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Valorización en la Vía del Mar: La demanda con la cual líderes de Cartagena y Barranquilla piden a Corte Constitucional tumbar cobro del impuesto
El impuesto impactaría a más de 143.000 predios en 10 municipios de los departamentos de Bolívar y Atlántico.
Vía al Mar y Viaducto sobre la ciénaga de la virgen en Cartagena, corredor impactado por el impuesto. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO
PERIODISTAActualizado:
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, junto con el senador Mauricio Gómez y los concejos municipales de Cartagena y Barranquilla, han interpuesto una acción ante la Corte Constitucional para detener el cobro de valorización propuesto por el Instituto Nacional de Vías (Invías) para predios en la Vía del Mar.
La medida afectaría a más de 143.000 predios en 10 municipios de los departamentos de Bolívar y Atlántico, generando gran rechazo entre ciudadanos, gremios y líderes locales.
Impuesto busca financiar obras en la
Vía del Mar y la Circunvalar de la Prosperidad
Vía al Mar entre Cartagena y Barranquilla. Foto:Cortesía Carlos Maury
El cobro de valorización se fundamenta en el artículo 280 de la Ley 2294 de 2023, que establece la contribución nacional de valorización hasta cinco años después del inicio de operación del proyecto. Este impuesto busca financiar obras como la Vía del Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, pero ha sido catalogado como una carga excesiva para los residentes de las áreas afectadas, quienes ya enfrentan altos costos de vida.
El Invías determinó una zona de influencia de 96.311 hectáreas que abarca municipios como Cartagena, Santa Catalina, Barranquilla, Soledad y Malambo, entre otros. En Cartagena, 66.303 predios quedarían sujetos al impuesto, incluyendo residencias, comercios y terrenos agrícolas.
Impacto económico y social
Dumek Turbay, alcalde de Cartagena Foto:Distrito de Cartagena
no se trata de una disputa política ni de una confrontación con el Gobierno nacional. Lo único que buscamos es que la Corte Constitucional garantice los derechos de los ciudadanos, quienes ya enfrentan dificultades económicas
El cobro podría ascender a 2,4 billones de pesos, superando la inversión regional asignada al Atlántico en el presupuesto nacional. Según gremios como Camacol, esta medida no solo encarecería el valor de las viviendas, sino que también afectaría la inversión en el sector de la construcción, un pilar fundamental de la economía local.
El alcalde Turbay expresó su preocupación por los efectos negativos de este gravamen:
“Esto no se trata de una disputa política ni de una confrontación con el Gobierno nacional. Lo único que buscamos es que la Corte Constitucional garantice los derechos de los ciudadanos, quienes ya enfrentan dificultades económicas. Este impuesto añadiría un peso innecesario a los bolsillos de las familias”, afirmó el mandatario.
(Vale la pena leer: La limpieza del Canal Matute en Cartagena: la lucha contra las inundaciones y la falta de educación de comunidades con manejo de basuras)
La contribución atentaría contra principios
constitucionales como la irretroactividad
La Corte Constitucional itió la demanda, lo que permitirá un análisis detallado de la norma. Según los coadyuvantes, la contribución atenta contra principios constitucionales como la irretroactividad, la confianza legítima y la buena fe. Además, se solicitó la suspensión provisional del artículo en cuestión mientras se resuelve el caso.
Turbay y Gómez han convocado a gremios, juntas de acción comunal y colectivos ciudadanos para respaldar la demanda y presionar por una revisión exhaustiva. Este respaldo social podría ser clave para evidenciar el descontento generalizado y reforzar los argumentos contra el cobro.
Zona de impacto en Cartagena llegaría hasta Bocagrande
En Cartagena, la zona de influencia abarca 24.128 hectáreas, incluyendo sectores como Bocagrande, Castillogrande, El Laguito y Manga. Según Invías, los predios beneficiados por la construcción de la vía abarcan principalmente usos habitacionales (51.200), comerciales (10.226) y agrícolas (2.156), conformando el 95% del total.
La demanda presentada no solo busca detener un impuesto considerado injusto, sino también proteger los derechos de miles de familias que podrían ser gravemente afectadas. La isión del caso por parte de la Corte Constitucional abre la puerta a un debate nacional sobre la equidad en la implementación de cargas tributarias y el impacto de estas medidas en las economías locales.
Los próximos meses serán cruciales para determinar si esta acción judicial logrará frenar el cobro de valorización y establecer un precedente sobre la aplicación de impuestos en proyectos de infraestructura a nivel nacional.
(Lo invitamos a leer: ¿Quién es Miguel Polo Rosero, el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, y cuáles son sus retos?)
John Montaño
Corresponsal de EL TIEMPO
Cartagena
En X: @PilotodeCometas
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