Sectores en La Guajira respaldan a gerente especial y proponen acciones urgentes

En un gesto de unidad y compromiso con el desarrollo de La Guajira, diferentes sectores alternativos han dirigido una carta al presidente Gustavo Petro, respaldando la gestión del pediatra Luis Gómez Pimienta, en la gerencia Especial para La Guajira.

Piden, además, su continuidad, pese a su renuncia a la renovación del contrato, la cual atribuyen a dificultades institucionales y políticas.

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Por lo que proponen cuatro líneas de acción sugeridas para transformar la realidad del departamento: una de ellas es, profundizar el papel y competencias de la Gerencia Especial para La Guajira, con mecanismos que le permitan asumir con mayor efectividad las acciones ejecutadas por el Gobierno Nacional en el territorio.

Otra es, la continuidad de Gómez en el cargo con los ajustes propuestos en materia de equipo humano, dotación y autoridad de coordinación intersectorial para que esta entidad cuente con las herramientas de cara a los compromisos para mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento.

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Asimismo, se declaran en estado de movilización permanente y consciente que permita convertir las expresiones organizativas de base comunitaria y social en estructuras articuladas que den construcción a un movimiento social que defienda, a través de múltiples mecanismos democráticos, el espíritu transformador de cada uno de los decretos expedido por el Gobierno Nacional.

Y, desarrollar la estrategia del poder ciudadano a través de la implementación de comités populares para el cambio en aras de convertirse en fuerzas sociales organizadas y articuladas que mejoren la interacción entre las instancias de los Gobiernos Nacional y locales y las bases populares, fortaleciendo la lucha contra la corrupción y la defensa de la vida.

En la carta firmada por los voceros y coadyuvantes de la sentencia T-302 de 2017, Javier Rojas, Matilde López, Guillermina Epiayú, Gladys Pushaina y cerca de 40 personas más, entre líderes sociales, políticos, étnicos, juveniles, campesinos, trabajadores, académicos y ambientales, entre reconocen la buena voluntad del jefe de Estado, expresan su preocupación por la tecnocracia y la burocracia que dilatan la ejecución de acciones clave en el territorio.

La comunicación destaca la participación electoral histórica del pueblo guajiro como muestra de entusiasmo hacia el proyecto liderado por el actual Gobierno. Sin embargo, también subraya la complejidad de los problemas que afectan a La Guajira, describiéndola como el epicentro del choque entre modelos económicos y políticos antagónicos, heredando una crisis multicausal de istraciones anteriores.

Uno de los puntos críticos señalados en la carta es la aparente contradicción en la actuación de la Corte Constitucional. A pesar de reconocer el estado inconstitucional en La Guajira, la misma Corte declara inexequibles los decretos de emergencia económica y social que podrían haber aliviado la crisis humanitaria.

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Este hecho genera preocupación entre los remitentes, quienes abogan por medidas extraordinarias para atender la situación fuera de lo común que enfrenta el departamento.

“El régimen jurídico del país debe facilitar el cumplimiento de los principios constitucionales para la protección de los derechos fundamentales, más aún cuando se trata de un estado de cosas fuera de lo común (“inconstitucional” lo denomina la propia Corte). Al analizar los decretos de emergencia el Alto Tribunal debió tomar en cuenta que no se trata de tomar medidas ordinarias para afrontar situaciones extraordinarias porque no se corresponden”, indica el documento.

Además, se plantea la inquietud sobre la falta de alineación entre las acciones gubernamentales y las necesidades reales del territorio y sus habitantes.

“Ejemplo de ello: la precaria puesta en servicio de las vías terciarias, pozos profundos, jagüeyes, puestos de salud, los grupos extramurales, la distribución del recurso hídrico a través de carrotanques, diseño y construcción de distritos de riego y redes de distribución de agua con base en la implementación de la segunda etapa del proyecto de la represa El Cercado, con estudios técnicos ya validados”, indicaron.

Otro punto de crítica se dirige a ciertos operadores y contratistas que, según la carta, se benefician de manera desmedida a expensas de la población guajira, jugando con la salud, el hambre y los que trafican con el agua. Esta situación, según los remitentes, obstaculiza el progreso real y sostenible que el Gobierno Nacional busca para La Guajira.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha