ICBF denuncia penalmente la no entrega de alimentos para niñez desnutrida en La Guajira

Varias denuncias penales contra asociaciones que no cumplieron con la entrega oportuna de alimentos de los niños y niñas en La Guajira, interpusieron el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), así lo dio a conocer la directora general Astrid Cáceres Cárdenas.

“No entregar los alimentos a tiempo en La Guajira significa un delito de lo más grave, por eso hemos denunciado penalmente a aquellas asociaciones que no entregaron la comida”, denunció.

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Las irregularidades identificadas incluyen la no entrega a tiempo de alimentos por parte de las asociaciones y el incumplimiento en el pago a las agentes educativas.

En respuesta, el ICBF ha tomado medidas sancionatorias contra cinco organizaciones, mientras que otros 14 procesos están en curso contra aquellas que no le han cumplido a las comunidades.

Cáceres, explica como ejemplo: que la ración servida no se presentaba en tres tiempos porque salían a la 1:00 pm de la unidad comunitaria de atención y que no servía solamente brindarles comida mientras eran atendidos, sino que se necesita una alimentación integral dentro de los territorios.

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Asimismo, se detectó que había nutricionistas, pero, estas tenían trabajo en muchas partes y nunca llegaban a visitar exactamente a los niños.

La directora general enfatizó que estas medidas son parte de la necesidad de cambiar el modelo de atención en La Guajira, “no estamos siendo efectivos frente a la desnutrición infantil, tal como lo dijo la Contraloría en el informe que presentó sobre el periodo 2018 a 2022”, por lo que pidió a la comunidad que acompañe al instituto en esta transformación del modelo.

“Encontramos que no solo servía los niños comiendo dentro de la unidad comunitaria de atención, necesitamos una alimentación integral dentro de los territorios, eso nos llevó a hacer los cambios”, puntualizó.

Es de señalar, que el vice contralor en funciones de Contralor General, Carlos Mario Zuluaga, entregó la semana anterior, un informe al concluir la actuación intersectorial en seguimiento a las órdenes contenidas en la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional que declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional, con relación al goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, la salud, el agua potable y a la participación de la niñez wayú.

Zuluaga, denunció la falta de articulación entre las entidades, tanto del orden Nacional, como del orden Territorial y las comunidades indígenas, colocando como ejemplo de ello la atención a los niños wayú, en donde se encontró que las entidades gubernamentales desarrollan sus programas y proyectos, pero no comparten sus resultados ni se comunican debidamente.

“Se puso comprobar esta desarticulación en un hecho lamentable: de los 265 niños fallecidos reportados por el Ministerio de Salud, en las vigencias auditadas (2019 a 2022), 95 hacían parte de los programas del ICBF y no fue posible detectar a tiempo su estado de desnutrición”, indicó el vice contralor.

Cambio de modelo para lograr un mejor impacto de atención a la niñez

El nuevo modelo planteado por el ICBF podría enfrentar resistencia al cambio, pero la directora argumenta que es necesario debido a situaciones identificadas, como la entrega no oportuna de raciones de comida y la falta de una alimentación integral en los territorios. Se busca superar estas limitaciones y lograr un impacto más significativo en el bienestar de las niñas y niños guajiros.

La primera fase del cambio de modelo implica una convocatoria que ya está en curso a autoridades ancestrales tradicionales, resguardos y cabildos para trabajar conjuntamente en la zonificación y la forma de operación, para que la atención sea por comunidades y no por niño, ni con el modelo que venía funcionando.

La funcionaria señala que, si el ICBF sigue usando la misma metodología de dispersar recursos por ciclo vital en las rancherías, no va a tener ningún impacto.

“Lo que hemos hecho es unificar los presupuestos de manera que se pueda atender desde la mujer gestante hasta el niño y la niña menor de dieciocho años y no dispersar recursos en programas separados”, afirmó.

El modelo tendrá más personal de trabajo del ICBF en las comunidades indígenas, para hacer acompañamiento y no desde la operación contractual a través de las asociaciones.

Se espera que este piloto crezca y tenga la aceptación, para que luego sea un modelo consensuado con las comunidades por la vía de consulta previa.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha