Quitarle recursos al aseguramiento de la salud tendrá serias consecuencias sobre las personas de más bajos ingresos o vulnerables en el país. Un reciente análisis del centro de estudios económicos Anif indica que no garantizar dicho aseguramiento dejaría en condiciones de indigencia a otras 570.000 personas y en situación de pobreza a no menos de 770.000 colombianos.
"La discusión sobre el presupuesto de la salud, en particular del aseguramiento, es central para asegurar una política social progresiva. No destinar los recursos que se requieren para el reconocimiento de las UPC iría en contravía del interés de todos los colombianos, en particular los más vulnerables", precisa Anif en su análisis, tras señalar que "la pobreza monetaria a nivel nacional podría aumentar en 1,5 puntos porcentuales adicionales y la indigencia en 1,1 puntos porcentuales".
En ese sentido, el centro de estudios hizo un llamado al Legislativo para que, en las discusiones sobre el presupuesto de la Nación del 2023, "se haga un análisis detallado de las necesidades del sector salud y se incluyan los recursos necesarios para financiar el aseguramiento, recursos que, en últimas, son los que soportan la provisión de los medicamentos y la prestación de procedimientos médicos así como la financiación del talento humano en salud".
La preocupación de la Anif y de algunos otros sectores radica en que, en las discusiones del Presupuesto General de la Nación del 2023, el Gobierno ha planteado que, para cubrir las necesidades del aseguramiento de salud de los colombianos y residentes en el país que requieren de atención médica (medicamentos, procedimientos e insumos), se necesita adicionar al presupuesto del sector salud solo 3,8 billones de pesos. Esto, sin tener en cuenta los 1,3 billones necesarios para el programa preventivo y predictivo, que es una cifra bastante menor a la planteada por la anterior istración: 8,1 billones.
"Es una disminución en casi 3 puntos porcentuales" para el próximo año, advierte el centro de estudios. Es decir que las aseguradoras pasarán de recibir 4 billones adicionales a solo contar con una adición de 2,1 billones para cubrir la atención en salud de los pacientes del régimen subsidiado, en el que están las personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza.
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