El desafío de mantener la baja en los cultivos ilegales

A semanas de que la Corte Constitucional tome una decisión definitiva sobre el eventual regreso del glifosato como punta de lanza de la estrategia antinarcóticos, el país recibió una buena noticia desde Washington. Según las cifras de la Oficina Nacional para las Políticas sobre el Control de Drogas (OND), encargada de llevar la cuenta de los cultivos ilícitos, en el 2018, por primera vez en los últimos cinco años, se evidenció un freno en el ritmo de crecimiento de las siembras de coca y la producción potencial del alcaloide.

Aunque la reducción solo es de mil hectáreas –en el 2018 fueron detectadas 208.000 sembradas con coca frente a las 209.000 contabilizadas en el 2017–, expertos analizan si al romper la tendencia al alza en los narcocultivos se debe replantear la estrategia para que se revierta ese comportamiento en las regiones y se logre un decrecimiento sostenido en el tiempo.

En todo caso, la cifra del Gobierno de EE. UU. está pendiente de ratificarse con el informe Simci de la Oficina de la ONU para la Droga y el Delito (para la cual hay 171.000 hectáreas de coca, véase gráfico), que se conocerá a más tardar en un mes y que, por realizarse en el terreno, da una fotografía mucho más cercana de la situación de los plantíos ilegales en el país.

En el último año y medio, a pesar de que no se ha fumigado con glifosato, se ha logrado con erradicación y sustitución sacar del mercado casi 124.000 hectáreas de hoja de coca. Y para este año la meta es dejar limpias en total 100.000 hectáreas del país.

La estrategia de llegar a acuerdos con los cultivadores, sumado a que ellos sientan la presencia del Estado es, según Juan Carlos Garzón Vergara, analista de la Fundación Ideas para la Paz, un factor clave para debilitar la economía narco. “Se requiere –dijo– una solución sostenible que fortalezca la presencia del Estado en esas zonas; conectarlas con mercados legales, generar oportunidades y fortalecer las capacidades de las istraciones locales”.

Y es que, según un informe de Naciones Unidas conocido hace menos de un mes y que evaluó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), el 94 por ciento de los campesinos que se comprometieron a la erradicación voluntaria han cumplido con su palabra y el nivel de resiembra solo fue del 0,6 por ciento. Esta última cifra es significativa si se tiene en cuenta que, según la Policía, la resiembra tras la erradicación forzada está entre el 35 y el 40 por ciento.

Medidas como la sustitución voluntaria, aunque efectivas, toman tiempo. Garzón afirmó que en Tailandia tardaron dos décadas en el proceso, y esto obliga a que al tiempo se activen otras estrategias.

La resistencia de las comunidades es otro de los puntos que juega en contra de la erradicación forzada, y aunque esos casos han ido bajando –según cifras de la Policía en 2017 se registraron 152 bloqueos; el año pasado, 23, y en lo corrido de 2019 van 13–, es un punto a tener en cuenta al proyectar una mayor presencia de la Fuerza Pública y los erradicadores en el terreno.

Expertos como Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac), consideran que la parte de la cadena del narcotráfico relacionada con la hoja de coca es la que menos valor tiene para las redes criminales, y que habría que atacar “aquellos insumos que son esenciales para el procesamiento de la cocaína, en particular la gasolina y los químicos que se requieren para eso”. Sostuvo que controlar ese tipo de insumos tiene un valor menor que intervenir en las zonas de cultivo, en donde a pesar de la desaparición de las Farc, siguen estando el Eln, Bacrim y redes de narcotraficantes que generan un alto riesgo para la erradicación forzada y voluntaria.

Atacar los insumos químicos, en especial utilizar la ciencia para disminuir, por ejemplo, el potencial de la gasolina para producir pasta de coca fue una de las propuestas de disrupción presentadas en su momento por el exfiscal general Néstor Humberto Martínez. En ese paquete de medidas se incluía quitar la energía en los invernaderos del Cauca en los que a la vista de todo el mundo se cultivaba marihuana de alta concentración de THC (tetrahidrocannabinol), que incrementa los efectos de la droga sobre el consumidor.

Esa idea ya se materializó esta semana, según la Fiscalía, en la vereda Buena Vista de Toribío, y se repetirá en 31 puntos en 18 veredas de los municipios de Corinto, Miranda y Caloto. En una semana se empezarán a evaluar los resultados de esos cortes sobre la producción de marihuana en la zona en donde informes de autoridades hablan de la existencia de 233 hectáreas con cultivos ilegales.

Sin embargo, ya se escuchan voces críticas en las regiones del Cauca como la de Andrés Martínez, presidente de la Asociación Campesina del departamento, que aseguran que “la comunidad está preparada para la resistencia. En el pasado se han hecho acuerdos que no se han cumplido, pese a que la comunidad sí ha cumplido”.

El coronel en retiro de la Policía Miguel Antonio Tunjano Villarraga, experto investigador en cultivos ilícitos y quien viene trabajando con científicos extranjeros en una molécula para inhibir el alcaloide de la planta de coca, dijo que tras varias décadas de aplicación de los mismos modelos contra el narcotráfico, es momento de cambiar la ecuación del problema. “Ya es hora de que la política de drogas dé un vuelco, que permita que las metas y las estrategias apunten hacia las causas del fenómeno y no a los síntomas. Las causas son las estructuras y las finanzas, y los síntomas son los cultivos, los laboratorios”, dijo tras señalar que sería más eficiente una política agresiva contra las finanzas de los narcos que una persecución en caliente en el terreno.

“¿Cuánto es el dinero que llega a los territorios para comprar la hoja y la base? Por ejemplo, en Tumaco se mueven casi 378.000 millones de pesos para comprar la hoja, y si uno lograra controlar esos flujos económicos, no habría plata para comprar base ni hoja, y lógicamente los cultivadores tendrían que abandonar. Es mejor incautar dinero que droga o insumos químicos”, añadió Tunjano.

Daniel Mejía Londoño, exdirector de Políticas Públicas de la Fiscalía General, coincide en que hay que concentrarse en factores de la producción “distintos a los cultivos ilícitos” que están mucho más adelante de la cadena productiva.

“Si hubiésemos puesto la mitad del esfuerzo que hemos puesto en atacar los cultivos en atacar los temas de lavado de activos y fortalecer la extinción de dominio, en detectar y destruir laboratorios e interceptar envíos de cocaína, hoy estaríamos viviendo una situación distinta”, indicó Mejía.

El exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra Portocarrero sostuvo que, en principio, se debe reconocer que ha existido falta de compromiso de todo el Estado para enfrentar el problema, y algunos sectores como la justicia han sido “manguianchos”.

“Se requiere una política del Estado, compromiso de los jueces, también del Congreso, perseverar en la cooperación internacional subrayando el tema de la extradición, eso es lo básico; y, por supuesto, seguir buscando hasta dar con todos los cultivos ilícitos”, afirmó Esguerra.

María Teresa Aya, catedrática de Geopolítica y Relaciones Internacionales, afirmó que no hay fórmulas mágicas ni únicas para enfrentar un problema tan grave, y que las soluciones deben pasar efectivamente por mayor presencia del Estado en temas de inversión y promoción de los cultivos legales y también por estrategias de erradicación voluntaria.

“Este es un problema de desarrollo, es un problema que está ligado a la tenencia de tierra en el país, a la restitución de tierras, a la construcción de vías terciarias; temas que de alguna manera se trataron en el acuerdo de paz que heredó Duque y que siguen siendo importantes en este momento”, consideró Aya tras lamentar que el desarrollo de los acuerdos está avanzando lentamente.

El senador Antonio Sanguino del partido Alianza Verde sostuvo que hay que descartar el uso del glifosato y partir del acuerdo de paz de La Habana “para reorientar la política antidrogas. Lo primero es que hay que evitar la penalización del consumo y regularlo y atenderlo como un problema de salud pública. Además, desarrollar una política integral de desarrollo rural en las zonas de cultivos ilícitos que permita que la sustitución de los cultivos esté acompañada de unos procesos de desarrollo rural”.

Y el senador del Centro Democrático Ciro Ramírez dijo frente al uso del glifosato: “Mientras se puedan utilizar herramientas que están a la mano y mientras se encuentren instrumentos que no maltraten a los seres humanos o a los animales, se deben utilizar, porque hacen más daño las 200.000 hectáreas que tenemos en este momento en el país”. Ramírez coincidió en que se debe trabajar en una política de salud pública, para atender a lo consumidores.

Consultado el Ministerio de Defensa sobre su punta de lanza para enfrentar el narcotráfico, voceros oficiales afirmaron que la política de la actual istración permite focalizar esfuerzos en áreas de interés para la seguridad nacional que coinciden en su mayoría con alta concentración de cultivos ilícitos. “Los planes para estas zonas buscarán transformar estructuralmente los territorios, eliminar los factores de amenaza a la seguridad, denegar el territorio a los sistemas criminales, transitar a economías lícitas, reducir la capacidad delictiva de las organizaciones criminales y crear las condiciones necesarias para restablecer la legalidad”, señalaron.

REDACCIÓN JUSTICIA

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