Petroleras piden cancelar 67 contratos por problemas ambientales y sociales

Las operaciones de las compañías que trabajan en el sector petrolero se han dificultado por la conflictividad social, temas ambientales y problemas de orden público en los territorios, lo cual ha llevado a que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) haya recibido 67 solicitudes de terminación de contratos desde el 2012.

El vicepresidente de Promoción y Asignación de Áreas de la ANH, Andrés Bitar, aseguró que en estos contratos no hubo "ni siquiera una actividad exploratoria" y lo paradójico es que este es el mismo número de nuevos contratos petroleros que se lograron adjudicar durante los cuatro años de gobierno del expresidente Iván Duque.

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"Algo como industria estamos haciendo mal si por un lado firmamos en cuatro años 60 contratos, pero en un solo año estamos recibiendo solicitudes determinación de múltiples contratos", aseguró el vicepresidente de la ANH. 

La primera solicitud de terminación de contrato se radicó en el 2012 en la ANH, pero el 2018 fue el año en que las empresas más optaron por esta opción, sumando 13 peticiones ese año. Mientras que en el 2016 y el 2021 se radicaron 11 cada año.

En los meses que van del 2023 sólo se ha presentado una solicitud de terminación de contrato. Todas aún están en estudio en la ANH para determinar si los argumentos de las empresas son válidos para avalar la finalización de los contratos. 

Los 67 contratos representan el 20,3 por ciento de los 330 que la ANH ha entregado a las compañías. De estos, 226 están actualmente en ejecución y en 37 se han suspendido las operaciones por los mismos motivos (11,3 por ciento).

Las cuencas que concentran la mayor cantidad de contratos en trámite de terminación en la ANH son Llanos Orientales (16), Caguán-Putumayo (12) y Valle Medio del Magdalena (9). Entre tanto, las empresas que más se han visto afectadas y han hecho estas solicitudes son Ecopetrol (16), Gran Tierra Energy (8) y Hocol (6).

Estas mismas regiones también concentran la mayoría de los contratos suspendidos. Lidera Caguán-Putumayo (14), la misma zona donde opera Emerald Energy, que hace unos días tuvo que enfrentar la destrucción de sus instalaciones y el secuestro de sus trabajadores.

Luego aparecen los Llanos Orientales (10) y el Valle Medio del Magdalena (6). Las compañías que más han suspendido operaciones son Amerisur (6), Gran Tierra Energy (5) y Parex Resources (4).

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Andrés Bitar aseguró que los problemas de seguridad y conflictividad social no son nuevos, pues han persistido por más de 15 años en el país. Además, que las dificultades de orden público se registran porque en Colombia no se han podido cerrar las brechas sociales en las regiones.

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"Hasta que nosotros no podamos darles oportunidad de empleabilidad y oportunidades de generar riqueza a las comunidades menos favorecidas en el territorio, vamos a tener conflictividad", agregó.

El vicepresidente de la ANH también fue enfático en asegurar que se trabajará por disminuir la dependencia de Colombia en materia de hidrocarburos, pero al mismo tiempo reconoció que los recursos que aporta este sector serán claves para financiar la transición energética en el país.

"No podemos seguir pensando que los hidrocarburos nos van a salvar por el resto de la vida, tenemos que empezar a pensar en otras fuentes de generación de riqueza y empleabilidad, sin querer decir bajo ninguna circunstancia que el día de mañana vamos a apagar el switch del gas y el petróleo", dijo.

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En ese sentido, uno de los propósitos de este Gobierno es promover los más de 300 contratos que hoy están suscritos y garantizar que se van a llevar a buen puerto, ya que, según el viceministro (e) de Energía, Cristián Díaz, por el momento, no se adjudicarán nuevos contratos. Sin embargo, señaló que esto no significa "nunca más nuevos contratos".

“Hay que continuar la exploración porque hay contratos que por diferentes razones no están haciendo actividades de exploración. Lo primero es revisar lo que está y poner a andar todo en la medida de lo posible y lo que ya está andando ver cómo podemos mejorarlo”, agregó el viceministro (e).

Para ello, la ANH tiene disponibles 45.000 millones de pesos anuales para promover estos contratos a través del fortalecimiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el Ministerio de Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y la Dirección Nacional de Consulta Previa.

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Según Bitar, es clave revisar qué se debe hacer para garantizar que las compañías puedan hacer las consultas previas requeridas para contar con las licencias ambientales que les permitan poner en marcha las operaciones. Además de contar con la licencia social, por lo que la ANH se enfocará en que las comunidades puedan entender cómo funciona el sector de los hidrocarburos para poder ejecutar los proyectos.