En Catatumbo hay una ‘cadena de situaciones críticas’ para la niñez: ONG

Tras ser acusados de hurto, el 9 de octubre pasado un niño de 12 años y un joven de 18 fueron asesinados, al parecer, por grupos armados ilegales en Tibú, Norte de Santander. Horas antes, según versiones, habían robado un supermercado; luego sus cuerpos, amarrados de manos, fueron encontrados en una carretera, con tiros de gracia.

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El caso generó indignación nacional, pero esta es solo una muestra de la dura realidad que viven los niños, niñas y adolescentes que crecen en el Catatumbo, rodeados de la guerra entre grupos armados ilegales, pero además, en un contexto de precariedad en salud, educación y oportunidades.

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Sulaith Auzaque, coordinadora del proyecto que desde 2018 tiene la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) en Tibú, habló con este diario sobre las situaciones que enfrentan los niños en esta región.

En salud física lo que vemos a partir de nuestra atención, que es a población no asegurada, es que el porcentaje de esa población es más alto en migrantes de Venezuela. Las condiciones de habitabilidad de la mayoría de estas familias, con precario a agua potable y alimentación adecuada, afecta su salud.

En salud mental, estos son niños y niñas que por su condición de migrantes en situación irregular y el inicio de la pandemia no tienen el espacio protector de las escuelas, lo que hace que estén más vulnerables en las casas o en las calles. Esto conduce a que tengan que tener un rol protagónico en la economía de sus familias, son, en muchos casos, menores que no pueden ser niños y niñas porque tienen que trabajar desde muy temprano.

En cuanto a protección, tiene mucho que ver con espacios protectores que no están y el contexto de la zona que es de violencia por conflicto armado. Hay una desprotección desde condiciones de vida básicas, desde las familias que deben ser el entorno protector, ausencia del espacio protector de las escuelas, y un contexto tan desprotector como la violencia. Es una cadena de situaciones críticas.

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El impacto en salud mental es alto, constante y sobre todo, es un impacto del que se verán las consecuencias en los próximos años de sus vidas. Gran parte de la atención que hacemos en salud mental es porque sabemos que en la medida en que se hagan intervenciones prontas, el pronóstico de mejoría es bueno, y por el contrario, si no las hay, el pronóstico es malo.

Esto lo hemos visto en el municipio El Tarra, donde solo en marzo de 2021 hubo tres niños migrantes que se suicidaron, uno de 12, uno de 11 y uno de 8 años. Que haya suicidios ya es algo raro, pero que además sean de niños es excepcional.

Hay vulnerabilidades especiales con los niños y niñas indígenas, por ejemplo de la comunidad Yukpa, que vive en un asentamiento urbano en la cabecera de Tibú. Los menores llevan al menos 2 años en los que su principal actividad es la mendicidad. En Teorama y Cúcuta hay otros asentamientos Yukpa.

Otra vulnerabilidad es ser niña, ellas tienen alta vulnerabilidad en un contexto que particularmente este año se ha caracterizado por violencia sistemática, con amenazas directas a mujeres, con estigmatizaciones. Además, ser niña aumenta los riesgos de violencia sexual, de trata de personas y de explotación sexual.

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El contexto de violencia por conflicto armado hace que la economía principal de la zona en este momento sean los cultivos de uso ilícito, eso hace que muchos niños y niñas estén en la zona rural en apoyo a sus familias en actividades de este tipo.

En cuanto a educación, muy pocos niños de la zona rural tenían posibilidades de continuación de las guías de estudio en medio de la pandemia porque no tenían internet.

También la afectación en su salud mental y temas de protección son similares. En el contexto de conflicto armado que se vive, los riesgos son sobre todo en edades de adolescencia, por el riesgo de reclutamiento forzado, eso lo viven niñas y niños independientemente de su país de origen.

Nosotros buscamos ser un complemento para la institucionalidad en esos espacios en los que es difícil tener una respuesta. Estamos en esta zona principalmente por la atención de toda la población migrante porque al ser personas que no están regularizadas y no hacen parte del sistema de salud colombiano, tienen atención solo en urgencias vitales, vacunación y atención médica para gestantes, que no incluye medicación ni laboratorios ni valoraciones especializadas.

Ya hay deficiencias históricas de salud para cubrir a la población colombiana, si a esto le sumas población migrante, se sigue sobrepasando la capacidad institucional. Por otro lado, por el conflicto armado hay una particular dificultad para que haya personal de salud, el personal no suele durar mucho en la zona o no es fácil contratarlos porque las personas temen venir a trabajar a estas zonas.

Esto no lo vemos directamente como parte de nuestro trabajo, pero sí puedo decir que los factores de riesgo están aumentando: hay un escalamiento de la violencia por conflicto armado y hay unos factores de vulnerabilidad para las niñas, niños y adolescentes. Esta combinación de más riesgo y más vulnerabilidad puede generar predicciones sobre lo que pasa…

En Twitter: @JusticiaET

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