Guajira: Wayús bloquean operación de Cerrejón tras quedar por fuera de consulta previa

Un día de protesta pacífica en frente de la entrada principal de la mina de Cerrejón completan 200 autoridades tradicionales wayús, quienes se oponen la decisión adoptada por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DAN), al no ser tenidas en cuenta en los procesos de consulta previa para ser compensadas por la multinacional por las afectaciones durante más de 30 años de la actividad minera.

En ese sentido las autoridades tradicionales indígenas rechazan la expedición de la Resolución ST-2031 del 22 de diciembre de 2023 mediante la cual determinaron que no procede la consulta previa con las comunidades indígenas wayús a las que pertenecen, en relación con la consulta derivada de la sentencia T-704 de 2016 de la Corte Constitucional.

Esta decisión surge luego de haber surtido un proceso de revisión de impactos y de existencia de comunidades en el área de influencia de Cerrejón, por lo que en el acto istrativo se identifican algunas comunidades objeto de consulta y define que otras no cumplen con los correspondientes criterios para ser consultadas.

“La DAN en su pronunciamiento hostil desconoce flagrantemente la Sentencia T-704 de 2016, que probó que no solo el pueblo wayú ha sufrido afectaciones e impactos, si no que La Guajira en general sufre por la contaminación de las actividades de explotación de la mina, transporte (línea férrea) y operación del puerto”, indicaron a través de un comunicado.

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Aseguran que luego de varias reclamaciones por parte de las Autoridades Tradicionales a la empresa Cerrejón y a la DAN por la vulneración del derecho fundamental a la consulta previa debido al incumplimiento de la sentencia, se acordó quitarle a Cerrejón la facultad y potestad de determinar cuáles comunidades deberían ser objeto de consulta, ya que está obligada como accionada a cumplir la sentencia.

“Se le exigió a la DAN que asumiera sus funciones legales de manera transparente e imparcial, garantizando nuestros derechos, situación que terminó siendo peor, pues a través de la resolución emitida se evidencio que esta dependencia actuó en favorecimiento de la empresa Cerrejón y en contravía a la ordenado por la honorable corte constitucional en la Sentencia T-704 de 2016”.

Explican que la DAN desconoce el concepto de territorialidad que les permite el uso y tránsito por todo el resguardo de la Alta y Media Guajira, así como la alteración de sus dinámicas tradicionales y del paisaje que llevaron a la desaparición de sus caminos ancestrales con la construcción de la línea férrea.

“Hace muchos años llevamos sufriendo en las épocas de lluvia a raíz de las inundaciones ocasionadas por el terraplén de la línea férrea, nuestras pocas fuentes de agua se encuentran contaminadas, no de ahora, si no desde la entrada del proyecto y han muerto centenares de nuestros animales y de hermanos, primos, sobrinos, tíos, padres y demás familiares atropellados por los vehículos y el tren de la empresa Cerrejón”, puntualizaron.

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Piden además, al ministro del Interior información sobre el número del contrato mediante el cual se le brindó transporte a los profesionales de la DAN para realizar las visitas con la empresa Cerrejón y los perfiles y experiencia de cada funcionario contratado para los ejercicios realizados.

Las autoridades tradicionales adscritas a la ONG de derechos humanos Nación Wayú, han indicado que hicieron uso del recurso de reposición y en subsidio de apelación contra esta Resolución y anunciaron el cierre de manera definitiva de sus territorios ancestrales, lo que podría generar una parálisis de las actividades ferroviarias.

La multinacional Cerrejón rechazó la protesta e invitó a las comunidades a acatar la decisión de la autoridad y a utilizar los recursos que establece el procedimiento legal para oponerse a la misma, si lo consideran procedente.

Así mismo, hizo un llamado a las autoridades competentes para que adelanten los procedimientos a su cargo que permitan poner fin al bloqueo que pone en riesgo el normal funcionamiento de la operación, el de más de 13.000 trabajadores a sus puestos de trabajo y la entrada de insumos y alimentos esenciales.

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“Cerrejón es una empresa abierta al diálogo: muestra de ese compromiso son los más de 337 acuerdos protocolizados con comunidades vecinas y con el acompañamiento del Ministerio del Interior, en el marco de la sentencia T-704, y que han dado como resultado más de 2.100 iniciativas sociales definidas e implementadas por las comunidades”, afirmó Luis Marulanda, vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Cerrejón.

Durante el 2023, se han registro más de 230 bloqueos a las infraestructuras del complejo minero, de las cuales, muchas no tienen relación con la empresa y están relacionadas con temas de servicios públicos, educación, agua, entre otros.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha