Paro armado del Eln en Chocó busca asegurar rutas del narcotráfico por el río hacia el Pacífico, dice el Ejército

Las autoridades en Chocó reforzaron su presencia en la subregión del Baudó debido al paro armado decretado por el Eln, desde el mediodía del 2 de mayo hasta las cero horas del lunes 5 de mayo.

De acuerdo con un panfleto dado a conocer por esta guerrilla, se prohíbe cualquier tipo de movilidad sobre el río Baudó y sus afluentes, debido a los enfrentamientos que mantiene este grupo ilegal con el 'Clan del Golfo'.

Al respecto, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, en coordinación con la XV Brigada del Ejército, la Policía, Fuerza Naval del Pacífico y Ministerio Público ordenó el despliegue de los diferentes dispositivos terrestres, fluviales y aéreos para salvaguardar a las comunidades.

Desde el Ejército Nacional enviaron a más 3.600 efectivos de la Séptima División, de la Fuerza Naval del Pacífico y del Comando Aéreo de Combate No.5, quienes están desplegados a lo largo del departamento, especialmente en el área ribereña del Baudó.

"Este constreñimiento a la población civil solo es una demostración de la debilidad de estas estructuras criminales ante la ofensiva de las Fuerzas Militares sostenida en contra de estos ilegales. El accionar delictivo de los integrantes de este Grupo Armado Organizado busca intimidar a la población civil, generar afectaciones a la libre movilidad y desabastecer a la región", afirmó el Ejército.

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El coronel Román Leonardo Fonseca Rodríguez, segundo Comandante de la Décima Quinta Brigada, agregó que lo hecho por el Eln "es una acción criminal para asegurar rutas del narcotráfico por el río hacia el Pacífico. Nada tiene que ver con una causa social o política: es constreñimiento armado a civiles". 

El militar hizo un llamado a la población a no dejarse intimidar. y a denunciar a la Línea 107.

La gobernadora Córdoba Curi, anunció la articulación para el despliegue de ayudas humanitarias y apoyo para las comunidades del Baudó.

De otro lado, la Defensoría del Pueblo indicó que este paro armado generará impactos de carácter humanitario en las poblaciones étnicas del municipio del Alto Baudó, en el departamento del Chocó.

"Serán alrededor de 32.000 personas las afectadas, de 153 comunidades con autoridades étnico-territoriales reconocidas (127 de ellas son indígenas y 26 afrodescendientes)", indicó la entidad.

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Además, también podrán verse perjudicados niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores de las comunidades que habitan en los márgenes del río Baudó y sus afluentes.

"Sus derechos fundamentales a la salud, educación, trabajo, alimentación, entre otros, estarán en riesgo de ser vulnerados por la flagrante violación del derecho constitucional a la libre locomoción", expresó la entidad en un comunicado.