Polémica por decisión de SIC de frenar temporalmente procesos de protección a consumidores

Demandas que se llevan en la entidad suspenden términos hasta el 10 de junio.

La directora de la SIC, Cielo Rusinque, determinó la suspensión de términos por dos meses Foto: EL TIEMPO

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Rafael Quintero Cerón

EDITOR DE UNIDAD DE DATOS26.04.2024 15:38 Actualizado: 26.04.2024 15:47

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Por considerar que la congestión de expedientes deriva en muy poca eficiencia a la hora de resolver las demandasde protección de derechos de los consumidores que tenía a su cargo, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió suspender por casi dos meses los términos de todos los procesos que adelanta la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales.

Esta oficina es la encargada de llevar a todos los procesos de demandas de los ciudadanos que consideran que sus derechos como consumidores fueron vulnerados. La medida, además, restringe entre el 24 de abril y el 10 de junio la recepción en la SIC de demandas de ese tipo.

En la Delegatura cursaban, entre otros, procesos como los que se derivaron del cierre de las aerolíneas Viva Air y Ultra, que fueron liquidadas con una alta afectación de cientos de s que presentaron demandas en masa. Esto ocasionó, en parte, el colapso y la congestión de esa oficina.

Por eso, la SIC tomó la decisión como parte del llamado ‘plan de descongestión’ lanzado por su directora, Cielo Rusinque, quien reconoció que están “desbordados” por la cantidad de procesos que allí cursan.

Este plan buscará, señala la SIC, “una istración de justicia pronta en aras de garantizar los derechos de los s a un eficaz y oportuno al sistema de istración de justicia asignado a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales en los asuntos de su competencia”.

Por eso, la entidad decidió suspender la recepción, reparto y trámite de todas las actuaciones judiciales que tienen en los despachos, desde el 24 este mes y hasta el 10 de junio e invitó a los ciudadanos a acudir a la justicia ordinaria “para hacer valer sus derechos en materia de consumidor, protección industrial y competencia desleal”.

La medida ha desatado polémica en diferentes sectores, toda vez que hay temor de que haya un alto volumen de llegada de este tipo de procesos a los juzgados ordinarios, lo que podría significará una mayor congestión y la posibilidad de que tambien se pueda ver entorpecido el funcionamiento de la rama judicial.

¿Afecta el derecho a acceder a la justicia?

Expertos consultados por EL TIEMPO dividieron opiniones frente a esta medida. Por un lado mostraron su preocupacIón no solo porque demuestra de que la función jurisdiccional termina por desbordar a las superintendencias, sino porque se coarta el derecho de los ciudadanos al a la istración de justicia.

Pero por otro lado, consideraron que de no tomar medidas la situación va a empeorar y por ello se hace necesario un proceso urgente de reorganización interna que permita devolverle a la SIC la eficiencia en el trámite de las demandas.

“Históricamente se ha sostenido que las Superintendencias pueden ejercer esas funciones porque son más eficaces para llevar los procesos que se les encomiendan. Pero que una ya diga que no puede hacerlo y que necesita cerrar demuestra de tajo que en realidad no es así”, afirmó Maximiliano Rodríguez Fernández, director del Departamento de Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia.

Rodríguez Fernández añadió que no hay antecedentes conocidos y no es aceptable “que un juez, en este caso la SIC, decida de manera autónoma y unilateral evitar que los s y ciudadanos accedan a un foro que ha creado la ley” y comparó el hecho con la congestión que se vive a diario en la justicia ordinaria.

“Imagínese que los jueces dijeran que dejan de trabajar porque tienen mucha carga. Tendrían que cerrar todos los juzgados. Y no hay comparación entre ese volumen de trabajo y la carga de la SIC. Sin embargo, la rama judicial sigue trabajando porque los ciudadanos tienen derecho a acceder a la justicia”, explicó.

Por su parte Álvaro Sarmiento, coordinador del área istrativa de Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, vio con buenos ojos la posibilidad de frenar temporalmente los procesos para lograr una mejor atención a las quejas de los ciudadanos.

"No creo que haya una denegación del derecho a la justicia. Desde el punto de vista istrativo es lógico y razonable que se suspendan los términos si hay un exceso de carga. Se trata de una reorganización interna para poder optimizar el recurso humano de manera que se pueda retomar la eficiencia”, explicó.

Y añadió que de no tomar medidas pronto “va a llegar el momento en el que todo va a colapsar y va a ser imposible istrar las demandas de los ciudadanos”.

El 84 % de las demandas, sin fallo

La Superintendencia, en el texto de la resolución, explica las razones por las que deberá frenarse por dos meses los términos, la recepción y el trámite de todos los procesos de esta Delegatura.

Según la entidad, para el 2023 se recibieron 96.572 demandas de atención al consumidor, lo que represento un 50 por ciento más de lo que se recibió en 2022. De ese total todavía están en trámite, es decir sin fallo final, 81.295, es decir el 84 por ciento del total.

A esa cantidad de expediente se suman 8.222 demandas que se se presentaron en los dos primeros meses de este año. Además de eso, hay 34.342 expedientes que se encuentran en fase de calificación de demanda.

Para el 2023 se recibieron 96.572 demandas de atención al consumidor, lo que represento un 50 por ciento más de lo que se recibió en 2022.

Pero no solo eso. El cierre de las aerolíneas Ultra y Viva Air generó , de acuerdo con la SIC, “un aumento inusual y exponencial del número de demandas recibidas” que es imposible de tramitar con los 62 funcionarios capacitados para hacerlo.

Por estas situaciones “coyunturales”, señala la resolución, “resulta evidente que no se puede brindar la prestación de servicios de istración de justicia a plenitud v en condiciones de normalidad”.

Por ello, determinó que desde el 24 de abril y hasta el 10 de junio se suspenden todos los términos judiciales de las demandas que corren en los despachos, es decir que durante ese lapso no correrán los tiempos que por ley tienen estos procesos para ser falladas, suspendidas o para declarar su caducidad entre otras.

Además de eso, la entidad ya no recibirá, repartirá ni tramitará ninguna demanda de este tipo y ordenó cerrar de forma temporal “los canales presenciales, físicos y virtuales de comunicación (como página web y ventanilla virtual, entre otros), únicamente en relación con los tramites jurisdiccionales”.

Durante la suspensión de sus funciones, el personal de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales estará encargada de realizar labores de “secretaría”, tales como archivar expedientes físicos y digitales, hacer un inventario de procesos y organizar una estrategia que permita distribuir las cargas laborales y avanzar en mecanismos de descongestión, subraya la SIC.

UNIDAD DE DATOS ELTIEMPO

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