Eln ha decretado nueve paros armados en dos años: ¿por qué recurren a esta táctica criminal?

Con el orden público ardiendo en varios puntos del país y como muestra de su poderío criminal en las zonas en disputa con otros grupos, el Eln anunció el noveno paro armado en dos años. Según un comunicado difundido el 15 de febrero, se llevará a cabo en Chocó y tendrá una duración de 72 horas. ¿La razón? En protesta contra una supuesta connivencia entre la Fuerza Pública y el 'Clan del Golfo', sus enemigos territoriales.

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El último paro, también en el departamento, específicamente en la región del bajo San Juan, fue decretado el pasado 6 de noviembre y empató con la peor emergencia climática por lluvias, lo que provocó una doble victimización de las comunidades. 

Más de 45.000 personas permanecieron confinadas, con el agravante de las inundaciones, que las tenían con el agua al cuello y sin la posibilidad de recibir ayuda humanitaria. 

Esta misma cifra se mantendría el próximo 18 de febrero, junto con otras afectaciones derivadas del anuncio, como los desplazamientos, que ya de por sí han aumentado desde diciembre –y se agudizaron la semana pasada– debido a los enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), o 'Clan del Golfo', y el frente de guerra occidental del Eln, que históricamente ha tenido presencia en la región.

El pasado paro armado se ordenó aún estando la primera línea de mando del Eln sentada con el Gobierno en la mesa de diálogo. Como consecuencia de la ola de violencia en el Catatumbo, que desató una crisis humanitaria sin precedentes y por la cual el presidente Gustavo Petro declaró la conmoción interior, los acercamientos se congelaron. Por esta razón, hay expectativa frente a las acciones que tomará la Fuerza Pública para frenar esta nueva acción bélica ahora con más dientes.

"Los llamados paros armados se han vuelto una inaceptable acción recurrente del Eln en la cuenca baja y media del río San Juan (única vía de comunicación en el territorio), que termina, indefectiblemente, perjudicando a las comunidades, producto de los enfrentamientos que tienen con las AGC", le dijo a este diario el analista de conflicto Diego Arias.

Esta disputa viene de tiempo atrás y es producto de los intereses que ambos grupos al margen de la ley tienen sobre las rentas ilegales del narcotráfico, el control de las rutas y la minería.

Sin embargo, en el comunicado argumentaron el paro en un presunto "entramado entre el Estado, Fuerzas Militares y mercenarios". 

Frente a esta denuncia, Arias aseguró que, si bien no justifica la acción, que deja como principal víctima a la población civil, no solo el Eln, sino también "algunas organizaciones sociales y de derechos humanos han denunciado una presunta connivencia entre algunas unidades militares y la AGC". Sin embargo, señala el analista, "la única manera de poder controvertir esto es con resultados operacionales exitosos en contra de ese grupo, que se traduzcan en el bienestar de las comunidades".

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Por el lado de la iglesia, también han hecho el mismo reclamo. "Las AGC se han fortalecido en la región. Han logrado entrar por el lado de Quibdó, favorecidos, de cierta manera, por una permisividad de la Fuerza Pública que hemos hecho pública", aseguró el padre Albeiro Parra, director de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano.

No obstante, insiste en que los únicos damnificados del paro armado son las comunidades, la mayoría de origen étnico y afrodescendiente, que terminan replegadas en los territorios a merced de los ilegales.

En la zona del medio y bajo San Juan históricamente ha estado el frente de guerra occidental del Eln, que acaparó más territorios tras el desarme de las extintas Farc, en 2016. Pero con la penetración del 'Clan del Golfo', empezó una disputa de guerra abierta por el control del territorio. 

Desde hace una semana, más de 2.000 personas han sufrido desplazamientos, confinamientos y reclutamiento forzado de niños y niñas, al quedar en medio del fuego cruzado de los combates, que se han intensificado. Una situación que se agrava con la nueva declaratoria de paro armado de los 'elenos'.

"Veníamos denunciando una crisis humanitaria gravísima con confinamientos, desplazamientos, reclutamiento de menores y minas antipersonales. Por eso, hacemos un llamado al Gobierno para que sea garante de los derechos de la población civil a través del pie de fuerza del Ejército", insistió el padre Parra.

La voz de la Iglesia Católica propuso, de igual forma, un corredor humanitario que permita llevar al corazón de la selva chocoana ayuda, educación y salud, como una solución inmediata a la crisis humanitaria que "pueda evolucionar hacia una transformación efectiva de la región".

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Redacción Justicia