, de violencia, de enfermedades de transmisión sexual, y se puede atender de manera más temprana a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. El modelo que uno esperaría que cumpla la resolución del Ministerio de Salud es uno de atención primaria en salud.

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Como movimiento y desde la Mesa somos defensoras de los mecanismos democráticos y creemos que todos deben ser preservados y respetados, solo que no coincidimos en la idea de que un referendo sea una manera de resolver una cuestión de derechos. Si pensáramos que vía referendo vamos a sacar a consultar a aquellas ideas que en una sociedad generan controversia, pues estaríamos incluso abriendo la puerta para generar retrocesos históricos descomunales. ¿Salimos a preguntar si las personas afros tienen derechos? Como están planteados, creemos que es un referendo con un uso equivocado y en ese sentido tenemos la esperanza de que en ningún momento vaya a lesionar lo que se ha conquistado.

No son solo mujeres las que están liderando los referendos, también hay hombres. Lo que veo es que hacen un uso estratégico de la figura de las mujeres para que parezca que entre todas no estamos de acuerdo. A mi juicio, es un uso manipulador de su presencia, entre otras cosas, porque nosotras siempre hemos defendido la posibilidad de que cada mujer tome decisiones libremente. El aborto no se le impone a ninguna mujer, como tampoco queremos que se le imponga el embarazo y la maternidad como proyecto de vida a ninguna. No importa si es hombre o mujer, pueden ser profundamente creyentes y pensar que el aborto es un acto que atenta contra la moral divina. Eso lo respetamos, y también esperamos que esas personas respeten a quienes tenemos una perspectiva moral distinta.

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Desde el movimiento Causa Justa dirigimos toda nuestra energía a abrir una conversación democrática sobre el tema del aborto, damos nuestros argumentos, sentamos nuestras ideas, compartimos datos. Lo hacemos sin buscar réditos electorales. Lo que vemos del otro lado es que este tema cobra relevancia cerca de las campañas. Recuerde cuando salió la decisión de la Corte. ¿Cuánto tiempo duró la gran indignación del país con respecto a este tema? Lo que faltaba para las elecciones. El aborto es un tema que sale a relucir en tiempo electoral porque con este se pueden manipular las emociones. Pero las mujeres están cada vez menos dispuestas a que las traten como botín político.

No nos podemos quedar solo con una encuesta, que depende de cómo, qué y en qué momento se pregunta. La encuesta que menciona se hizo cuando todavía había gran ruido generado por los grupos que yo llamo antiderechos, que sostenían que lo que había hecho la Corte en Colombia era aprobar el aborto en la semana 24, como si fuera una obligación abortar en esa semana. Nosotros venimos midiendo en el país la opinión pública desde el año 2017 y hemos encontrado que las preguntas apropiadas y en momentos que no sean de presión política permiten a la gente reflexionar y nos dan pie a nosotras a afirmar que en Colombia se vive una transformación de la opinión pública. La mayoría de las personas que hemos encuestado de la mano con Cifras y Conceptos cree que el aborto es una decisión que le corresponde a las mujeres, que las mujeres no deben de ir a la cárcel por acceder a la IVE. Y, sin duda, el gran desafío en nuestra sociedad es llevar adelante un proceso que llamamos muy abstractamente la despenalización social, que consiste justamente en pensar formas de llegarle a la cabeza y el corazón a las personas con el mensaje correcto, de que las mujeres son libres para decidir, que son sujetos plenos, capaces moralmente de tomar una decisión como interrumpir un embarazo. De lo contrario, estaríamos apelando a que las mujeres necesitan de la ayuda de un cura, un médico o un hombre para tomar decisiones. Esas no son las visiones imperantes de nuestra sociedad.

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Las personas no tienen que estar de acuerdo con la interrupción, lo que se debe de preguntar es que si están de acuerdo con que la decisión le corresponda a cada mujer, si están de acuerdo con que a una mujer se le castigue por tomar decisiones sobre su propio cuerpo y sobre su proyecto de vida. Preguntar si se está de acuerdo o no con el aborto trae implícitamente un factor de obligación, le da una denotación negativa.

Eso hay que preguntárselo a los congresistas. Desde el punto de vista de políticas públicas, las resoluciones constituyen en sí un cuerpo sólido y suficiente. Que el Congreso reitere y reafirme la decisión de la Corte Constitución a través de una ley me parece bien.

No conozco el proyecto, no lo he leído, no sé que están proponiendo puntualmente, pero sí sé del debate internacional. El asunto más delicado en maternidades subrogadas tiene que ver con que esas decisiones, supuestamente libres, que toman las mujeres para alquilar su útero y tener hijos para otras personas, por lo general están determinadas y atravesadas por contextos de desigualdad. Es decir, las que suelen hacer eso son mujeres pobres, marginadas, que están en desventaja social y que encuentran a través de esta opción la posibilidad de tener ingresos económicos. Me parece fundamental que cualquier regulación en ese sentido entienda y acepte que esa es la realidad que se da en el alquiler de vientres.

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NATALIA TAMAYO GAVIRIA

Redacción Domingo

En Twitter: @nataliatg13